GRÁFICO: ¿De qué hablamos cuando decimos “consenso” en torno al aborto?
Ya en 1983 más de la mitad de la población española pensaba que el aborto debía estar despenalizado en todos los casos. Pero nótese que la pregunta se formula en torno al hecho de “despenalizar” lo que hasta entonces había sido entendido como delito y no como derecho. Todavía en ese tiempo primaba la mirada penal sobre la forma de comprender el aborto. Todavía en ese tiempo la producción del discurso en relación al aborto no tenía que ver con la libertad reproductiva de las mujeres, ni a favor de la propia elección.
Poco antes de aprobarse la Ley de Supuestos de 1985, más del 74% de la población pensaba que el aborto debía estar despenalizado en todo caso si el embarazo suponía un riesgo para la salud física o mental de la madre. Había consenso en señalar que era preciso poner por delante la protección de la vida de la mujer en tanto que principal sujeto político responsable al que iba dirigido esta ley.
El avance social impulsado en buena medida por el activismo feminista y la necesidad de equiparar el marco legal al contexto europeo, hicieron cambiar progresivamente el lenguaje y el tipo de preguntas que se hacía en torno a estos temas. Fíjense que en 2012 ya no se habla de despenalizar determinados supuestos, sino de la posibilidad de elegir voluntariamente la interrupción de un embarazo. Ese activismo feminista había conseguido recuperar el pensamiento sobre la vida a través de la defensa de una postura centrada en la libertad reproductiva. La defensa en torno a la vida no se basaba en una individuación biológica, sino en las condiciones sociales que hacían posible la idoneidad de la vida. Eso implicaba dialogar con otras leyes, como la ley de dependencia o la ley contra la violencia de género. La base del pensamiento sobre la vida se hacía sobre el principio de igualdad, y ponía a la mujer en el eje central de su articulación. De alguna manera, se culminaba con un proceso de concienciación social que entendía que las mujeres eran mayores de edad para elegir responsablemente sobre sus vidas, y que había que desarrollar las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio de sus capacidades individuales. Nótese también que el 75% de la población española pensaba que efectivamente, las mujeres embarazadas debían tener ese “derecho a decidir”.
Con una amplia mayoría como la del 75% sorprende que el gobierno del PP pensara que el aborto debía entrar otra vez en la agenda política, pues en 2013, aunque no por una mayoría aplastante, sí era cierto que la ley de plazos contaba con un respaldo mayor que la opción de regularlo mediante una ley de supuestos. Concretamente, un 46% frente a un 41% respectivamente. ¿Quiere esto decir que no había consenso? Es muy probable que la respuesta haya que buscarla más en el tipo de pregunta que se hace a la gente que en el resultado que arrojan las propias respuestas. Nótese que para las preguntas seleccionadas en 2013, la mujer deja de ser el eje central de las mismas. Y en su lugar se interroga sobre si hay preferencia por una ley de plazos frente a una ley de supuestos. El interrogante que divide en torno a la preferencia por una ley u otra viene adscrita sin duda a una predilección partidaria que polariza más. La pregunta por la ley de plazos se vincula con el Gobierno de Zapatero, mientras que no existe esta adscripción ideológica y partidaria tan clara con la ley de supuestos del 85. El propio PP pretendía volver a ella (pasándola por un baño ultraconservador, eso sí).
Probablemente sea esto lo que explique ese salto tan llamativo de una cifra que asciende al 75% de la población que entiende que “la mujer debe tener derecho a decidir libremente si quiere seguir o no con su embarazo”, a sólo un 46% que piensa que el aborto debe ser legal según un sistema de plazos. La libertad reproductiva y la propia elección de la mujer quedan desplazados del eje central de la preguntas y es entonces cuando comienzan a cobrar protagonismo en este tema otra clase de intereses que poco tendrán que ver con las mujeres y sus vidas. Sin embargo, y es necesario insistir, cuando lo que se pregunta tiene que ver con ese derecho de la mujer a decidir, el porcentaje de consenso en torno al sí es nada más y nada menos que del 75% de la población. Esta comprensión sobre el aborto como derecho se ha naturalizado ya en la inmensa mayoría de la sociedad española.
Eso merece una reflexión profunda, especialmente para los políticos. No se puede ir en contra de algo que ya se ha adquirido, que ya es aceptado socialmente y valorado como progreso. Por ello, es importante en relación a esto que algunos políticos tomen conciencia de que afortunadamente estamos ya en el siglo XXI.
