Monarquía o República ¿un debate existente?
En este Quiz hemos querido preguntar a personas con diferentes perspectivas, edades y procedencias sobre si la sociedad española está preparada para afrontar un debate entre Monarquía o República.
Berta Barbet
Politóloga y estudiante de doctorado en la Universidad de Leicester
Existen, creo, dos elementos que deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir si el debate es o no es oportuno. Ambos relacionados con el contexto de desafección política actual pero apuntando cada uno en una dirección distinta.
En primer lugar, en un contexto como este parece interesante replantear el sistema político y la forma como se escogen las élites de este. Evidentemente esta es una discusión que no debe girar solamente alrededor del debate sobre la jefatura del estado, pero puede ser esta una buena forma de empezar. Al fin y al cabo, si el debate existe en la calle, obviarlo solo conseguirá alejar más a los ciudadanos de las instituciones que en principio deberían representarlos. Mostrar una actitud abierta al debate, escuchar las propuestas y dudas de los ciudadanos y responder a las demandas de estos es un imperativo si queremos reconectar a la ciudadanía con las instituciones y sus representantes políticos.
No obstante el contexto incluye también un peligro, y es precisamente que toda la desafección existente se transforme en un debate poco reflexionado y en una voluntad de destruir más que de construir en el camino. Lo hemos visto, por ejemplo, en Irlanda con la votación sobre el senado. Donde el descontento con los grandes partidos junto a cierta falta de información sobre las propuestas, llevó al país a rechazar la eliminación del senado impulsada por la mayoría de partidos. Un debate de este tipo requiere una reflexión profunda sobre las ventajas y desventajas de las distintas opciones. Sin una reflexión pausada, apelando a soluciones fáciles y sin transmitir la información necesaria, el debate pude resultar muy poco productivo y acabar generando más frustración y sensación de lejanía que ninguna otra cosa.
Javier de Lucas
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el Instituto de derechos humanos de la Universitat de València
A mi juicio, cabe plantear la respuesta desde diferentes perspectivas. Al menos estas dos: la primera atañe a la justificación del debate, esto es, si ese debate es necesario o, al menos importante. La segunda a su oportunidad, es decir, si conviene plantearlo ahora, en el momento de la abdicación.
Pero creo que lo más relevante hoy es una consideración de interpretación constitucional. Contra lo que parece asumirse, a mi juicio el rey no tiene una prerrogativa exclusiva y excluyente de abdicar. Por supuesto el rey puede comunicar su voluntad. Faltaría más. Pero es a las Cortes como representación de la soberanía popular a quien corresponde decidir: si, cómo y cuándo. Y a las Cortes corresponde decidir si el príncipe de Asturias, como sucesor, debe ser coronado, cómo y cuando. O si cabe otra opción. Si no fuera así, bastaría con la voluntad del rey y las Cortes no tendrían otra función que ponerse en posición de saludo para entonar el “señor, sí, señor!”. No es así: hay que aprobar una ley. Y la ley no la aprueban ni el rey ni el Gobierno, sino las Cortes. Ergo las Cortes pueden decidir, por ejemplo, si realizan una consulta popular sobre una decisión política de gran trascendencia, que estaría amparada por el artículo 92 CE78.
Dicho esto, a mi juicio, plantear aqui y ahora el debate monarquía/república no es sólo importante, sino necesario y oportuno. Si fuera irrelevante, como sostienen los monárquicos y los criptomonárquicos disfrazados de “republicanos de principio”, no se entiende la obsesión y el esfuerzo desplegado por aplazarlo -si no prohibirlo- como sea. Es importante porque hay muy serias dudas de que la monarquía de los borbones pueda cumplir las funciones que son su única justificación, en la España de hoy y menos en la de mañana por la mañana, por el descrédito que ha ganado a pulso: el intento de estar por encima de la ley y de la justicia, su vinculación a prácticas de corrupción, a la utilización privada de lo público, la prepotencia de quien no conoce otro status que el privilegio, su incapacidad para mediar en la cuestión territorial, sus vínculos con dictadores fundamentalistas, su distancia de los ciudadanos, y la incapacidad para ponerse del lado de los más vulnerables salvo desde una perspectiva bienintencionada pero inequívocamente paternalista, aconsejan pensar en una alternativa. Es el momento oportuno para hacerlo. El rey ha despejado el camino. Aprovechemos para consultar si los ciudadanos que son el soberano, el pueblo soberano, prefieren probar la alternativa.
Jorge Galindo
Investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra
Creo que el debate ya nos lo estamos planteando, así que ahora lo importante debería ser situar los ejes para el mismo. Para empezar deberíamos dejar claro si está sobre la mesa solo la forma de elección del Jefe del Estado o también su poder y competencias, así como otros aspectos de nuestro modelo de país. Las personas, partidos y grupos más insistentes en la demanda de una república también lo son en otras reformas más o menos profundas, particularmente desde sectores de izquierda.
Esto hace que la república sea más una opción de identidad política que una propuesta con capacidad de generar consenso, por lo que aunque el debate exista es muy difícil que una mayoría se articule a favor de la reforma: siempre se temerá que sea un cambio solo para unos pocos, y que se abran demasiados frentes. En tal caso, lo ideal sería mover la discusión hacia el dilema entre la estabilidad y el aparente apartidismo que proporciona un Jefe de Estado no electo, y la legitimidad que en cambio ofrece uno elegido por sufragio universal. Pongamos que deseamos es una Jefatura con poco poder real y alta capacidad unificadora y queremos evitar a toda costa el sesgo partidista. Asumamos además que un monarca tendrá menor legitimidad a priori y, a pesar de todo, una serie de preferencias políticas personales. Quizás deberíamos considerar un modelo de república con Jefe de Estado electo pero de manera indirecta por el Parlamento, incrementando así la probabilidad de consenso. Y hacer de tal opción, así como de las contrapartidas (elección directa, mantener la monarquía), un programa político más transversal, destinado a conseguir mayorías con capacidad de cambiar algo y no solo ondear las banderas de nuestros padres.
Alberto López Basaguren
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco
Es motivo de satisfacción que el deseo de sustitución de la Monarquía por la República aflore de forma normalizada. Es una advertencia a la Monarquía de que debe ganarse el consenso del pueblo.
Varios elementos, sin embargo, me producen resistencia intelectual o preocupación política.
- En una Monarquía parlamentaria no estamos ante una alternativa entre Monarquía y democracia, como se nos dice. Es un insulto a la inteligencia. Muchos de los países europeos más sólida y prolongadamente democráticos lo son.
- A juzgar por lo que se dice, parece como si estuviésemos en una Monarquía absoluta. Las funciones del Rey son simbólicas y el poder político corresponde a las instituciones representativas. ¿Debe concentrar la izquierda sus energías políticas en derrotar a un poder simbólico, como es el caso del Rey?
- El referéndum sobre Monarquía-República solo cabe en el seno del procedimiento de reforma de la Constitución -art. 1 y Título II-. Las generaciones que no la votaron, ¿no están vinculadas por ella y sus procedimientos? ¿Quiere situarse esa izquierda fuera de la legalidad? La seducción por la acción política de eco insurreccional es una peligrosa irresponsabilidad en la que la izquierda se ha quemado ya muchas veces.
- Nos lamentamos de nuestra trágica historia constitucional, que se debe a nuestra incapacidad de crear Constituciones integradoras; es decir, de consenso. ¿No es la Monarquía parlamentaria un elemento aceptable de una Constitución de consenso, mientras cumpla suficientemente sus funciones? ¿Hay un consenso posible, alternativo, en torno a la República? ¿Está dispuesta esa izquierda a romper el consenso mientras la alternativa no tenga suficiente consistencia para serlo?
Un sistema político solvente garantiza estabilidad política en democracia. Muchas afirmaciones que se están haciendo en pro de la República son desasosegantes. Especialmente a la vista de la historia de la República.
Máriam Martínez-Bascuñán
Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
La respuesta a esta pregunta sólo se me ocurre formulando esa misma cuestión en negativo: ¿por qué no debería plantearse España este debate? ¿A qué tenemos miedo? El temor sólo paraliza, decía Maquiavelo. A estas alturas deberíamos saber que la irrupción de lo inesperado abre la posibilidad de actuar. Y que eso no es ni bueno ni malo; eso es política. Allí donde hay oportunidad para la iniciativa y la acción, hay política, lejos de cualquier sentimiento nostálgico de una situación que ya no es posible recuperar. El único modo de expresión de la libertad es la acción política. Por tanto, hay que actuar.
Si es cierto que cada generación es independiente de la precedente, también lo es que cada momento fundacional tiene que intercalar generaciones. Eso implica un ejercicio necesario de reconocimiento por parte de las nuevas, y otro de apertura y autocrítica que provenga de las más veteranas. Muchas de las voces más relevantes del momento hablan del consenso de la Transición producido en gran medida porque había un proyecto de país. Muy probablemente la crisis subyacente al resto de crisis que estamos padeciendo tiene que ver con una crisis de definición de país. Para saber a dónde vamos primero debemos saber qué queremos ser. Para responder a esta pregunta sólo vale la apertura de espacios públicos e institucionales de deliberación y participación.
Todo lo nuevo desestabiliza. Pero lo viejo también cuando da signos de decadencia. Por eso el argumento de la estabilidad es falaz. La estabilidad en estos momentos sólo se garantiza introduciendo nuevas leyes y nuevas instituciones que sirvan como cimientos a una comunidad libre y segura. En ese sentido, las reglas del juego democrático ofrecen al menos dos posibilidades. La vía del Referendum ad hoc, o la apertura de un proceso constituyente donde los partidos políticos presenten su opción por Monarquía Parlamentaria o República. Ejecutaría entonces el Parlamento en conformidad con lo que hubiesen dicho las urnas.
Edgar Rovira
Edgar Rovira Politólogo, editor de Agenda Pública
En mi opinión la situación política y económica que estamos viviendo no nos ayuda a la hora de plantearnos este debate.
Por un lado tenemos un escenario que parece idóneo para llevar a cabo un cambio en la elección del jefe de gobierno: la valoración de la monarquía no para de caer, la demanda de reformas políticas se ha hecho evidente tanto en las encuestas como en las múltiples movilizaciones ciudadanas, y el resultado de las elecciones europeas puso de relieve la debilidad de los dos grandes partidos y el auge de formaciones que defienden abiertamente un cambio en el sistema de gobierno como son Podemos, IU, o ERC.
Por otro lado, algunos datos nos invitan a ser cautelosos. En primer lugar, porque a pesar de la enorme importancia de la figura del Rey, es probable que los ciudadanos no veamos la reforma de la jefatura de Estado como una prioridad. Según el CIS, solo un 0,2% de los encuestados citan a la Monarquía como una de sus principales preocupaciones. En segundo lugar, porque no es tan evidente que, como se ha repetido en muchas ocasiones, un relevo generacional no sea capaz de mejorar la imagen de la institución. Una encuesta publicada el pasado enero por El Mundo indicaba que un 56,6% cree que Felipe VI podrá recuperar el prestigio de la Casa Real, por un 32,6% que opina lo contrario. Y en tercer lugar, porque el bipartidismo, aunque mermado, no sólo mantiene la mayoría del Congreso, factor clave a la hora de plantear cualquier reforma, sino que con su posicionamiento parece representar bastante bien la opinión de sus votantes. Y es que en la misma encuesta de El Mundo vemos que tanto los votantes del PP (73,9%) como los del PSOE (58,5%) están a favor de que el cambio mejorará la imagen.
Argelia Queralt
Doctora en Derecho y profesora lectora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona y editora de Agenda Pública
El Rey ha anunciado que abdica; esta es una decisión de enorme trascendencia política. No tanto por el poder efectivo del monarca, que debe recordarse que por mandato constitucional es nulo, sino porque supone otra ruptura con la cultura de transición democrática. La monarquía y el Rey Juan Carlos fueron aceptados en un momento histórico complejísimo del estado español; sin embargo, de igual forma que tocaría renovar legitimidades respecto de otros “pactos de convivencia” recogidos en la Constitución, hubiera sido este un buen momento para valorar el respaldo, apego, consideración del pueblo español de la monarquía. La ciudadanía española ha cumplido ya su mayoría de edad democrática, no necesita ser tutelada. Necesita de transparencia y de información, y, por tanto, también de debates rigurosos que no se centren en el mero slogan y el cruce polarizado de opiniones. No debe olvidarse, es cierto, que la Corona ha sido un tema tabú durante muchos años: se han vetado las críticas humorísticas al rey y a su familia (no olvidemos la condena al Jueves por la portada del Príncipe Felipe y su esposa o como esta misma publicación esta misma semana “cambiaba su portada”). Sin embargo, no debemos, no deben olvidar que la Corona, la Jefatura del Estado es una institución al servicio de la ciudadanía y que como tal está sujeta al escrutinio público y, por supuesto, a su crítica.
Desde el lunes día 2 se nos ha dicho que el debate monarquía/república no es prioritario, que en realidad es sólo una manera de mostrar el hartazgo generalizado con un sistema que hace aguas, que no sabemos realmente cuales serían las consecuencias, en fin, justificaciones varias y variadas que magnifican – dramatizan- no el cambio de sistema, sino el propio debate. El PP y el PSOE no acertaron sobre lo que iba a significar para ellos las elecciones europeas: un toque de atención muy serio al bipartidismo, quizá el principio de su fin, y en este escenario, con una legitimidad cada vez más erosionada por una desconexión con el pueblo cada vez mayor, deciden solventar la abdicación del rey y sus sucesión a través de un proceso falto de debate previo y falto de debate parlamentario (recordemos que el procedimiento de aprobación de la ley orgánica de abdicación ¡va a ser exprés!). Una vez más, se acalla la voluntad popular de hablar de los temas que le conciernen y se sustrae del debate público de una cuestión de evidente trascendencia política… una vez más…
