Adelante Andalucía reedita en su programa las 24 leyes que Susana Díaz rechazó en esta legislatura
La coalición Adelante Andalucía ha reciclado en su programa electoral las 24 leyes que Podemos e IU ya presentaron esta legislatura en el Parlamento y que fueron rechazadas por la mayoría conformada por PSOE y Ciudadanos. La confluencia de izquierdas recupera ahora estas leyes con el compromiso de impulsarlas en los primeros dos años de mandato, si llegan a gobernar.
Se trata de un objetivo ambicioso puesto que en esta última legislatura, que ha durado tres años y medio, el Gobierno socialista de Susana Díaz ha sacado adelante 22 leyes (incluidas las tres de Presupuestos autonómicos). En el mandato anterior, también de tres años, la Junta aprobó 15 leyes, y entonces el PSOE cogobernaba con IU. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, defiende que las cifras de las dos últimas legislaturas “son las que representan una anomalía”, y ha recordado que el récord legislativo de un mandato han sido 38 leyes aprobadas por el Parlamento. Esto, sin embargo, ha ocurrido cuando el PSOE gobernaba con mayoría absoluta y no tenía que pactar cada medida con las fuerzas de la oposición, como sucedió durante el mandato anterior con IU, y en este último con Ciudadanos.
Entre las 24 leyes propuestas por Adelante Andalucía hay algunas especialmente significativas, bien porque Podemos la usó como bandera “contra la corrupción que impera en la Junta” -caso de la ley de Cuentas Claras y Abiertas-, bien porque IU la presentó como herramienta para cambiar el modelo productivo andaluz, como es el caso de la ley de Banca Pública. También aparece el blindaje del gasto público en educación, sanidad y servicios sociales; una ley integral de Agricultura; de lucha contra la pobreza energética; de atención temprana o de protección animal, todas ellas rechazadas en el Parlamento a lo largo de la última legislatura.
La recuperación de todas estas leyes en el programa de Adelante Andalucía parece anclar a la coalición de izquierdas en los mismos planteamientos que vienen defendiendo Podemos e IU frente al PSOE de Susana Díaz. Cualquier atisbo de negociación postelectoral entre ellos volverá a pasar por los mismos debates sectoriales que ya mantuvieron este mandato, siempre con un resultado negativo para los partidos de Teresa Rodríguez y Maíllo, que han visto reiteradamente cómo los socialistas vetaban sus proyectos, amparados en la mayoría que les otorgaba Ciudadanos.
Rodríguez y Maíllo no han planteado este cuerpo legislativo como una “línea roja” para un hipotético acuerdo con el PSOE, pero sí dejan claro que estas medidas “son el producto y la reivindicación de la sociedad civil”. Algunos de los aspectos que recogen estas leyes estaban recogidas en las demandas que Podemos exigió a Susana Díaz en 2015 a cambio de apoyar su investidura, pero no de forma tan explícita. Las líneas rojas de Rodríguez entonces quedaron resumidas a tres conceptos muy claros: la tolerancia cero con la corrupción (que pasaba por la dimisión inmediata de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE, y el reintegro del dinero defraudado; reducir los altos cargos nombrados a dedo en la Administración pública y eliminar los convenios de la Junta de Andalucía con los bancos que promoviesen desahucios.
Cuentas claras y Banca Pública
La ley de Cuentas Claras buscaba mayor transparencia en el uso y movimientos de fondos públicos de la Administración. No sólo fue una de las primeras leyes propuestas por Podemos rechazadas por la Cámara, sino que al principio de la legislatura el Consejo de Gobierno bloqueó su tramitación parlamentaria, argumentando que si llegase a aprobarse una propuesta de ley de la oposición -no prevista por la Junta- “implicaría un gasto sobrevenido en el presupuesto autonómico y una caída en los ingresos que obligaría a la Administración andaluza a recortar de otras partidas ya consignadas”. Fue el arranque de la legislatura, cuando la oposición aún creía que podía condicionar la acción de Gobierno desde el Parlamento, y el PSOE usaba resortes técnicos para esquivar ese control, porque todavía no estaba asentada su relación con Cs.
La ley de banca pública fue el último proyecto legislativo que aprobó el Consejo de Gobierno de la octava legislatura, cuando existía un cogobierno PSOE-IU. De hecho, era un proyecto de la coalición de izquierdas que los socialistas aceptaron a regañadientes, hasta que se rompió la coalición y el Ejecutivo de Susana Díaz lo metió en un cajón. En la siguiente legislatura, ya con cinco diputados, IU volvió a llevar al Parlamento el mismo proyecto de ley que meses atrás habían pactado con el PSOE, pero esta vez fue rechazado con los votos de los socialistas, de Cs y del PP. Díaz vetó la propuesta de crear una banca pública esgrimiendo un informe del Banco de España que cuestionaba partes sustanciales del texto e instaba a modificar algunos artículos. Maíllo se mostró dispuesto a revisar el texto legal durante la tramitación parlamentaria, pero el veto del resto de partidos impidió que ésta empezase.
IU quería entonces y quiere ahora (desde Adelante Andalucía) “un instrumento financiero público que permita cambiar el modelo productivo andaluz, que inyecte capital (a través de los 1.500 millones de fondos reembolsables de la Junta) a pymes, autónomos y cooperativas agrarias, y que a la larga cuente con ficha bancaria para operar en los mercados financieros igual que un banco tradicional, permitiendo los depósitos privados”. La propuesta viene recogida tal cual en el programa de Adelante Andalucía, aunque la cifra de partida se ha rebajado a 800 millones. Los socialistas siempre rechazaron que la banca pública andaluza fuera a tener ficha bancaria, lo máximo que defendieron fue la creación de un ente público de crédito andaluz que, “en ningún caso, sería equiparable al Santander o al BBVA.
Adelante Andalucía aún no ha hecho público su programa electoral íntegro, a falta de dos días para que arranque la campaña para los comicios del 2 de diciembre. La líder de Podemos y candidata de la confluencia, Teresa Rodríguez, ha presentado este martes junto a Maíllo la lista de 24 leyes que defenderá su formación. También aparece la creación de la oficina anticorrupción -una medida que el PSOE pactó con Cs, pero no llegó a aprobar-; la reforma legal de la Cámara de Cuentas; la ley de gobierno en funciones; o la reforma del reglamento del Parlamento para poner fin a los “sobresueldos y dietas” de los diputados (IU se desmarcó de esta medida en la Cámara).
La coalición de izquierdas también recupera el blindaje de la educación, la sanidad y los servicios sociales públicos, con un suelo de gasto fijo en los Presupuestos Autonómicos, una propuesta que ya pactaron con el PSOE y con el PP dentro del acuerdo de financiación autonómica, que nunca llegó a materializarse. Otras de las medidas recicladas son la ley de emergencia habitacional y contra la pobreza energética; la ley de igualdad retributiva de las empleadas públicas; la de atención temprana; la de derechos de la infancia y la ley integral de agricultura, otra norma que desarrollaron juntos PSOE e IU cuando gobernaban juntos, y que luego heredó Cs con un texto muy diferente.
Entre las propuestas también está la ley de protección animal, una de las últimas que peleó Podemos en este mandato (y fue rechazada), y una ley para reformar la RTVA, para hacerla “más plural e independiente”.
