Griñán argumenta que la Cámara de Cuentas andaluza no puso en diez años “tacha ni reproche” a las ayudas de los ERE
José Antonio Griñán ha eludido cualquier tipo de responsabilidad en el caso de los ERE que provocó su salida de la Presidencia de la Junta en 2013 y ha salido bastante bien parado (ha reconocido a la salida de la Audiencia haberse sentido “cómodo”) de su larga jornada de miércoles ante el tribunal, cuyo presidente apenas ha hecho una cuestión muy concreta sobre su supuesto conocimiento del sistema de ayudas usado por la Junta durante una década.
El expresidente andaluz ha remarcado que la Cámara de Cuentas de la comunidad autónoma no puso “tacha ni reproche” al sistema de concesión de ayudas sociolaborales del que durante diez años se sirvió la Junta y ha puesto en el tejado de la Consejería de Empleo, como ya hizo ante el Tribunal Supremo hace tres años, las decisiones de cómo se gestionaba el programa presupuestario del que bebían las ayudas.
Griñán ha asegurado que no conoció “a qué empresas se dieron las ayudas porque forman parte de un crédito presupuestario que la Consejería de Hacienda no tenía por qué conocer”. Y ha ido más allá al defender que la Cámara de Cuentas de Andalucía, encargada de velar por la fiscalización de la gestión económica de los fondos públicos, “no hizo ningún reproche ni al programa ni a las transferencias de financiación” durante los diez en que supuestamente se pudo haber quebrantado la legalidad.
Como ya insistió durante la primera parte del interrogatorio a preguntas del fiscal anticorrupción, Griñán ha insistido en que la Consejería de Hacienda no tenía entre sus cometidos conocer o corregir cómo gestionaba los gastos el departamento de Empleo, asegurando que “nunca” mantuvo encuentro alguno con el director general de Trabajo, Javier Guerrero. Respecto a una posible reunión entre su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, y el interventor general, Manuel Gómez, acerca del uso de las transferencias de financiación, ha señalado que “si existió, no se me comunicó”.
Respecto a si en el seno de la Junta se solicitó a un despacho de abogados para que analizara si se estaban concediendo ayudas “al margen de cualquier procedimiento”, ha dicho que ya comentó en el Supremo que le parecía “absolutamente inadecuado que una cuestión de carácter jurídico” se le trasladara a un bufete externo y que “nunca debió solicitarse porque para eso estaba el gabinete jurídico de la Junta”, defendiendo que, cuando estalló el caso, “se remitieron al juzgado cuando se revisaron expedientes” en los que podía haberse cometido alguna irregularidad.
“No había malversación”
Abundando en su papel como consejero ha dicho que “el crédito presupuestario no determina nunca el gasto, es un principio fundamental”, aludiendo a “una mala ejecución del gasto” y no a la inconveniencia de la figura de la transferencia de financiación, y defendiendo “en el convencimiento de que la encomienda de gestión” se puso en marcha para hacer “más favorable” el control de los gastos. “Es la Cámara de Cuentas la que tiene que fiscalizar y en ningún ejercicio, ni en el 1 ni en el 2 ni en el 3 ni en el 4” etc “ha hecho tacha alguna del programa 31L ni de las transferencias de financiación”, ha enfatizado. El programa 31L “no ha pasado nunca del 0,3%” dentro de los presupuestos de la Junta, ha dicho a preguntas de su abogado.
Griñán ha sido preguntado si quería hacer alguna aclaración a lo manifestado en el Supremo. “Que no había malversación”, ha añadido el expresidente andaluz, que a la salida de la Audiencia de Sevilla, junto a Manuel Chaves, ha apuntado en la misma línea que “eso ya lo dijo el Supremo” pese a que acusado posteriormente por el juez Martín en Sevilla en mayo de 2016. Ninguna pregunta al respecto por parte del presidente del tribunal antes de darse por concluido el interrogatorio.
También ha insistido en varios momentos de la jornada en que “la preocupación” que había en la Junta, y en el resto de España con la llegada de la crisis, eran “los déficit presupuestarios en sanidad”. También ha defendido que como consejero de Economía y Hacienda informaba en el Parlamento en una “doble función”, del presupuesto de su departamento y también de la evolvente financiera.
Su abogado, José María Mohedano, ha dado lectura de varios pasajes del que fuera interventor general, Manuel Gómez, en la comisión de investigación parlamentaria de 2012, insistiendo en que no tuvo conocimiento de ningún informe en el que se le pidiera una actuación por su parte (“creo que nunca”), defendiendo al tiempo la labor de Gómez: “Creo que don Manolo Gómez es una persona rigurosa”, ha dicho Griñán. “Nunca hicieron tacha ni reproche alguno al programa 31L. El control externo tampoco hubo reproches, mucho menos tacha de ilegalidad”, ha recordado en referencia a la Cámara de Cuentas.
El Consejo “no conoció” la gestión del gasto
El expresidente andaluz también ha hecho hincapié en que, cuando era consejero, en 2005 se aumentaron los medios personales para el control financiero por parte de la Intervención General, estableciéndose un seguimiento trimestral para que los consejeros estuvieran al tanto de la evolución económica de sus empresas públicas, “una medida de fortalecimiento” que dio resultado en cuanto a una mayor control económico de los gastos.
La última pregunta de la maratoniana jornada de interrogatorio a Griñán le ha correspondido al presidente del tribunal, más benévolo que con el exconsejero Fernández el día anterior. En concreto se le ha cuestionado si era cierto el planteamiento reiterado en el juicio por el propio Fernández de que el seno del Consejo de Gobierno era “sabedor” de que a partir de 2004 del funcionamiento del sistema, a través de las modificaciones presupuestarias que se fueron aprobando desde que se conocían las transferencias de financiación de Empleo al IFA, con dos consejerías implicadas.
A ese respecto, Griñán ha dicho que “el Consejo de Gobierno reconoce que es un crédito, que se transfieren recursos” y que el IFA es el que “se hace cargo del pago”, pero cómo se gestiona el gasto “no lo conoce el Consejo ni ninguno de los otros consejeros ni el presidente de la Junta”. Trascendía, según ha explicado, “claramente definido el importe, también a lo que se destina y el órgano gestor”.
