El PSOE asume que habrá elecciones anticipadas en Andalucía este otoño
El PSOE de Susana Díaz asume por primera vez públicamente que la legislatura está finiquitada y que habrá elecciones en Andalucía antes de que acabe el año. Lo ha verbalizado este miércoles el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, atribuyendo la autoría del adelanto a quienes han sido sus socios de legislatura durante los tres últimos años. “Ciudadanos se ha convertido en un factor de inestabilidad y aboca a la comunidad autónoma andaluza a unas elecciones anticipadas”, concluye Jiménez.
El relato del anticipo electoral está ya dibujado y no es nuevo. El socio de Gobierno como factor repentino de inestabilidad es el mismo argumento que ya esgrimió Susana Díaz en 2015 cuando rompió por sorpresa su pacto con IU y convocó elecciones un año antes de lo previsto. En esta ocasión, los socialistas acusan a Ciudadanos de haber cambiado de registro en los últimos tres meses por necesidades políticas de su líder nacional, Albert Rivera, que percibe con miedo la recuperación del PP de Pablo Casado como partido hegemónico de la derecha. Rivera se encontraba hoy en Córdoba, desde donde ha avalado el ultimátum de 48 horas que su grupo en Andalucía le ha dado a Susana Díaz para que cumpla las medidas pendientes en el acuerdo de investidura suscrito al principio de la legislatura. “Si el Gobierno andaluz ha decidido no cumplir el acuerdo, no tener palabra, mentir y abandonar a los andaluces, con nosotros no va a contar”, sostiene el presidente del partido naranja.
Ciudadanos ha articulado su discurso de ruptura en torno al incumplimiento de dos medidas concretas del pacto con el PSOE, relativas al bloque de regeneración democrática: la eliminación de los aforamientos (la inmunidad jurídica de los diputados) y la reforma de la Ley Electoral andaluza (en realidad el pacto plantea que un grupo de trabajo en la Cámara aborde dicha reforma, algo que sí se ha cumplido). En cambio, el primer punto sí está literalmente recogido en el acuerdo de 69 medidas, sin embargo, acabar con los aforamientos exige una reforma del Estatuto de Autonomía, y eso requiere la convocatoria de un referéndum y la posterior aprobación por parte del Congreso de los Diputados. Aunque se agotase la legislatura, no hay tiempo material para aprobarlo en los siete meses que restan de mandato, por eso Díaz cree que es una excusa para avalar la ruptura y precipitar el adelanto electoral.
El PSOE ni siquiera quiere iniciar la tramitación parlamentaria de esta medida, porque cree que debe abordarse en el conjunto del Estado, para que no haya asimetrías entre comunidades. Esta misma tesis la defendía Ciudadanos en Andalucía hace un año, cuando la dirección nacional impuso la eliminación de los aforamientos en Murcia como condición para sostener el Gobierno regional del PP. Entonces el grupo andaluz dijo que el debate debía abordarse en las Cortes Generales. “Cuando se piden imposibles, se impide que las cosas puedan funcionar. Cs ha decidido, en una estrategia que ha ido creciendo, convertirse en un factor de inestabilidad por razones que tienen que ver con los intereses particulares de su líder. Y Andalucía no va a ser el campo de batalla de las derechas”, advierte el portavoz socialista.
Ciudadanos celebrará el viernes en Málaga un Comité Ejecutivo Nacional, al que el portavoz andaluz del grupo, Juan Marín, llevará un informe sobre el nivel de cumplimiento del acuerdo de legislatura con el PSOE, y hará una propuesta a la dirección nacional. Es la escenificación de una ruptura que los socialistas ya dan por hecho y vinculan directamente con el adelanto de las elecciones. Sin Ciudadanos como aliado en el Parlamento, el Ejecutivo de Susana Díaz difícilmente podrá sacar adelante los Presupuestos del año que viene, aunque esto no preocupa especialmente al PSOE, que ya ha mostrado sentirse cómodo con la posibilidad de prorrogar las cuentas actuales. Más problema puede haber en los dos próximos plenos de la Cámara previstos para este mes de septiembre.
La semana que viene el Parlamento abordará, a petición del PP, la creación de una comisión de investigación sobre el uso irregular de una tarjeta de crédito de la extinta agencia de empleo Faffe en un prostíbulo de Sevilla (un asunto que investiga también un juzgado de Sevilla). Todos los partidos, excepto el PSOE, respaldan esta iniciativa, aunque los socialistas han retirado este miércoles in extremis su criterio en contra, al verse solos frente al consenso del resto de fuerzas. El siguiente pleno, previsto para el 26 y 27 de septiembre, entrará previsiblemente el debate final para la aprobación de la reforma de la Ley de Igualdad, un proyecto significativamente importante para Susana Díaz (y para el resto de grupos, que han consensuado los cambios).
Cabe suponer que la presidenta andaluza no disolverá el Parlamento antes de esta fecha, con objetivo de que dicha ley no decaiga, toda vez que la norma cuenta, a priori, con un respaldo mayoritario en la Cámara. A partir de ahí, el plazo preceptivo de 54 días desde la convocatoria de elecciones hasta el día de los comicios puede situar la cita con las urnas a finales del mes de noviembre, como apuntan algunas fuentes socialistas. Sólo falta por fijar la fecha.
La presidenta de la Junta ha respondido hoy a Rivera, insistiendo en que la decisión de convocar elecciones en Andalucía se tomará aquí, y no vendrá condicionada ni impulsada desde Madrid o Barcelona. El resto de formaciones -PP, Podemos e IU- asisten a este escenario de disputa entre PSOE y Ciudadanos con mucho escepticismo, argumentan que es un “teatro” montado para justificar el adelanto electoral, y se preparan para una inminente campaña.
