El Parlamento andaluz estudia si el líder de Vox puede compatibilizar su escaño con su bufete de abogados
El Parlamento de Andalucía analizará el próximo miércoles dos documentos que acaba de recibir de manos del líder regional de Vox, el diputado Francisco Serrano. Uno es la solicitud, a través de la Cámara legislativa, para que el Gobierno de PP y Ciudadanos le proporcione “una lista detallada con nombres y apellidos” de los funcionarios que evalúan los casos de violencia de género. Vox quiere “depurar los informes ideológicos”. “La finalidad de esta petición no es otra que saber quiénes de estos trabajadores están realmente cualificados para atender a las mujeres víctimas de malos tratos y quiénes son meros agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar y promocionar la industria del género”, explica la formación ultraderechista.
El otro documento son las alegaciones que Serrano presentó la semana pasada ante la Comisión del Estatuto de los Diputados para rebatir la supuesta incompatibilidad de su escaño con la actividad privada que desempeña: el diputado de Vox dirige un despacho de abogados (Serrano Abogados) especializado en litigios de pareja y en custodia de menores, y que litiga con especial beligerancia contra las leyes de igualdad y lucha contra la violencia machista. “Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, dice Serrano, para explicar por qué ha pedido los nombres y apellidos de los trabajadores de la Junta que evalúan los casos de malos tratos a mujeres.
Los letrados del Parlamento deben analizar si estos dos roles son compatibles, es decir, si Serrano cumple lo dispuesto en la Ley Electoral andaluza. Si la Comisión del Estatuto de los Diputados determina que la actividad como abogado de Serrano o la mera propiedad de su despacho es incompatible con su función de parlamentario, el Pleno de la Cámara le dará ocho días de plazo “para optar entre el escaño y el cargo incompatible”, según el artículo 17.3 del reglamento. “Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño” y la Mesa se lo comunicará a la Junta Electoral “a los efectos de que se expida la credencial de quien deba sustituirlo”.
La Comisión del Estatuto de los Diputados, cuyas reuniones tienen carácter reservado, advirtió la semana pasada la posible incompatibilidad de ocho de los 12 parlamentarios de Vox (todos abogados), tras revisar su declaración de actividades, bienes e intereses. En total hay 17 diputados en la Cámara obligados a presentar alegaciones al informe previo de los letrados: ocho de Vox, cinco de Ciudadanos (incluido el consejero de Educación, Javier Imbroda, que posee un 20% de acciones de la sociedad AMS Centro Médico El Ejercicio; dos del PP; uno del PSOE y uno de Adelante Andalucía.
El régimen de incompatibilidad en la Ley Electoral andaluza es de los más exigentes del país, más incluso que el Senado y el Congreso. El diputado del PP Toni Martín ha sido advertido aquí por poseer el 16% de acciones de una empresa familiar que, sin embargo, no le supuso ningún problema en la legislatura pasada cuando era senador, porque el listón de la Cámara Alta es inferior al que establece la ley andaluza para los diputados autonómicos. Sus señorías deben ejercer “en régimen de dedicación absoluta” y su mandato es “incompatible con el desempeño de actividades privadas”, en particular las relacionadas con la “gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera organismos o empresas del sector público respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos”, según el artículo 6.5 de la ley.
La posible incompatibilidad del escaño de Serrano con su despacho de abogados no está tanto en los asuntos que trata -los litigios contra las políticos contra la violencia de género- sino en que la Ley Electoral impide cobrar un sueldo del Parlamento y otra remuneración por actividad privada. El diputado de Vox ha pedido la compatibilidad alegando que dedicará a su despacho de abogados “una tarde a la semana sin recibir ninguna remuneración privada”.
“Juez y parte”
El que fuera candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las pasadas elecciones andaluzas, Francisco Serrano, es ahora presidente de su grupo parlamentario y ejerce como abogado de familia en su despacho. La vida política y profesional de este diputado comparten objetivos. En los mítines de Vox, Serrano defiende lo mismo que en su despacho de abogados: la protección de los derechos de los padres y maridos frente a lo que él considera “una ideología supremacista de género” que discrimina positivamente a las mujeres. Vox quiere derogar las leyes de igualdad y lucha contra la violencia machista, aprobadas la pasada legislatura en el Parlamento andaluz con amplio consenso del resto de fuerzas políticas.
La semana pasada Serrano hizo dos cosas en el Parlamento andaluz, aprovechando su condición de diputado: el miércoles presentó en el registro de la Cámara un escrito pidiendo a la presidenta de esta institución, Marta Bosquet, una lista detallada de los nombres y apellidos de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, los equipos psicosociales de la Junta que elaboran los informes sobre mujeres maltratadas para los juzgados de Familia y los equipos de Menores. Esos informes sirven luego como atenuante en los tribunales y también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a las víctimas de agresión por parte de sus parejas. El viernes, Serrano presentó sus alegaciones a la Cámara legislativa para poder compatibilizar su condición de diputado con el trabajo que desempeña en su despacho de abogados.
El PSOE y Adelante Andalucía (Podemos-IU) acusan al diputado de Vox de ser “juez y parte” en este asunto y de utilizar los mecanismos de control parlamentario a su alcance para batallar contra las leyes de igualdad, no sólo política y electoralmente, sino desde un despacho de abogados “donde defiende los derechos particulares de sus clientes y cobra por ello”. La Mesa de la Cámara debe calificar esta semana la solicitud de Serrano en relación al personal funcionario de las unidades contra la violencia de género. Y la comisión del Estatuto del Diputado estudiará, el mismo día, los informes de los letrados de la Cámara sobre la incompatibilidad de Serrano para ser diputado.
De modo que en dos órganos paralelos del Parlamento andaluz se decidirá sobre el mismo asunto, que tiene dos lecturas: la incompatibilidad en términos legales y la incompatibilidad en términos políticos (ésta última más difícil de dirimir por el gabinete jurídico del Parlamento). La cuestión que quieren trasladar tanto PSOE como Adelante Andalucía es si Serrano puede servirse de su condición de diputado para acceder a información personal de funcionarios que trabajan en un ámbito profesional -la lucha contra violencia de género- que toca de lleno los asuntos que se dirimen en su despacho de abogados. Y si el diputado de Vox está usando los mecanismos de la función pública para intereses personales, políticos y profesionales, relacionados con sus clientes, pero también con la campaña electoral de su líder nacional, Santiago Abascal, de cara a las generales del 28 de abril.
Nombres de cargos del PSOE
“La Mesa decidirá si se admite o si se corrige la petición de Vox”, dice la presidenta del Parlamento. Serrano se ampara en el artículo 7 del reglamento de la Cámara, que establece que los diputados “pueden recabar datos, información y documentación de administraciones públicas pero teniendo siempre presente que no se puede conculcar la garantía de la protección de datos de carácter personal”. Los expertos en la Ley de Protección de Datos consultados por eldiario.es/andalucía admiten que Serrano, como miembro del Parlamento, tiene más facilidad para acceder a los datos personales de funcionarios del Gobierno andaluz. Pero advierten de que la identidad de los trabajadores de las unidades contra la violencia de género se le proporcionaría “anonimizada”, es decir, se le entregarían los cargos y el currículum, pero no sus nombres y apellidos.
A eso se refiere también la presidenta del Parlamento cuando adelanta que la petición de Vox puede “corregirse”. Ya lo hizo la Mesa de la Cámara durante el primer Pleno ordinario, cuando el grupo ultraderechista registró una pregunta dirigida al consejero de Economía, Rogelio Velasco, sobre la renovación de seis altos cargos de su departamento que ya trabajaban para el anterior Gobierno del PSOE. Vox puso los nombres y apellidos de esas seis personas, y la Mesa le corrigió la formulación de la pregunta, retirando sus datos personales y dejando simplemente los cargos que ocupan. “Se le comunicó que no procedía y en ese momento se corrigió la iniciativa”, recuerda Bosquet, como ejemplo de lo que podría ocurrir con la solicitud de Serrano.
La secretaria general del PSOE andaluz y líder de la oposición, Susana Díaz, les acusa abiertamente de hacer “listas negras, purgas y caza de brujas entre los trabajadores públicos que evalúan la violencia de género”. Todo el PSOE, incluido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha lanzado en tromba con este argumentario tanto contra Vox, como contra el Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, que ha respondido con un perfil bajo a la polémica suscitada. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha subrayado que “no habrá pasos atrás” en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.
Serrano es magistrado en excedencia de los juzgados de familia de Sevilla. Los tribunales le condenaron por prevaricación y le apartaron de la carrera judicial por ampliar el régimen de visitas del padre de un menor para que pudiera ir a una procesión de Semana Santa. El juez recurrió la sentencia y fue posteriormente rehabilitado.
