El sector se rebela contra el decreto que permite privatizar las televisiones y radios municipales en Andalucía

Colectivos profesionales, sindicatos y facultades de comunicación, entre otros, se han levantado contra el recién aprobado Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía que, entre otras, modifica la Ley del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), quitándole competencias, y La Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía no hace ni dos años, y curiosamente con una negociación y un consenso del que ha carecido la nueva norma que ha entrado por la puerta de atrás en el Parlamento de Andalucía en plena crisis del coronavirus.

Con el aviso de la mayoría de oposición de que recurrirá dicho decreto en el Tribunal Constitucional, el CCA ya ha encargado un informe a sus servicios jurídicos y espera tenerlo para un reunión telemática la próxima semana. Su presidente, Antonio Checa, es cauto a la hora de pronunciarse sobre los cambios que se avecinan para el sector y la reducción de competencias para el consejo, “a la espera de dicho informe”, y reconoce que “es un tema complejo y que afecta mucho a la profesión”.

En general, en el sector se critica la improvisación y la ruptura del consenso con unas medidas que ni se han discutido en la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA), y que creen que tendrá “devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática”. Este sentir se recoge en un comunicado firmado por una veintena de entidades, entre las que se incluyen la Federación de Sindicatos de Periodistas, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión, la Red Estatal de Medios Comunitarios, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y todas las facultades de comunicación y asociaciones de la prensa de la comunidad autónoma. Exigen la “paralización” del decreto por razones que se pueden resumir en los siguientes cinco puntos más conflictivos.

Menos públicas

El primero es que abre las puertas a la privatización de las radios y televisiones municipales. El Gobierno PP-Ciudadanos se apoya en indicaciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para directamente eliminar “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local”, que es lo que textualmente dice el decreto.

En estos momentos, de las 287 concesiones otorgadas a administraciones locales en Andalucía, casi la mitad no se mantiene vigente. De las 141 que sí lo están, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas económicos, y desde el Gobierno de Andalucía se defiende que con estos cambios se posibilitará que estén operativas, pero la pregunta es ¿a qué precio?

Menos control de la publicidad

Otra decisión es que se “elimina la prohibición de difundir o contratar” publicidad con “servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante”, o esa, que se podrá hacer con emisoras no legales. El decreto lo justifica porque esta exigencia resultaba “desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía”. Pero ¿cómo se pone coto a las emisiones piratas que precisamente merman la capacidad de ingresos por publicidad de las legales?

Menos profesionalización

Otro cambio va directo a restar profesionalización. Y lo hace variando una palabra: favorecer en lugar de garantizar. De este modo, la Ley Audiovisual de Andalucía reza en su artículo 37 que una de las obligaciones de estos medios de comunicación es “garantizar la realización por profesionales de la información de los servicios informativos, cuya producción y edición no podrá ser externalizada”. El nuevo decreto cambia ese “garantizar” por “favorecer”, cuyo menor grado de compromiso es obvio, y por supuesto elimina el veto a la externalización porque como ya se ha indicado, abre las puertas a la privatización de estos contenidos. ¿Cómo se lucha contra el intrusismo?, se pregunta el sector.

Menos control de los contenidos

Otra de las modificaciones introducidas es que el decreto elimina el informe preceptivo del CAA que necesitaban las empresas para gestionar estos servicios, en los casos en los que los consistorios optaban por una prestación indirecta, igual que tampoco tendrán que contar con domicilio social en el territorio. “El decreto degrada el papel del CAA prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público”, rechazan los profesionales del sector.

Menos identidad territorial

El quinto punto de conflicto es que contribuye a diluir la labor de estos medios de comunicación en la construcción de la identidad del territorio, obligación recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde literalmente se dice que “promoverán la cultura” y “el reconocimiento y uso de la modalidad lingüística” de esta tierra. Pero ¿cómo se garantiza si se permite que desembarquen empresas sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas?, plantean.

“Esta particularidad permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero”, expresan los firmantes del comunicado.

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, con Beatriz Navarrete como decana, creen que esta reforma “tiene difícil encaje” en el Estatuto de Autonomía y que “vendrá a precarizar todavía más el sector al desentenderse la administración local de la observación de criterios básicos para la prestación, como la profesionalización, especialmente en los contenidos informativos, y el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas”.

Recuerda que hay sentencias, la más reciente del pasado mes de enero del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, que condenan la cesión íntegra de la gestión de una emisora de titularidad municipal “por entender que la concesión del espectro radioelectrónico es un bien intransmisible que solo puede ser gestionado directamente”. La norma aprobada en Andalucía, pues, entraría en colisión con decisiones de la justicia. Pero sobre todo, el colegio considera que el cambio “hará mucho más difícil la lucha contra la ocupación ilegal del dominio público radioeléctrico”.

Manuel Chaparro, investigador principal del Laboratorio de Comunicación y Cultura de la Universidad de Málaga, destaca que la información en torno a la situación actual es muy opaca. De todas maneras, han elaborado un mapa de las emisoras municipales que ya han sido externalizadas. En Andalucía son 29, con Málaga a la cabeza, con ocho. Le siguen Almería, Granada y Huelva con cuatro cada una; Córdoba y Jaén, con tres; Sevilla con dos; y Cádiz, con una. Por partidos, destaca que la mitad de estos municipios (14) tienen alcalde del PP, otros tantos, del PSOE, y hay uno independiente.

Con el nuevo decreto en la mano tienen vía libre para seguir con este modelo, que en realidad es posible según el Estatuto de Autonomía porque textualmente dice que “se podrán otorgar a entidades y corporaciones públicas y a los particulares concesiones administrativas para la gestión indirecta del servicio público de radiotelevisión”.