El caso Palmeras: la investigación judicial que aún persigue a Gabriel Amat

El pasado 6 de octubre, el ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró un Pleno cuyo mayor interés político estaba en un turno de ruegos y preguntas, para el que los partidos habían reservado su munición. Todos apuntaron a Gabriel Amat, el alcalde de Roquetas, a cuenta del informe de la UDEF que apunta que el ayuntamiento adjudicó 62 obras a Grupo Halsa y que técnicos y políticos recibieron generosas comisiones a cambio. Amat se revolvió: “Si no estoy investigado, ¿qué voy a hablar de todo lo que ustedes me han dicho?”. “¿Qué voy a decir, si no tengo nada que ver… ahora mismo?”, preguntó luego.

Después, recordó algunos de los casos en los que se vertieron sospechas sobre él y no llegaron a nada: La Fabriquilla, el Centro Comercial Gran Plaza, la llamada “trama Amat”, el auditorio… Investigaciones policiales y judiciales que han sido archivadas. “¿Me han pedido perdón? No. Ni lo espero. Ni me hace falta”, lanzó Amat, que no pierde ocasión para presentarse como víctima de una persecución injusta.

Amat tenía razón en que el juzgado de instrucción 3 de Almería, que investiga el Caso Halsa, no le ha imputado, al menos por ahora. Sin embargo, hay una causa abierta en la que sí ha sido imputado. El llamado caso Palmeras parte de una investigación iniciada en 2016, aún por concluir, según confirman fuentes judiciales a este medio. Fuentes cercanas al caso señalan que el 12 de noviembre deberán declarar un investigado y dos testigos.

El juzgado de instrucción 4 de Roquetas investiga el presunto trato de favor dado por Gabriel Amat a la empresa de su yerno, dedicada a labores de jardinería y mantenimiento. El fiscal denunció que el ayuntamiento había adjudicado cinco contratos a Jarquil Verde, S.L, apuntando posibles irregularidades en cuatro de los cinco expedientes. Entre otros encargos, el consistorio pidió a Jarquil Verde que realizara un inventario de los árboles del municipio. Uno de los elementos valorados por el ayuntamiento para elegir a Jarquil Verde antes que una oferta mejor en precio y plazo es que ofrecía localizar las palmeras por GPS.

El primer contrato, por invitación

Jarquil Verde fue fundada por José Zapata, también miembro de su consejo de administración. Zapata es yerno de Amat. La empresa fue invitada a participar en su primer concurso público cuatro meses después haber sido constituida y lo ganó. Esta primera adjudicación se hizo por procedimiento negociado sin publicidad, dado que el presupuesto máximo estaba por debajo de 30.050 euros. La empresa del yerno de Amat se hizo con el contrato por 29.700 euros, al límite de la legalidad.

Aunque en este tipo de adjudicaciones se requiere que la administración invite al menos a tres licitantes, en el expediente solo consta la oferta de otra empresa. La tercera propuesta, de Urbaser, se menciona pero no consta, según denunció el fiscal. Curiosamente, a partir de este concurso Jarquil Verde logró otras cuatro adjudicaciones en menos de dos años integrando una Unión Temporal de Empresas con Urbaser.

Expedientes sin informes de baremación o con puntuaciones “injustificadas”

En agosto de 2008, el ayuntamiento adjudicó la creación de un jardín botánico urbano a la UTE Jarquil-Urbaser por 204.509,84 euros. Tanto en precio como en tiempo de ejecución había otra oferta (Argar Construcciones y Servicios) que había logrado la máxima puntuación posible (75 puntos), por 55,31 de la UTE.

Sin embargo, esta se hizo con la adjudicación gracias al apartado de mejoras, “mediante la concesión del máximo de puntos de forma injustificada”, según el fiscal. En este tercer apartado, “subjetivo y variable”, la empresa del yerno de Amat logró 25 sobre 25 puntos posibles. Argar obtuvo peor puntuación que otras ofertas que no cuantificaban mejoras y al final perdió la licitación por 1,81 puntos. El informe técnico de valoración no identificaba al autor.

Después de la adjudicación, el ayuntamiento aprobó pagar 40.714 euros más a la UTE, justo en el límite legal del 20% para las modificaciones de contrato. El fiscal señaló que “llama la atención” que se pagaran 21.500 euros extra para retirar tierra vegetal cuando el proyecto original ya contemplaba ese aporte.

Al expediente de la tercera adjudicación le faltaban los informes de baremación. Sin embargo, quedó constancia de que había una oferta por el mismo plazo de ejecución e inferior precio y otra por idéntico precio y plazo, “sin que resulte posible conocer las razones” que motivaron la elección de la oferta de la UTE Urbaser-Jarquil, según el fiscal.

En la cuarta adjudicación, la UTE Jarquil-Urbaser fue también la más valorada en el apartado “mejoras”, nuevamente “de carácter subjetivo y variable”, según el fiscal, que resalta que no se explica por qué se otorga la máxima puntuación a la UTE. Una vez logrado el contrato, la UTE no cumplió lo cumplió, dejando sin ejecutar 35.000 euros de los 103.000 euros de las mejoras previstas sin que conste que se penalizara a la empresa, según el fiscal.  

Amat declaró como investigado

Fiscalía denunció en su día que de estas cuatro adjudicaciones se desprenden “ciertas irregularidades” que “podrían haber tenido como finalidad la adjudicación a dicha empresa de los diferentes contratos públicos en detrimento de las otras empresas ofertantes y del erario público”.

A diferencia de otros procedimientos, apuntó a la participación de Amat en presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y actividad prohibida a funcionario público, “habida cuenta de la relación personal y mercantil existente” entre Amat y Zapata, que han compartido otros negocios como el concesionario Surponiente, hoy dirigido por la hija de Amat, y en su día investigado por venderle cuatro coches al ayuntamiento. La Audiencia Provincial confirmó en enero el archivo de esta investigación.

La investigación del caso Palmeras va lenta. El Equipo Contra el Crimen Organizado de la UCO de la Guardia Civil remitió su informe al juzgado en febrero de 2019, y a la vista de aquel documento, el fiscal pidió que Amat, Zapata (el yerno), tres técnicos y el secretario general del ayuntamiento declarasen como investigados, y otras diez personas lo hicieran como testigos. El ayuntamiento de Roquetas ha declinado valorar la situación del procedimiento, a pesar de que afecta a varios de sus trabajadores, al alcalde y, presuntamente, a su patrimonio.

Fiscalía también pidió que se recabaran las propuestas “perdedoras”, que no constaban en los expedientes, así como un nuevo informe a la UCO sobre las relaciones personales y profesionales de los investigados y su situación patrimonial, y otro a la Intervención General del Estado.

Amat ya declaró como investigado el 24 de octubre de 2019, según informó EFE, pero no se conoce el contenido de su declaración y del resto de diligencias. Izquierda Unida, que llevó el asunto a Fiscalía a comienzos de 2016, quedó fuera del procedimiento al no abonar la fianza de 6000 euros que le exigió el juzgado. IU ha denunciado el riesgo de que prescriban los presuntos delitos, que habrían sido cometidos entre 2008 y 2010.