La jueza imputa a la consejera de Agricultura de Andalucía en el caso de las presuntas mordidas del PP de Almería

El juzgado que investiga el caso Hispano Almería, en el que se investiga el presunto amaño de concursos públicos a cambio de mordidas en Roquetas de Mar, La Mojonera o la Diputación de Almería, ha llamado a declarar como investigada a Carmen Crespo, actual consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. La imputación de Crespo se produce por su participación como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente en la gestión de subvenciones en La Mojonera, según reflejó un informe de la UDEF incorporado a la causa en septiembre de 2020.

El auto del juzgado de instrucción 3 de Almería, adelantado por El País y al que este medio ha tenido acceso, cita como investigadas a Crespo y otras 19 personas, algunas de las cuales ya habían sido citadas con anterioridad en la causa. Es el caso, por ejemplo, de José Cara, exalcalde de La Mojonera, ya previamente imputado, y designado en su día presidente del Instituto Andaluz de Agricultura, un cargo en el que era dependiente de Crespo. Fue cesado en enero de 2021.

En el caso de Crespo, la comparecencia está prevista para el próximo 8 de abril, a las 11.30 de la mañana. Sin embargo, es poco probable que ocurra, ya que Crespo está aforada por su condición de consejera ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Museo de la Agricultura en La Mojonera

La jueza Ana María Vico investiga la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales públicos, de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias, de malversación, de negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y de organización y grupo criminal en varios municipios gobernados por el PP en la provincia de Almería.

Cuenta para ello con un extenso informe en el que la UDEF documentó la existencia de recibís de los que se deducía la existencia comisiones ilegales pagadas por la constructora Hispano Almería a técnicos municipales y cargos políticos del PP de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vícar, La Mojonera y Diputación de Almería. Según los investigadores, parte de esas mordidas se destinaron a financiar campañas electorales del PP de Almería, liderado por entonces por Gabriel Amat, también alcalde de Roquetas de Mar. Sin embargo, Amat no ha sido nunca llamado a declarar como investigado. Este es un caso que ha avanzado muy lentamente desde que arrancara, hace más de ocho años.

En el informe de la UDEF se desgrana, entre muchos otros, el expediente para la construcción del “Museo de la Agricultura”, financiada a cargo del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Según los investigadores, Crespo (por entonces presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, en su calidad de alcaldesa de Adra) presentó un escrito en 2008 remitiendo la solicitud de ayuda y la memoria justificativa del proyecto “Estrategia de Turismo sostenible para la comarca del Poniente Almeriense”.

Como parte de esa estrategia, que contaba con un presupuesto total de 3,4 millones de euros, se contemplaba un Museo de la Agricultura, que fue finalmente incluido en el Plan de Acción un año después. Su coste: 500.000 euros, de los cuales se subvencionaban 343.000 (el 68,7%).

En 2011 se inicia el expediente para la contratación de obras, adjudicadas en mayo de 2012 a una UTE en la que estaba Hispano Almería. Sin embargo, la UTE no presentó la documentación necesaria, y acabó perdiendo la adjudicación. Siete meses después, el auditor de cuentas revisa la cuenta justificativa de las subvenciones de este proyecto, y le pone reparos. Señala, en concreto, “pagos que no ha podido comprobar”. Además, el expediente de la contratación de obras también fue censurado por el interventor, pese a lo cual el alcalde (José Cara) aprobó la contratación por el procedimiento negociado sin publicidad.

Crespo había dejado de ser alcaldesa de Adra en diciembre de 2011, cuando fue nombrada delegada del Gobierno.

Pacto PP-Ciudadanos: “Separación inmediata” de cargos públicos imputados

La imputación de Crespo choca con su condición de aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que es el órgano que podría llamarla a declarar. Sin embargo, tiene el potencial para abrir una vía de agua en la coalición de gobierno PP-Ciudadanos.

Los estatutos de los populares recogen, en su artículo 22, que cuando el partido sepa que un “afiliado” ha sido llamado a declarar como investigado, el Comité de Derechos y Garantías abrirá un expediente informativo, que se transformará en disciplinario si se abre juicio oral. Solo en los “casos de delitos flagrantes de corrupción”, el comité “a la vista de la gravedad de los hechos podrá determinar la suspensión de funciones o de afiliación”.

Sin embargo, el pacto de gobierno PP-Ciudadanos es mucho más estricto, y dispone como segunda medida la “tolerancia cero con la corrupción”: “Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”.