La investigación de la presunta caja B del PP de Almería lleva ocho años atascada en un juzgado de instrucción

El extraño episodio de la imputación y desimputación exprés de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, es solo el último de una larga ristra de situaciones que han lastrado la investigación judicial por el supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra en varios municipios almerienses gobernados por el PP. Por momentos, la instrucción de este caso ha parecido un asunto diabólico, al menos desde el punto de vista procesal: inhibiciones, recursos, demoras, decenas de miles de folios o la entrega de expedientes incompletos han ido obstaculizando durante años una instrucción que amenaza con llegar a una década.

La investigación arrancó a finales de 2013, cuando un trabajador de la constructora Hispano Almería (HALSA) dijo haber encontrado en un contenedor de basura cientos de documentos que registraban, recibís incluidos, los pagos de la caja B de su antigua empresa. Nació entonces el llamado Caso Halsa, también conocido como Operación Terminus.

Un juzgado de Almería asumió la investigación, que había llegado procedente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el año 2014, tras una denuncia formulada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).

Seis años después, en el verano de 2020, la UDEF entregó al juzgado un pormenorizado informe que concluye que las mordidas alimentaron a múltiples técnicos y políticos de municipios almerienses gobernados por el PP, y también las campañas y gastos electorales del PP provincial.

Era el punto de inflexión: llegó entonces el momento de tomar declaración a todas esas personas, señaladas con nombre y apellidos por la Policía. El pasado mes de octubre, la jueza empezó a oír a los investigados, casi ocho años después de empezar la instrucción.

Inhibiciones, piezas separadas y un nuevo fiscal

Hasta ahora, en esta investigación todo parece avanzar con mucha dificultad. Las normas procesales, que deberían facilitar que la investigación discurra suave y ordenada, han sido aquí objeto de un uso estruendoso, cuando no disonante: ni los jueces estaban de acuerdo en a quién correspondía seguir investigando, y han querido pasarse la patata caliente.

Así, en septiembre de 2020, la jueza Ana María Vico, titular del juzgado de instrucción 3 de Almería, troceó el caso y quiso inhibirse siete años después de asumir la investigación. La derivó entonces a los juzgados de El Ejido y Roquetas de Mar, aplicando –con el apoyo del fiscal– un criterio contrario al que habían mantenido el juzgado y la Fiscalía hasta entonces. Pero los jueces de esas plazas rechazaron la competencia y la Audiencia Provincial puso orden: la investigación se quedaba en Almería.

Sí se admitió, en cambio, el troceado de la investigación, que quedó así: una pieza principal para los presuntos delitos cometidos en las administraciones bajo jurisdicción de la ciudad de Almería (Diputación Provincial, Níjar, Félix, Carboneras, Vícar); una pieza separada para los hechos de Roquetas de Mar; y otra para la investigación de los hechos ocurridos en La Mojonera.

Aún troceado, el procedimiento, de tan complejo, contiene en sí mismo todo un tratado de derecho procesal penal. Hay inhibiciones, piezas separadas, piezas subsidiarias, imputaciones y desimputaciones, aforamientos... Se ha declarado la complejidad de la causa y ha habido quejas al Consejo General del Poder Judicial porque la jueza, según esa queja, no aplicaba los criterios establecidos para este tipo de casos de corrupción.

“Con esta complejidad procesal es por donde se escapan. Habrá delitos que habrán prescrito, y hay que tener en cuenta las alegaciones que en su día se puedan hacer por las demoras judiciales indebidas”, lamentan desde la acusación de AMAyT, que, sin embargo, observa un renovado interés en impulsar la investigación. Prueba de ello serían la sustitución del fiscal ordinario por el fiscal delegado anticorrupción (que depende únicamente de la Fiscalía Anticorrupción) y el reforzamiento del juzgado con un juez de apoyo y dos funcionarios.

Y, pese a todo, pasados ocho años desde que comenzara la investigación por unos hechos que se remontan hasta el año 2001, esta sigue aún lejos de cerrarse. Hay declaraciones previstas hasta abril y no es previsible que pueda señalarse fecha de juicio antes de 2023.

Medio centenar de tomos y decenas de investigados

De la complejidad de desenmarañar este asunto da cuenta un dato: pese a que faltan por practicarse casi todas las declaraciones y bastantes pruebas documentales, los sumarios suponen 52 tomos y más de 36.000 folios. Son 40 tomos comunes, nueve de la pieza principal, dos de la de Roquetas y uno de La Mojonera. Y aún falta documentación por incorporar.

AMAyT, personada como acusación particular, ha pedido en varias ocasiones la intervención de los ayuntamientos investigados, ya que la propia UDEF advirtió de que había recibido expedientes incompletos. Además, la jueza acaba de pedir a la Agencia Tributaria la información fiscal de los investigados de 2000 a 2010, todos sus movimientos de cuentas y las cuentas anuales de las empresas investigadas. También ha pedido que se realicen pruebas caligráficas. Hace unos meses solicitó también que le remitan copia de los expedientes judiciales completos de viejos asuntos judiciales (archivados) de la presunta corrupción en el PP de Roquetas de Mar.

Además de las declaraciones como investigados –la figura que sustituya al 'imputado'– en la pieza de La Mojonera de veinte personas (incluida Carmen Crespo, cuya convocatoria ha sido anulada), la jueza ha avanzado recientemente en la instrucción de la pieza de Roquetas. Ha citado como investigados a Guillermo Lago, secretario del Ayuntamiento de Roquetas, Luis Ortega, exinterventor, y a la concejal de Hacienda y Contratación, Teresa Fernández, esposa a su vez del exalcalde de La Mojonera investigado.

Amat, aparentemente ajeno a la investigación

Al secretario Guillermo Lago se le considera la mano derecha del alcalde de Roquetas de Mar y expresidente de la Diputación de Almería Gabriel Amat. También fue Amat quien se llevó consigo al interventor Ortega (ahora investigado) cuando fue nombrado presidente de la Diputación de Almería.

Muchos piensan que todos los caminos conducen a Amat que, a diferencia del exalcalde de La Mojonera, no está imputado: Amat es alcalde de Roquetas, y era el presidente de la Diputación y el máximo responsable local y provincial del PP. “No cita a Amat, que está en todas las mesas, ha dictado resoluciones de alcaldía adjudicando obras, y es el presidente de la Junta de Gobierno que aprobó adjudicaciones de obras. No puede ser un olvido”, opinan en AMAyT. El PSOE pidió su imputación “como máximo responsable a nivel provincial y local del Partido Popular, así como por su condición de alcalde e interviniente en la adjudicación de todas las obras y expedientes analizados por la Policía Judicial [en Roquetas de Mar]”.

Sin embargo, la investigación de las presuntas mordidas en municipios gobernados por el PP almeriense sigue avanzando ajena, aparentemente, al hombre que todo controlaba en el PP almeriense.