Un juzgado de Almería tumba el intento del dirigente del PP Gabriel Amat de acallar a un denunciante de corrupción

Un juzgado ha desestimado el intento de Gabriel Amat, presidente del PP almeriense y alcalde de Roquetas de Mar, para que un juzgado penal condene a un denunciante de corrupción por escribir sobre él.

Amat pretendía silenciar las publicaciones de Luis Montoya, que desde hace años denuncia la corrupción local en su blog personal, utilizando una medida cautelar genérica previamente dictada a su favor por un juzgado de primera instancia. La medida ordenaba a Montoya que se abstuviera de realizar y difundir publicaciones que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de Gabriel Amat.

Amat se valió de esta medida cautelar para denunciar ante la Fiscalía a Montoya por, supuestamente, desobedecerla, ya que Montoya había seguido publicando material sobre él. La Fiscalía llevó el asunto al juzgado penal y acusó a Montoya de un delito de desobediencia. Sin embargo, después de un proceso que ha durado cuatro años, el juzgado de lo penal 1 de Almería lo ha absuelto con un argumento: no contravino la medida cautelar del juzgado, porque esta no era una “orden directa, concreta y precisa susceptible de ser vulnerada”, sino una resolución “vacía de contenido”. “La falta de una orden directa, concreta y precisa, susceptible de ser vulnerada imposibilita apreciar el elemento subjetivo de este tipo de injusto, que no es otro que el ánimo de desatender dicha resolución judicial”, señala la jueza.

El juzgado razona que la medida cautelar repite en realidad un deber genérico que tienen todos los ciudadanos: no vulnerar el derecho al honor y a la propia imagen de los demás, protegido en la Constitución y el Código Penal. Lo que no vale, razona la jueza, es sustituir la prueba de las supuestas injurias o calumnias por la pretendida vulneración de una medida cautelar genérica.

La jueza explica que, si no fuera así, estaría vulnerando el derecho a la presunción de inocencia del acusado, situándole en la indefensión. El propio delito de desobediencia exige que la resistencia suponga el incumplimiento reiterado de una orden expresa, terminante, clara y personal. No es el caso. No se puede condenar a Montoya por una desobediencia, menos aún si no se ha probado que las nuevas publicaciones traídas a juicio vulneren ningún derecho.

“Entendían que cualquier cosa que se escribiera sobre Amat atentaba contra su honor. Sorprendentemente, esto ha llegado a juicio”, explica Salvador Benítez, abogado de Luis Montoya.

Amat ha declinado valorar la sentencia que absuelve a Montoya.

Un largo historial

Desde hace años, Luis Montoya viene publicando en su blog Wikiluis, la red corrupta, abundante material sobre procesos penales de corrupción en Almería, algunos de los cuales afectan a Gabriel Amat. Montoya, hace muchos años vinculado al PP, es también colaborador de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, que ha impulsado diversas investigaciones al mandatario popular o al PP almeriense, entre ellas el caso Hispano Almería, en el que la Policía emitió hace seis meses varios informes que dan por hecha la presunta financiación irregular del partido en la provincia.

En 2017, Montoya y AMAyT denunciaron a Amat por presunta corrupción urbanística por la concesión de licencias para construir en la zona de La Fabriquilla, en Roquetas de Mar. Amat, que lleva años bajo el foco de la justicia pero no ha sido condenado nunca, se querelló. Y aunque la querella penal se archivó, interpuso posteriormente una demanda civil contra Montoya por vulneración de su derecho al honor.

Esa demanda civil, en la que el político reclamaba 40.000 euros de indemnización, fue estimada finalmente a favor de Amat. El Tribunal Supremo ratificó en septiembre la condena a Luis Montoya a indemnizar con 5.000 euros a Amat, por llamarle “terrorista, mafioso, delincuente, canalla, sinvergüenza, golfo, cacique” y acusarle, entre otras cosas, de “pertenecer a una banda criminal”. En ese mismo procedimiento se dictó en 2017 la medida cautelar de la que quería servirse Amat para que ahora se condenara penalmente a Montoya por un delito de desobediencia. Aunque la denuncia fue interpuesta por la Fiscalía, Amat se personó como acusación particular.

Amat pidió que no difundiera publicaciones “de ningún tipo”

En su día, el dirigente popular incluso pidió al juez civil que, mientras durara el procedimiento, se prohibiera a Montoya realizar y difundir publicaciones “de ningún tipo y por ningún medio” relativas a él. El juez entendió que una prohibición así conculcaría los derechos a la libertad de expresión e información de Montoya, pero estimó parcialmente la petición de Amat, ordenando a Montoya que no publicara contenido que atentara contra el derecho al honor del político.

“Ya dije en su día que esa resolución era arbitraria y genérica. Si alguien denuncia injurias y calumnias por algo a priori protegido por el derecho a opinar sobre un político, no puede caer la carga de la prueba en el denunciado. Tendrá que aportar prueba el que denuncia las injurias”, comenta Montoya: “Van en contra de alguien que lo único que ha hecho es contar la verdad. Nada más”.

Montoya también fue denunciado e investigado a raíz de un artículo con contenido presuntamente injurioso sobre el juez que instruyó una investigación, iniciada tras denuncia de AMAyT y Montoya y ya archivada, por la adjudicación de obras de la Diputación de Almería (presidida por Gabriel Amat) a la constructora Hispano Almería, cuando esta ya estaba en concurso de acreedores, según los denunciantes. La investigación por las presuntas injurias de Montoya al juez ha seguido un tortuoso periplo procesal.

Amat preside el PP provincial desde 2004 y acaba de anunciar que renuncia a una nueva reelección. “Si hubiera dicho ahí me quedo, aunque no le hubiera gustado a alguien, nadie me habría dicho que no”, señaló Amat la semana pasada, para responder a las sospechas de que su renuncia ha sido forzada por Pablo Casado y Juan Manuel Moreno.