Andalucía ha dado un paso para mejorar la atención psicológica a las personas presas con la constitución de un Grupo de Salud Mental Penitenciaria dentro del Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que está compuesto por las once unidades clínicas de salud mental del SAS que tienen a su cargo los distintos centros penitenciarios andaluces, representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y profesionales del ámbito sanitario de los distintos centros penitenciarios, la fundación pública andaluza para la integración social de las personas con enfermedad mental (FAISEM) y el movimiento asociativo de ámbito andaluz que desarrolla actividad en los centros penitenciarios.
La creación del grupo andaluz de salud mental penitenciaria, efectivo desde el pasado 13 de julio, responde a la “necesidad” de “coordinar las actuaciones de todos los agentes implicados en la atención psicológica a las personas presas, máxime cuando partimos de la convicción de que la salud mental es un elemento clave en la reinserción social de estas personas”, apuntan fuentes del SAS, que añaden que se trata de “dar un trato equivalente a los internos en prisión en Andalucía y satisfacción a su derecho a la protección de la salud”.
No está de más recordar que el Senado pidió unánimemente en octubre de 2016 que las autonomías gestionaran definitivamente la sanidad penitenciaria. El Ministerio del Interior anunció meses después, en abril de 2017, que sería en aquel año cuando iba a cerrar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Pese a que en 2003 se aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía para el año siguiente la completa integración de la sanidad penitenciaria dentro de las competencias sanitarias de todas las autonomías, 19 años años después esas competencias tan solo se han transferido a Catalunya, Euskadi y Navarra desde hace un año. Andalucía había puesto de su parte en mayo de 2019 cuando el Parlamento autonómico aprobó una Proposición no de Ley de Adelante Andalucía en ese sentido pero, aparte de eso, está suspendido desde 2014 el convenio por el cual las dos administraciones, central y autonómica, se habían coordinado para prestar servicios sanitarios.
Se trata, en cualquier caso, de otro paso para que las miles de personas presas en Andalucía estén en mejor situación pese a estar “bajo dos sistemas sanitarios” y con “severas lagunas” en su asistencia sanitaria, como ya denunciaba el Defensor del Pueblo Andaluz en mayo de 2016 en un informe especial sobre las Unidades de Custodia Hospitalarias, con la atención primaria por parte de funcionarios de las prisiones y la atención especializada por parte del SAS.
Según añaden desde el SAS, el sentido de la creación de este grupo de trabajo es mejorar la asistencia a los problemas de salud mental en los centros penitenciarios, con el conocimiento de que “el 80% de los internos han tenido algún diagnóstico psicopatológico a lo largo de su vida, más de la mitad de ellos consumen psicofármacos, la prevalencia de trastorno mental grave es 4 o 5 superior a la de la población general, y se dan tasas desproporcionadamente elevadas de patología dual, trastornos de la personalidad y afectivos”.
Cabe recordar también, el pasado mes de noviembre, que la Junta nombró adjunto a la Coordinación del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía a Luis Pizarro, que fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla por Izquierda Unida entre 1987 y 2003, y candidato a la Alcaldía en 1995 y en 1999. Según resolución de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la llegada de Pizarro serviría “para poder llevar a cabo de forma efectiva el área de los Derechos Humanos y la Lucha contra el Estigma” dentro del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA 2016-2020), cuya “complejidad” hacía que fuera “necesaria” debido a “la cantidad de líneas de actuación que contempla y el número de profesionales implicados”.
En la reunión de constitución del grupo de trabajo se hizo una ronda de intervenciones para conocer cuál es la situación de la atención a los problemas mentales en las prisiones desde las diferentes unidades de gestión clínica, destacando la amplia variabilidad existente entre ellas. Los representantes penitenciarios saludaron la iniciativa y pusieron de manifiesto los problemas y carencias asistenciales principales. También los representantes de FAISEM destacaron el interés del nuevo grupo y manifestaron la esperanza de que pudiera ser de utilidad en el proceso de inserción de los internos. Las representantes del movimiento asociativo (Federación Salud Mental de Andalucía) narraron diversas experiencias de colaboración y buenas prácticas que desarrollan en distintos centros penitenciarios. El grupo de trabajo quedó emplazado a una reunión presencial después del verano en la que se daría inicio a los trabajos, con un orden de prioridades y definición de objetivos y asignación de tareas.
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