Andalucía se demora en la creación de un registro de menores en riesgo y desamparo previsto en la ley de 2021

El sistema de información de protección a la infancia y adolescencia en Andalucía “integrará” un registro de las 'Declaraciones de Riesgo'. Lo dice la ley aprobada hace tres años ya con el único rechazo de Vox, y su organización y funcionamiento “se determinará reglamentariamente”. Verbos a futuro que aún no han cambiado de tiempo. Por eso la Defensoría de la Infancia y Adolescencia ha apremiado a la Junta a implementar su desarrollo para tener un conocimiento más detallado de esos miles de menores (más de 10.000, de acuerdo a los datos de los equipos de tratamiento familiar de nuestra comunidad autónoma) y evitar otras tantas posibles declaraciones de desamparo, con su consecuente separación de su círculo familiar y “coste emocional y social”, según ha resaltado Jesús Maeztu en una rueda de prensa en el Parlamento.

Se trata de la cuestión relevante que ha sido incluida en el Informe Anual 2023 que Maeztu ha entregado al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, en la mañana de este miércoles, y en el que la Defensoría especifica una batería de 15 medidas para cuantificar, prevenir y detectar situaciones de riesgo que en el ámbito familiar, social o educativo puedan afectar al bienestar y los derechos de los niños y las niñas de Andalucía. Maeztu ha denunciado en ese sentido que los servicios sociales municipales no disponen de datos de esos menores en riesgo, que para el sistema están “invisibilizados” y que habría que sumar a esos más de 10.000 en riesgo con los que trabajan los equipos familiares andaluces.

El objetivo último es que conocer la situación real de esos menores en riesgo para “evitar” que entren a formar parte del sistema de protección y “no perjudicar su desarrollo”, ha comentado Maeztu. De acuerdo a una información facilitada a elDiario.es Andalucía por el Portal de Transparencia el pasado otoño, 2.419 niños y adolescentes tutelados por la Junta están con una familia acogedora (978 atendidos por familias ajenas -sin relación de parentesco- y 1.441 por familias extensas -con relación de parentesco con su familia de origen-). Otros 2.306 niños, niñas y adolescentes, según esos datos, se encuentran en acogimiento residencial en centros de protección de Andalucía a la espera de la oportunidad de vivir en un hogar como el que proponen esas familias de acogida.

“Las administraciones públicas son las encargadas de paliar el riesgo antes de tener que proceder a la adopción de una medida más drástica como es la separación del menor de su entorno familiar”, ha señalado Maeztu, quien ha instado a la Junta a poner a disposición de las entidades locales un protocolo de detección, valoración e intervención de las situaciones de riesgo que garantice la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora. Ese documento debería incluir una definición motivada del interés superior del niño o niña en situación de riesgo; un procedimiento con suficientes garantías jurídicas y que evite las dilaciones; un expediente administrativo que documente todas las actuaciones; la intervención de profesionales con formación jurídica; un proceso para denuncias anónimas; un procedimiento adaptado para escuchar al niño o niña, y otro para informar a los familiares.

El Defensor ha requerido también un incremento de los recursos personales dedicados a esa labor, así como un análisis de la carga de trabajo que soportan, mayor formación especializada y que se intensifiquen las medidas de coordinación y colaboración entre las administraciones responsables para evitar la fragmentación de la intervención y que la situación de riesgo se cronifique o se torne irreversible. Este periódico ha consultado a la Consejería de Inclusión Social si está previsto desarrollar al menos ese registro de las 'Declaraciones de Riesgo' al que se ha referido Maeztu, sin que hasta el momento haya concretado nada al respecto.

Un 15% más de actuaciones que el año anterior

Tras las reclamaciones sobre asuntos de Educación (1.946 en 2023), las cuestiones más numerosas trasladadas a la Defensoría fueron asuntos relativos a cuestiones de familia, como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, sistema de protección o centros de internamiento (1.695), seguidas de vivienda (571) y salud (446) como áreas temáticas con mayor número de quejas iniciadas.

Fueron un total de 5.728 actuaciones las realizadas este ejercicio por la Defensoría de la Infancia (un 15% más que en 2022), de las cuales 2.762 se refirieron a quejas y 2.966 a consultas. Del total de 2.762 quejas gestionadas, las iniciadas en 2023 fueron 2.096, de las cuales 2.063 fueron instadas por la ciudadanía y 33 se iniciaron de oficio promovidas por la institución dirigida por Maeztu. Junto con esas actuaciones se han tramitado otras 666 más de años anteriores.

Entre otros asuntos destacados, el Defensor ha apuntado en cuanto a la salud las carencias de especialistas en pediatría en atención primaria, que sigue siendo la demanda más acuciante en numerosas zonas rurales y urbanas. Sobre educación, Maeztu ha recordado la elaboración del informe especial 'La atención educativa en los colegios rurales de Andalucía', en la que visibiliza esta realidad educativa como uno de los servicios públicos elementales para luchar contra la despoblación en el entorno rural.

Maeztu ha señalado que a lo largo de los 40 años de existencia de la Institución -25 como Defensor del Menor de Andalucía, desde 1998- ha sido testigo de los avances para conseguir una educación inclusiva y de calidad en los términos señalados, si bien ha señalado que quedan retos como la lucha contra el abandono escolar; la plena inclusión del alumnado más vulnerable; la mejora de las instalaciones escolares, sobre todo en lo que respecta a las condiciones térmicas y ambientales; el impacto de la brecha digital en el alumnado con mayor vulnerabilidad y la incidencia de la Inteligencia Artificial; en el aumento de la oferta de docentes con especial cualificación y de la participación de las familias, y seguir luchando contra el acoso escolar. Por último el Defensor ha abordado situaciones de violencia que afectan a los derechos de la infancia, entre los que ha incluido la pobreza infantil, los malos tratos, la violencia vicaria, la infancia huérfana de la violencia de género, o los casos de violencia de género entre los propios menores de edad.