La alcaldesa de Marbella se opone a crear un censo público de los bienes recuperados de 'Malaya’
Nueva polémica en torno al 'caso Malaya' en el seno del Ayuntamiento de Marbella con respecto a las actuaciones que lleva a cabo el Equipo de Gobierno del PP, después de que fuera la única acusación que no recurriera la sentencia ante el Tribunal Supremo. En esta ocasión, la coalición Izquierda Unida denuncia que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha opuesto a crear un censo público de los bienes que se recuperen con dicha resolución judicial cuando se haga firme.
El coordinador local de IU, Miguel Díaz, recientemente designado candidato a la Alcaldía, argumenta que Muñoz, con su negativa, “torpedea la participación ciudadana y las esperanzas de justicia y reparación de la población”. De hecho, según afirma el también edil opositor, “el veto a la propuesta de IU impide que el Pleno haga una petición institucional para reclamar más medios para la ejecución de la sentencia”, explica en un comunicado remitido por la federación de izquierdas.
La solicitud rechazada de la coalición, que cuenta con dos concejales en el Consistorio marbellí, incluía la petición de un censo no sólo con todos los bienes que puedan ser recuperados, sino también con las cantidades económicas recibidas como compensaciones. Todo ello en virtud de la ejecución de dicha sentencia, cuyos recursos se han visto recientemente en el Supremo, durante una vista que se ha prolongado durante tres días.
Miguel Díaz y Enrique Monterroso, este último portavoz municipal de IU, pretendían que la medida propuesta sirviera como mecanismo para permitir, “de forma objetiva”, que la ciudadanía pueda realizar “un seguimiento a tiempo real de cómo es resarcido, o no, el municipio”.
Monterroso apunta que “el rechazo de la propuesta es una irresponsabilidad, e impide que se desarrollen fórmulas de participación para que los propios vecinos puedan implicarse en la decisión de qué destino dar a los fondos recuperados, o qué hacer con los bienes obtenidos en virtud de la sentencia”. También se cercena la posibilidad -acota el edil- de poder ejercer una presión conjunta ante las administraciones para reclamar justicia, “en el caso de que la ciudad no sea compensada”.
La moción vetada por la alcaldesa, que IU pretendía llevar a la sesión plenaria ordinaria de este viernes, también contenía una propuesta para que se solicitara, tanto a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía como al Ministerio de Justicia que, en orden a sus respectivas competencias, doten de todos los recursos necesarios a la sección bis creada en la Audiencia de Málaga. Esta petición se produce para que la ejecución de la sentencia del 'caso Malaya' pueda efectuarse en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito.
Finalmente, Díaz dice no entender “cómo el gobierno de Muñoz puede rechazar una propuesta para que el máximo órgano de la representación de la ciudadanía, el Pleno Municipal, pida formalmente a la Administración que haya más medios en favor de un rápido y justo cumplimiento de la sentencia”.
En contra de la rapidez habitual, cada vez que la oposición marbellí emite cualquier comunicado crítico con la gestión municipal, el Equipo de Gobierno aún no ha ofrecido respuesta oficial alguna para replicar a IU.
