La Guardia Civil apunta en los ERE a 12 responsables públicos por concentrar ayudas en la Sierra Norte
Doce responsables públicos podrían haber permitido o favorecido que un entramado de empresas de una comarca sevillana, la mayoría sin actividad comercial ni trabajadores, se beneficiara de 55 de los 85 millones de euros en ayudas sociolaborales concedidas en Andalucía entre 2001 y 2010. Es una de las principales conclusiones del atestado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho llegar a la jueza encargada de investigar el caso de los ERE. La mayoría de estas personas con responsabilidad pública ya han sido nombrados en algún momento de la instrucción y varios de ellos ya están oficialmente imputados.
Tres de los señalados son personas aforadas, destacando por encima de ellos el consejero de Empleo entre 2000 y 2004 José Antonio Viera, por la acumulación de convenios suscritos (20 de 24) durante los escasos meses en que fue presidente del IFA y por haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica con objeto de favorecer “desmesuradamente” a empresarios con los que se relacionaba y personas “con las que mantenía afinidades políticas”. Asimismo, según la UCO, habría dado a Francisco Javier Guerero las “instrucciones oportunas para que la sucesión de estas subvenciones se materializaran de forma ininterrumpida, incluso para que las mismas continuasen cuando Viera abandonara la Consejería”.
Junto a Viera, quizá la persona más destacada por lo novedoso, también aforado como los exconsejeros Viera y Vallejo, es el parlamentario andaluz José Caballos, posible conocedor del “trato de favor” que estaban recibiendo los empresarios investigados por parte de la Consejería de Empleo, según el atestado. Como expresidente del parque natural de la Sierra Norte de Sevilla y como histórico dirigente del PSOE sevillano y andaluz, habría facilitado “contactos” entre el grupo empresarial y los responsables políticos.
La UCO ofrece un detallado estudio sobre las ayudas concedidas a la estructura societaria compuesta por José Enrique Rosendo Ríos, hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y José María Sayago Lozano, empresario vinculado a la Sierra Norte. Entre las personas con responsabilidad pública que podrían haber favorecido o permitido las ayudas investigadas están el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero (dos veces encarcelado en la causa de los ERE fraudulentos); su sucesor en el cargo, Juan Márquez; el también exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; así como los exdirectores del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego IDEA) Francisco Mencía Morales (2003-2004) y Miguel Angel Serrano Aguilar (2004-2008). Francisco Vallejo, consejero de Innovación entre 2004 y 2009 y actualmente parlamentario andaluz por Jaén, también aparece en el atestado ya que “podría haber conocido” la “sucesión” de ayudas en esta comarca sevillana. Incluso se dice que, durante el tiempo en que también presidió IDEA, se realizaron pagos por importe de 6,1 millones a las empresas investigadas.
Hay que recordar que, de todas estas personas, varias de ellas ya fueron imputadas en el auto del pasado junio, como en el caso de la exconsejera Magdalena Álvarez; otros ya prestaron declaración en los primeros meses de la instrucción, caso de los exconsejeros y exdirectores generales de Empleo; otros han sido señalados por la jueza Alaya junto a los expresidentes Chaves y Griñán (aunque no imputados ya que la jueza no tendría competencias al ser aforados); y otros exconsejeros que no estarían vinculados a esta parte del caso, centrada en la concentración de ayudas en la Sierra Norte y que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se eleve al Supremo por la presencia de aforados, en concreto tres (Caballos, Vallejo y Viera).
En el caso de los aforados Viera y Caballos, según señala la UCO, de la investigación se desprende que los hijos de ambos (Sonia Viera y Jesús Caballos) trabajaron en la empresa investigada Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, también dentro del marco de la Sierra Norte de Sevilla y vinculadas igualmente al conocido como “tándem Rosendo-Sayago”. La Guardia Civil también apunta a la presunta participación de Manuel Enrique Rodríguez, exgerente provincial del IFA y exdirector de Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, destituido de su cargo el pasado octubre tras la segunda fase de la Operación Heracles en la que fue arrestado.
Los hechos que se vienen investigando por la UCO de la Guardia Civil son la concentración en la Sierra Norte de Sevilla de gran cantidad de empresas y personas físicas beneficiarias de subvenciones y ayudas con cargo a los fondos públicos andaluces “y con total ausencia de procedimiento”, según constaba ya en un auto de octubre de la propia jueza Alaya. La Guardia Civil, en una investigación paralela, ya ha examinado los datos dimanantes de la Agencia Tributaria, entidades financieras o de la Tesorería General de la Seguridad Social que descubrieron nuevas sociedades beneficiarias de otras ayudas públicas que permanecían ajenas a la investigación.
