Atrapados por el ‘banco malo’: la entrega agónica de una VPO
El 'banco malo' o la Sareb, el patrimonio inmobiliario, los activos tóxicos, los créditos paralizados o la nacionalización de las entidades bancarias son conceptos, amén de la crisis, un poco más conocidos para más de 500 familias de Sevilla. Desde que en 2008 se iniciara la construcción de unas viviendas de protección oficial promovidas por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), desean la finalización de unas obras que debían estar listas en 2010. Por los pisos ya han desembolsado más de 10 millones de euros entre todos los adjudicatarios. Con la financiación bloqueada, una quinta parte de los vecinos ha pedido sin éxito que se les devuelva el montante económico aportado, pero se encuentran “entre la espada y la pared, sin casa y sin dinero”. “Estamos secuestrados”, lamentan. Están atrapados por el ‘banco malo’.
Después de tocar multitud de puertas durante los últimos tres años, el pasado 28 de enero decidieron ir un paso más allá y acampar a las mismas puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Constituidos en la Asociación de Vecinos ‘Isbilya 538VPO’, una veintena de ellos pernocta en tiendas de campaña cada noche para exigir la conclusión de las obras o la devolución del dinero invertido. Le pone voz Ana, cuyo proyecto de vida se está viendo truncado por los problemas derivados de las adjudicaciones:
La Fundación para el Progreso del Sur de Europa es la promotora de los tres bloques de viviendas tras resultar ganadora de un concurso del Ayuntamiento de Sevilla por el cual se construirían las viviendas, financiadas por Bankia, en la zona Este de la capital hispalense. Fuentes de la CEA, creadora en 2004 de dicha fundación, señalan a eldiario.es que sólo se han escriturado 73 pisos de uno de los bloques pero que la entrega del resto es inviable a día de hoy por la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), comúnmente conocida como el ‘banco malo’, que tiene paralizada la inversión. En el caso de los otros dos bloques, faltan además las pertinentes licencias de las administraciones local y autonómica, o bien las obras están aún por terminar.
Los vecinos apuntan que desde la CEA “pretenden hacer ver que no ha habido problemas” pero se preguntan “por qué estuvieron las obras paradas alrededor de un año cuando no existía el ‘banco malo’, o por qué no están devolviendo los 20.000 euros a las familias que lo han solicitado tras renunciar a la vivienda por incumplimiento de contrato, al haber excedido el plazo de entrega, o por qué no pagan a los constructores”. El montante aportado por las familias ha caído “en un agujero negro” y la asociación se ha querellado contra la CEA por apropiación indebida. “Esto es VPO. No estamos pidiendo ningún chalet de lujo”, se lamenta uno de los afectados.
La Sareb posee ahora los préstamos que tenía la promotora para ejecutar las obras y, hasta que no se diluciden las incertidumbres que rodean su creación, no ofrecerá la financiación necesaria para darles continuidad o para que el dinero sea liberado. Se estima que hasta dentro de dos o tres meses no se irán solventando las dudas generadas por la aparición del ‘banco malo’ y sus mecanismos, por lo que el futuro inminente de los afectados parece que va a seguir siendo incierto. Fernando cuenta su situación personal y va también más allá respecto a qué podría pasar con las viviendas:
Santiago Herrero, presidente de la CEA, decía hace escasas fechas que “no se tienen por qué embargar esas viviendas, pues no son activos tóxicos del banco sino de la fundación, pero el Sareb ha paralizado los créditos inmobiliarios de las entidades que recibieron ayudas”. Principalmente sobre Herrero cargan su indignación los adjudicatarios, quienes apuntan que es el primer caso de estas características con el que el ‘banco malo’ se ha topado, en una de las mayores promociones de VPO de España actualmente en construcción. Advierten incluso de que se ha encargado una auditoría externa a principios de febrero “para abrir los cajones, sacar todos los papeles y estudiar todas las anomalías del caso”.
Ante esta situación, han decidido hacer oír su voz a las mismas puertas de la sede de la Junta. La Administración autonómica da “apoyo moral” pero “mira para otro lado”, opina un afectado. Su “buena fe”, al menos de momento, no da frutos reales. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, gobernada por IU, explica a eldiario.es que ha mantenido y seguirá manteniendo encuentros con los vecinos, con la CEA y con la actual constructora para buscar una solución. A las familias adjudicatarias se les ha informado de que las puertas de la Administración andaluza están abiertas para ofrecerles asesoramiento en caso de que se haya incurrido en alguna irregularidad, añaden las fuentes. Los afectados piden que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, dependiente de dicha Consejería, asuma la gestión definitiva de las obras.
La construcción de las viviendas se ha reactivado en un par de ocasiones, pero de manera “rocambolesca”, según los vecinos. En 2009, Bankia hipotecó a la CEA comprando segundos garajes no vinculados a la vivienda, “un chanchullo” que los adjudicatarios no estuvieron dispuestos a asumir. Las máquinas volvieron a funcionar con una inyección de 12 millones de euros, que fueron “desviados” a otra entidad bancaria, según denuncian. En octubre de 2011, la Junta firmó con la Fundación una subvención de 1,7 millones “que sirvió para reiniciar las obras a comienzos de 2012 hasta que, de nuevo, se paralizaron posteriormente”. Con su acampada en la calle, y frente a la máxima autoridad en la comunidad autónoma, los vecinos esperan un “compromiso real” para que se retomen finalmente las obras y los pisos se entreguen de una vez por todas en las condiciones firmadas.
