El bucle infinito de la Faffe: el PP devuelve a primera línea la empresa pública que usó el PSOE para colocar a sus allegados

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) fue disuelta en 2011 pero, como los muertos del Tenorio, goza de buena salud. Un año después de la sentencia que condenó al que fuese su director, Fernando Villén, a seis años de cárcel por pagar con dinero público en prostíbulos, y tras dos comisiones de investigación en el Parlamento andaluz (la segunda sin cerrar pero en estado de hibernación), ha vuelto a saltar al ruedo político al conocerse ahora un atestado que la Guardia Civil entregó en febrero al juez y en el que se detallan sus tejemanejes para, por ejemplo, contratar a familiares y amigos de cargos del PSOE.

Las llamativas irregularidades que detalla el informe han servido al PP para reavivar este fuego, incluso amagando de nuevo con reactivar una comisión de investigación a la que ya se ha insuflado vida coincidiendo con hasta tres procesos electorales. Ahora además le está sirviendo como escudo ante las revelaciones de que la Junta de Andalucía fraccionó “en fraude de ley” miles de contratos que adjudicó a dedo, a lo que se ha unido la primera investigación judicial abierta al Gobierno de Juan Manuel Moreno por usar una ley derogada para contratos millonarios con la sanidad privada.

El juez ha tomado esta decisión tras una denuncia del PSOE, que entiende que los populares usan ahora la Faffe como parapeto ante estos casos. Para el PP en cambio es al revés, son los socialistas los que utilizan la cuestión de los contratos en sanidad como “cortina de humo” para tapar así las nuevas revelaciones sobre la Faffe, que además coinciden con el juicio a otro exdirectivo de la fundación al que se acusa de cobrar sin ir a trabajar.

“Destruye el correo”

En este contexto político, se ha conocido el informe hecho por la Guardia Civil analizando 235.125 correos electrónicos (de los que 24.576 estaban sin abrir) que se intercambiaron responsables y técnicos de la Faffe en los años que estuvo activa, entre 2003 y 2011. La investigación revela irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas, en la gestión de subvenciones públicas y en la contratación de personal, ya que se han detectado varios casos en los que se daban indicaciones para la contratación de familiares y afines a responsables del PSOE, tal y como avanzó ABC.

El caso más evidente es el mensaje de un directivo que insta a la responsable de personal de Faffe a contratar a varias personas de las que detallan sus lazos familiares con cargos o militantes del PSOE, dándole además una instrucción muy concreta: “Destruye el correo después de que lo hayas utilizado”. “No se me ocurre qué funciones poner a dos de ellas”, admite otra directiva para justificar la contratación de dos personas, a lo que se unen afirmaciones sobre otras dos “que tienen que entrar y no tienen el perfil”. “Ya después lo arreglamos o le decimos que son enchufes de su delegado”, en aparente referencia –según los investigadores– al por entonces responsable de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

El atestado detalla varios casos que evidenciarían que en los años de funcionamiento de la fundación se hicieron contrataciones que “se construyen de manera artificial, con el fin de contratar a determinadas personas, sin atender a las necesidades reales de la Administración, ni a los criterios establecidos para estos procedimientos, tales como mérito, capacidad, igualdad y publicidad”. De esta manera, se apunta a una “concertación entre los diferentes departamentos de Faffe y sus altos cargos para la contratación de determinado personal”, “simulando” un proceso administrativo normal para “dotar las contrataciones de una aparente legalidad”.

“La idea es inventar un proyecto”

Así, se realizan contrataciones innecesarias, incluso a través de compañías que hacen de puente para reclutar al trabajador y, a renglón seguido, suscribir a su vez contratos con la Faffe para sufragar así su salario “más un porcentaje, que habría rondado el 15%, como beneficio para la empresa”. Los investigadores llegan a definir como “práctica habitual” que se contrate a personal “atendiendo a las relaciones personales de estos con responsables de la Faffe y/o cargos públicos y, posteriormente, construir un procedimiento”. Uno de los mensajes es especialmente clarificador en este sentido: “La idea es inventar un proyecto para hacer fijos a programas a algunos. El resto irá a la calle”.

Al margen del capítulo laboral, la investigación apunta otras irregularidades, empezando por que “llama la atención” que en el disco duro facilitado al Juzgado en su momento no aparecen correos de los responsables de la fundación. Aunque el rastro se puede seguir parcialmente en cadenas de conversación, la conclusión es que estas cuentas “habrían sido vaciadas antes de la entrega”.

En lo referente a la contratación de empresas, la Guardia Civil apunta a que –“con la necesaria colaboración de los responsables de la Faffe”– con varias compañías que se repiten de manera reiterada se concertaban verbalmente compromisos de contratación “sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido”. Posteriormente, “se elaboraría un expediente administrativo ad hoc”, hasta el punto de que la propia compañía se encargaba de completar la parte correspondiente a la administración.

Había cambios de fechas para ajustarse a plazos legales, falsas propuestas para dar la sensación de concurrencia competitiva, determinación por el interesado del objeto del contrato... De hecho, desde la Gerencia de Faffe en Granada se requirieron indicaciones para una contratación y la respuesta fueron instrucciones para “simular un procedimiento legal”. También se fraccionaban pagos para así poder hacer las adjudicaciones a dedo, a lo que se une que se han detectado contratos para cubrir servicios que la empresa beneficiaria ya estaba prestando.

La enésima resurrección política

Por último, se han detectado también irregularidades con la justificación de ayudas recibidas por la propia Faffe. Aquí el informe resalta casos en los que se intenta “simular un gasto que permitiese evitar devolver unos fondos públicos, correspondientes a una subvención, que no estarían justificados”. Esto lleva a concluir que “resulta lógico pensar” que los servicios que se tratan de facturar “realmente no se habrían llevado a cabo”.

Este cúmulo de irregularidades ha llevado al PP a insinuar que hay argumentos para sacar de su hibernación la comisión parlamentaria de la Faffe, la segunda sobre este caso. La justificación –que políticamente se entiende como un aviso a navegantes para el PSOE, para contrarrestar su denuncia por los contratos sanitarios– sería ese informe entregado en febrero sobre unos hechos ocurridos hace 15 años y ya juzgados en su pieza central, aunque quedan ramificaciones abiertas.

La mayoría de PP, Ciudadanos y Vox que encumbró a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta en 2019 impulsó entonces en el Parlamento andaluz una primera comisión de investigación. Por ella desfilaron cargos socialistas, incluidos expresidentes como Manuel Chaves y Susana Díaz, pese a que cuando accedió al cargo en 2013 ya hacía dos años que se había cerrado la fundación.

La mayoría de derechas elaboró entonces una propuesta de dictamen, que atribuía responsabilidades políticas a Chaves y José Antonio Griñán, mientras que a Díaz le reprochaba que no hizo lo suficiente como presidenta para investigar el caso. Cuando estaban a punto de cerrarse los trabajos, Moreno adelantó en 2022 las elecciones andaluzas. Y aunque en principio el PP apuntó que se iban a buscar fórmulas para que no decayesen las conclusiones, al final prefirió volver a constituirla y empezar de cero con la correspondiente lista de comparecientes, ahora en puertas de las elecciones municipales de mayo de 2023.

El último pico de actividad se vivió cuando Pedro Sánchez adelantó también las elecciones generales, que fueron en julio del año pasado. Desde entonces, poco se sabe de una comisión en la que sólo se sientan PP y Vox pero que ahora puede volver a florecer alimentada por el último atestado policial. Lo que sí tienen claro los populares, y así lo harán valer con su mayoría absoluta, es que no habrá comisión de investigación sobre los contratos sanitarios como ha reclamado la oposición de izquierdas, porque insisten en que no hay caso y porque eso sería plegarse a la “táctica del ventilador” del PSOE... para que no se hable de la Faffe.