De la comisión a las “divinas palabras”. Algunas contradicciones
El exinterventor general de la Junta Manuel Gómez se ha ratificado ante la juez Alaya en la carta que envió al presidente del Parlamento de Andalucía criticando el dictamen al que la comisión de investigación llegó sobre las responsabilidades políticas que se desprenden del caso de los ERE fraudulentos, limitadas al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y a su propia persona como vigilante de las cuentas de la Administración en la época en la que se habría gestado el fraude en las ayudas.
Aquella misiva, fechada en noviembre de 2012, dista de la declaración bajo juramento que hizo sólo tres meses antes ante la citada comisión y que ayer jueves también ratificó ante la jueza. Entonces se mostró principalmente prudente a la hora de achacar posibles culpas y defendió a capa y espada la labor de la Intervención, en general, y de su persona en particular, a la hora de denunciar las irregularidades administrativas detectadas y recogidas en sucesivos informes de advertencia entre 2005 y 2007.
En la carta, hoy ratificada verbalmente ante la instructora y que titulaba ‘Divinas Palabras’, se mostró muy crítico con la clase política, cuya labor alabó ante los diputados. Los miembros de la comisión que, con su dictamen acabaron metiéndolo en el mismo saco que a Guerrero, el principal acusado en el proceso, pasaron a ser “corruptos de la peor especie”. Lo que se deduce del análisis de las dos declaraciones es que lo argumentado y expuesto durante la comisión y lo expresado en la carta no parecen ir en la misma línea. Por eso surgen dudas: ¿cuál de los juramentos realizados por el exinterventor, hoy imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, merece mayor credibilidad?
La carta elevaba el tono en la acusación, utilizando expresiones como “caterva de políticos cobardes y sin honor”, un estilo que para nada se correspondía con el utilizado en el Parlamento, donde meses antes compareció acompañado precisamente por otro de esos “políticos” a los que después señaló, Antonio Estepa, secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004, su inmediato superior jerárquico en esa legislatura, al que agradeció expresamente que hubiera accedido a pasar junto a él ese trago, a pesar de que su nombre no figuraba en la lista de comparecientes. Hoy, sin embargo, Antonio Estepa, es otro de los 20 cargos y ex-altos cargos imputados recientemente por la jueza Alaya.
Durante su intervención en la comisión de investigación, Gómez Martínez defendió ampliamente la independencia del órgano que dirigía. La Intervención “ejerce sus funciones de control con total independencia, no solo de los órganos fiscalizados sino de los superiores jerárquicos”, “un principio que se encuentra profundamente enraizado en la cultura institucional de la Junta de Andalucía”. Sin embargo, en su epístola acusa a la comisión de utilizar a los interventores como “pantalla” para “esconder la vergüenza de políticos corruptos”.
Mientras al inicio de la comisión destacaba que “los cuatro titulares de la Consejería (de Hacienda) han sido respetuosos” y que “nunca” se había “sentido presionado de manera insoportable en mis funciones, ni condicionado”, en la carta hablaba directamente de que sus superiores, entre ellos Griñán y Martínez Aguayo, “nada hicieron para combatirlas (las deficiencias advertidas); antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los eres”. Del respeto hacia su trabajo a acusarles abiertamente (la carta se publicó en los medios de comunicación) de engordar una partida fraudulenta va un trecho. Tanto estos (sus superiores, consejeros y viceconsejeros) como la Cámara de Cuentas, asegura en la carta “podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas”.
De advertir en el Parlamento de que “la inmensa mayoría de las deficiencias reflejadas en los informes corresponde a errores o incumplimientos atribuibles a la Consejería de Empleo y no a IFA/IDEA” a las “graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo”; de no observar menoscabo de fondos públicos (“de las actuaciones de control desarrolladas por la Intervención en las materias que son objeto de investigación, nunca, repito, nunca, se dedujo la existencia de posibles supuestos de fraude o menoscabo de fondos públicos”) a señalar contundentemente en la carta que se trataba del “caso de corrupción más importante de la historia de España”. Mucho debió aumentar la indignación del exinterventor en sólo tres meses al conocer el dictamen de la comisión.
Su intervención en sede parlamentaria fue muy técnica. Acerca de las transferencias de financiación a favor de IFA-IDEA, punto de partida que dio lugar al presunto fraude, dijo que era un “instrumento legal”, avalado por los mecanismos del Parlamento, y que “ha gozado de rango de ley, con las amplias y transcendentes consecuencias que de ello se derivan”. Luego le puso apellido: la definió como “la herramienta fraudulenta de las transferencias de financiación”.
Son, entre otras, las palabras de Gómez Martínez, en comisión oral y en carta escrita. Otras han sido durante todo este tiempo las “divinas” (palabras), que atribuía a políticos quienes, a su juicio, habrían utilizado para “engañar a los ciudadanos” el “señuelo del informe de actuación” que, según la Junta, debiera haber elevado el interventor general para poder conocer de la trama. Sobre esta cuestión se ha defendido este jueves ante Alaya argumentando que no había atisbado fraude en las arcas públicas y que, por ello, no consideró necesario trasladar este informe especial. Otras cartas, las que tenga bajo su toga la jueza de los ERE, son las que aún están por jugarse en la investigación.
