La contestación de Moreno Bonilla a Bruselas: el plan “no afecta a un solo centímetro cuadrado” de Doñana

El mismo día que se iniciaba su trámite parlamentario, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, contestaba por escrito a la Comisión Europea que su plan para legalizar regadíos hasta ahora irregulares en el entorno del Parque Nacional de Doñana “no supone ninguna amenaza al cumplimiento de la sentencia” europea contra España por no proteger suficientemente este ecosistema.

Así lo afirmó el presidente andaluz en una carta dirigida a la Vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, a su vez, le había hecho llegar el escrito de Bruselas en el que advertía sobre el posible incumplimiento legal de su proyecto de ley.

Moreno Bonilla remitía así sus argumentos para que el Ministerio de Transición Ecológica los tuviera en cuenta a la hora de preparar la contestación de España al requerimiento de la Comisión. El político andaluz reiteraba que su proyecto “no afecta a un solo centímetro cuadrado del Entorno Natural” ni “afecta al acuífero”. La contestación oficial de España ha llegado ya a Bruselas.

Este jueves, solo ocho días después de esa carta, la Comisión ha advertido de que, “si se aprueba en los términos en que ha sido anunciada, la propuesta legislativa podría contravenir la legislación ambiental aplicable en la UE”.

El líder del PP andaluz insistía en su escrito en que lo que pretende hacer es “simplemente” clasificar “unos terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial y siempre que llegue a estar disponible”.

La cuestión es que mucho de ese terreno se ha estado regando de manera ilegal, al menos desde 2014. Y el agua utilizada provenía de los acuíferos de Doñana. Que las fincas no pisen dentro de los límites del Parque Nacional o el entorno protegido adyacente no supone que el líquido que se utilice no venga de esas masas de agua subterráneas.

Además, Moreno Bonilla aprovecha la ocasión para pedir a la vicepresidenta Ribera que se active el trasvase de 19,99 hm3 de agua desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedra a los pueblos de la Comarca del Condado de Huelva –que se sitúan en la cuenca del Guadalquivir–. “Me gustaría que tuviera presente el interés tanto del Gobierno Andaluz como los vecinos de la comarca”, escribe.

Lo cierto es que la ley que regula ese trasvase especifica que el líquido debe destinarse, especialmente, a que las extracciones legales de los acuíferos disminuyan y, en ningún caso, pueden servir para abastecer nuevas fincas (como las que aparecerían al aprobarse la ley ahora en trámite).

La carta de contestación afirma que con este plan legal “no se amnistía ningún infractor”. Y añade que “nuestro Estado de derecho es extremadamente garantista en cuanto al procedimiento sancionador y, a veces, nuestras acciones no finalizan con la agilidad que pretendemos para solucionar los problemas, como es el caso de la clausura de pozos ilegales o la retirada de cultivos de terreno sin clasificación de suelo agrícola”.

De hecho afirma que “desde que tengo el honor de presidir la Junta de Andalucía, solo hemos trabajado para resolver el problema existente en la zona tras la aprobación del Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal en 2014. Mi Gobierno ha trabajado en hacer cumplir el Plan sin dudarlo”. Ese plan es el que considera ilegales los regadíos que ahora pretende legalizar.