Si algo muestran de forma recurrente los informes que venimos realizando desde APDHA sobre la evolución de los flujos de inmigración y de asilo en nuestras fronteras, es que las políticas migratorias y sus impulsores se han convertido en una máquina implacable de generar sufrimiento, provocar muertes y violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes o que buscan refugio.
Una apreciación nada exagerada que confirman otros análisis recientes sobre el mismo tema, como el realizado por Iridia, Novact y Fotomovimiento o el de Caminando Fronteras, o los recurrentes de CEAR o Amnistía Internacional.
Pero estamos hablando de 14.128 personas. Es la cifra de entradas en España por la Frontera Sur que ha contabilizado la APDHA en su informe. Muy lejos de las entradas de personas que se han producido en Italia o Grecia. Si atendemos a las cifras proporcionadas por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en España ha llegado tan sólo un 3,4% del total de llegadas a Europa en 2016. Es decir, apenas cuatro de cada cien personas llegadas a Europa lo han hecho por la frontera Sur española.
El alarmismo social intencionadamente generado por el Gobierno en torno a la llegada de personas migrantes a nuestro país no se sostiene. ¿Realmente es imposible gestionar y acoger a 14.128 personas para un país con 45 millones de habitantes y que es la cuarta economía de la zona euro? El enorme gasto en seguridad en las fronteras, el despliegue policial, los muros construidos, el despliegue del SIVE o el sistema de Centros de Internamiento no se justifican a la vista de las cifras de los flujos migratorios que reflejamos.
Es cierto que, desde el año 2010 a 2016, prácticamente se ha triplicado el número de entradas de migrantes en nuestro país. Y ello nos indica que estas políticas no sólo son homicidas, sino que son ineficaces desde el punto de vista del objetivo que dicen perseguir: ni existe inmigración legal ni mucho menos es ordenada. Y ello pese a la militarización, a la guerra desatada contra las personas migrantes y al destino de ingentes recursos tecnológicos, económicos y humanos.
Es un fracaso en toda regla, en España y en toda Europa, que debería llamarnos a reflexionar, lo que es mucho pedir para quienes dirigen nuestras políticas de fronteras. Las actuales políticas migratorias basadas en el dogma del cierre de fronteras no sirven para el objetivo que dicen pretender y además violan gravemente los derechos humanos. ¿Por qué pues?
En la medida en que Europa se va enrocando en sus miedos del presente, eleva muros cada vez más altos, instala alambradas y concertinas y despliega policías, patrulleras, ejércitos y drones. No es la respuesta a una inmigración “incontrolable que nos amenaza”, es el enroque y la reacción ante las propias inseguridades y las incertidumbres de un futuro cada vez más sombrío.
Desde hace años, esta reacción se ha convertido en un verdadero dogma similar a los religiosos. Parece que no es posible cuestionar unas políticas migratorias cuyo núcleo duro es el cierre de fronteras y el internamiento de migrantes y refugiados. Y ello pese a su evidente fracaso, pese a que ponen en cuestión principios básicos de la UE y ahondan en su crisis.
Como dice Alexandra Politiki, las políticas migratorias se han convertido en un auténtico veneno cultural, alimento del racismo e impulsoras del crecimiento de la ultraderecha, que está viendo como sus postulados más xenófobos están siendo asumidos por las élites europeas. Poco a poco, dice con razón, se está generando en Europa y en España, por ende, una cultura de la crueldad hacia los pobres, hacia la gente vulnerable, hacia las personas que intentan entrar.
No es un movimiento casual. El apoyo ciudadano a políticas fronterizas cada vez más crueles contra migrantes y refugiados, se alimenta de las inseguridades del presente, que, aun cuando se fundamentan en retazos de realidad, se impulsan también por oscuros intereses al servicio del negocio de la xenofobia como acertadamente lo ha calificado la jurista francesa Claire Rodier. Según afirma, “la realidad de los controles migratorios es más compleja que la que suelen presentar los medios de comunicación, y no responde únicamente a las supuestas exigencias de seguridad de Occidente, sino a distintos intereses económicos y tecnológicos”.
Empresas españolas como Indra, Mora Salazar, GMV, Airbus o Atos facturan miles de millones de euros en el negocio que supone el despliegue securitario, con prepuestos supermillonarios, tanto de la UE como del propio Gobierno español. Jordi Calvo, del Centro Delàs de Estudios para la Paz afirma que “la creciente militarización de las fronteras está muy relacionada con la capacidad de presión de estas empresas armamentistas”.
Posiblemente, sólo quede la sociedad civil comprometida con la paz y los derechos humanos como contrapunto para terminar con el despropósito sin sentido que son las actuales políticas migratorias.
Rafael Lara, coordinador del Área de Solidaridad y del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur de la APDHA
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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