Inseguridad rima con desigualdad

La situación de padecimiento y abandono se repite en buena parte de los barrios obreros de las ciudades andaluzas. Últimamente, lejos de remediarse, ha experimentado un empeoramiento generalizado. La desigualdad se ha perpetuado espoleada por la COVID19, la carestía de la vida y la inflación, con el consiguiente deterioro creciente de las condiciones de vida.

Los barrios obreros sufren en general tasas de desempleo disparadas; desahucios habitacionales, servicios públicos tanto en sanidad, como en educación y servicios sociales, cada vez más deficientes, los cortes de luz, la lacra de la droga, jóvenes que deambulan sin alicientes esperanzadores, edificios con mínima eficiencia energética, carencia de zonas verdes, limpieza, transportes, infraestructuras y equipamientos escasos y anticuados. Y de continuo les sumamos las dificultades que generan personas con problemáticas complejas y con dificultades de adaptación especiales, donde los poderes públicos son responsables de poner los recursos necesarios para asegurar la convivencia en los barrios.

Dentro de los problemas señalados, merece especial consideración la situación de la juventud, con miles de jóvenes que sin alternativas laborales dejan los estudios y no logran romper con los trabajos eventuales. Abandonados a su suerte por los poderes políticos, asolados por el desempleo y la precariedad, la juventud carece de los necesarios centros públicos municipales cercanos que les ofrezcan alternativas deportivas, sociales, culturales, formativas y de ocio gratuitas, que los distancien de la falsa salida que representan las lacras de la droga y el juego. La tasa del 38,91% de paro que presenta la EPA en el segundo trimestre del 2023 entre los menores de 25 años atenta contra cualquier proyecto presente y futuro de existencia digna.

Crece la inseguridad en los barrios obreros de nuestras grandes ciudades, o al menos esa es la sensación que tienen muchos de sus vecinos y vecinas

Hacer recaer las soluciones en la actuación policial es no ver que el desarrollo y la modernización negados a estos barrios han propiciado el deterioro y desmantelamiento de sus infraestructuras, la pérdida de calidad de vida, y con ella, el desapego y desinterés en él de buena parte de sus propios vecinos y vecinas. Los presupuestos de las distintas administraciones del Estado, tras continuos y prolongados años priorizando el adecentamiento y mejora de los barrios céntricos y acaudalados, cronifican la desigualdad. Se defienden con ello los intereses de las clases vinculadas al poder político y económico, insistiendo en un modelo ciudad abocada al desarrollo turístico mercantilista. Aunque sea el mantra al que se aferran los más favorecidos, es evidente que la policía no va a resolver los numerosos problemas sociales presentes, ni siquiera los de seguridad.

Como ejemplo, recordar que ya en el 2018 se dieron situaciones de descontento similares que generaron explosiones sociales en Pino Montano y otros barrios andaluces. Tras los aporofóbicos pronunciamientos iniciales centrando las soluciones en la represión policial, los debates, las asambleas y movilizaciones vecinales permitieron entender que las soluciones pasaban por resolver las carencias sociales a través de servicios públicos de calidad y modernización de los equipamientos e infraestructuras barriales. Desde entonces, han adquirido especial relevancia pública la intervención de núcleos de personas conscientes, muchas de ellas organizadas en torno a la Plataforma Barrios Hartos y a unas pocas asociaciones de vecinos combativas como Nosotros también Somos Sevilla de Polígono Sur, que con su acción han conseguido no pocos avances en torno a las reivindicaciones barriales, últimamente enfocadas a resolver –que no paliar- los apagones provocados por las deficientes e inadecuadas infraestructuras eléctricas.

La precariedad y el abandono institucional que la provocan no se resuelven con una mayor presencia o contundencia en la intervención policial

Sin negar las responsabilidades individuales que puedan tener los autores de hechos delictivos, la solución necesaria no es más policía. Hay que recuperar los barrios como espacios deseables para el acceso y disfrute de una vida digna. Mejorar la convivencia mucho tiene que ver con todos los cambios imprescindibles para disponer de un entorno amable y de calidad. Revertir el abandono y la degradación de las condiciones de vida y del propio espacio al que las administraciones públicas nos han condenado pasa por el compromiso y participación democrática del grueso del vecindario en sus propias comunidades, analizando los problemas prioritarios, perfilando las soluciones necesarias y exigiendo a los poderes públicos su inmediata puesta en marcha. Hagámosles ver que estamos hartos de promesas incumplidas y de migajas insuficientes. Queremos lo que por derecho nos pertenece: vivir con dignidad en nuestros barrios, y ello implica trabajar en la prevención de los conflictos, en la detección e intervención precoz de las situaciones de riesgo social y mejorar las condiciones sociales y cívicas. Todo ello es imprescindible para una convivencia en paz, para nosotros y para el futuro de los nuestros.

Sigamos el camino por el que varias décadas atrás hombres y mujeres luchadoras consiguieron los reivindicados centros de salud, escuelas e institutos, centros de servicios sociales y cívicos, asfaltados de calles, líneas de transporte, iluminación, parques, etcétera.

Como siempre, la puesta en marcha de las medidas correctoras corresponde a los políticos desde las instituciones. A la sociedad civil, a los vecinos y vecinas organizadas y movilizadas en defensa de nuestros derechos, nos toca permanecer alerta para que de manera efectiva se ejecuten las medidas y se operen los cambios que nuestros barrios necesitan.