El cambio climático, consecuencia del calentamiento global antropogénico, es una evidencia científica probada. Es cierto que en otros periodos geológicos el clima de la tierra fue muy diferente al de los últimos 10.000 años, pero las causas de la evolución climática hasta la revolución industrial, con la máquina de vapor, el motor de explosión y el uso intensivo de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), han sido bien el movimiento de precesión del eje de la tierra, bien fenómenos geológicos o astronómicos.
El incremento exponencial de la temperatura media terrestre se debe al aumento incesante de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera (fundamentalmente CO2), causado por el sistema energético no renovable que alimenta un modelo productivo determinado por la necesidad incesante de expandir el consumo, para mantener la rentabilidad y reproducción del capital invertido. De modo que la raíz física y de modelo de mercado que produce el cambio climático es la misma que la raíz que produce las desigualdades sociales. Crisis ambiental y crisis social están hoy íntimamente relacionadas.
Consumir en dos siglos y medio las reservas de combustibles fósiles acumuladas en la corteza terrestre, fruto de millones de año de producción fotosintética de materia orgánica a partir de CO2 biosférico y radiación solar, da idea del desequilibrio introducido en el sistema fisico-químico terrestre que sustenta la vida y con ella la de la especie humana. El capitalismo, o mejor, el productivismo, para incluir los modelos económicos cuyo capital es fundamentalmente propiedad del Estado, encontró en los combustibles fósiles el complemento ideal para su desarrollo original. Una alta concentración de energía fruto de millones de años.
Miles de estudios de alto nivel científico evalúan y pronostican los efectos del calentamiento global sobre las regiones climáticas, sobre los países, sobre la economía, sobre la salud, sobre las migraciones, sobre la política y el poder. Hay un acuerdo común en la comunidad científica sobre la necesidad de actuar de manera urgente para limitar el incremento de la temperatura media terrestre en dos grados en este siglo, no superar la concentración de CO2 atmosférico de 450 ppm, que haría el cambio climático irreversible, y volver a una concentración atmosférica de CO2 no superior a 350 ppm.
Este 30 de noviembre comienza la Cumbre del Clima en París, COP21. No cabe duda de que es un problema mundial que sólo puede abordarse mediante acuerdos políticos a escala global que tengan en cuenta la contribución de cada estado a la situación actual y planteen por tanto un esfuerzo ponderado, económico y tecnológico, en función de quienes son los principales contribuyentes netos al calentamiento global.
Ahora bien, la lucha contra el cambio climático y las medidas para paliar sus efectos, que ya son considerables en Andalucía, deben ir más allá de los acuerdos globales, que por propia naturaleza son de mínimos. Andalucía se encuentra en una posición geográfica y geopolítica en la que se cruzan gravísimas afecciones y riesgos sobre la naturaleza, el territorio, el litoral y la economía, que repercuten en la degradación de la naturaleza, la salud, los indicadores sociales y la productividad, con la oportunidad de convertirnos en líderes de la transformación del modelo productivo, cambiando radicalmente la forma en que las relaciones económicas integran la naturaleza, aprovechando el valor añadido del conocimiento cultural acumulado y el desarrollado en nuestras universidades y centros de investigación.
Existe un riesgo actual en la manera en que el Gobierno central, al calor de la cumbre de París, pretende abordar la lucha y la estrategia de adaptación al cambio climático. Es previsible que las mayores inversiones se concentren, tanto empresarialmente como sectorialmente, en proyectos de grandes empresas constructoras o del sector energético en manos del capital financiero, en los oligopolios.
Ante este escenario favorecido por el modelo centralista y centralizado de implementación de decisiones políticas, en el marco del actual modelo constitucional, en el que los lobbies de presión limitan la imprescindible componente democrática para implicar a toda la sociedad, Andalucía debe reclamar soberanía competencial para desarrollar su propia política energética, de aguas, agraria, de transportes de mercancías y pasajeros, industrial, turística, urbanística, de investigación y de conservación y protección de los espacios agrarios y pesqueros, así como de los espacios naturales, para evitar bloqueos legislativos aprovechando los actuales resortes legales, como los recursos ante el constitucional, y decidir su propia política de inversiones, cualquiera que sea la procedencia del capital, promoviendo un modelo productivo propio adecuado a nuestros recursos, cultura y posición geoestrategica.
Necesitamos el desarrollo de las energías renovables, bloqueadas por el actual Gobierno de España, capacidad de interlocución directa con la UE para promover un cambio en el modelo de la Política Agraria Común que dirija los esfuerzos a la productividad y transformación de la agroganadería hacia las prácticas ecológicas, capacidad de decisión sobre las grandes infraestructuras de comunicación ferroviaria potenciando, frente al modelo radial y de alta velocidad, los ejes de proximidad, de cercanías y una red andaluza que intercomunique todas nuestras grandes ciudades y el litoral. Resulta imprescindible abordar el modelo de movilidad de las conurbaciones andaluzas, uno de los principales causantes de las emisiones y la contaminación atmosférica. Igualmente necesitamos plena capacidad de decisión sobre política urbanística, litoral terrestre, aguas litorales e interiores y de regeneración de la naturaleza. Y por último, pero no menos importante, aprovechar el potencial de conocimiento que han producido nuestras universidades en forma de capital humano. En definitiva territorializar nuestras relaciones económicas pensando global y actuando local y en proximidad.
Andalucía, en la lucha contra el cambio climático, se juega su futuro y romper con el diferencial de desempleo y resto de indicadores sociales y económicos en relación a los valores medios de la Unión Europea. Por eso es imprescindible, insistamos, soberanía política; una soberanía política libre de dependencias y de intereses ajenos al pueblo andaluz.
El ciclo político en el que estamos abordará con seguridad una reforma constitucional que podrá ser una oportunidad para federalizar nuestras competencias y liberar nuestra dependencia externa para sustituirla por nuestro esencial carácter cooperativo universal. Una oportunidad para descarbonizar nuestra economía y conectarnos al sol.
Sobre este blog
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