Lo que está ocurriendo durante el complejo proceso para sustituir a la cúpula de RTVE -candidatos en retirada, votaciones fallidas, listas de periodistas criticados por su supuesta afinidad a determinadas formaciones políticas- revela, a mi entender, que algunos de los responsables de poner en marcha esta renovación no han estado a la altura de lo que demanda la sociedad respecto de la función que debe desempeñar la radiotelevisión pública en un país democrático y miembro destacado de la Unión Europea.
La entrada en vigor de la Ley 17/2006 supuso un cambio histórico en la dirección de la RTVE. No puede, y sobre todo, no debe haber vuelta atrás, porque la alternativa -la televisión de partido- conduce a la marginalidad de una costosa institución cuyas funciones son esenciales para la salud democrática de un país por su alta y cualificada rentabilidad social.
El prestigio cosechado por los servicios informativos de RTVE desde que entró en vigor la Ley 5/2006, que estableció el nombramiento de su presidente o presidenta por mayoría reforzada en el Congreso y que creaba los Consejos de Informativos -pieza clave en toda esta historia-, fue merecedora de numerosos y prestigiosos premios internacionales, y avalada por el respaldo de una opinión pública que elevó al primer puesto los telediarios de TVE con cifras de audiencia por encima del 20% ininterrumpidamente durante más de cuatro años.
Esta trayectoria se cortó en seco en 2012 con la modificación del sistema de elección del presidente de la RTVE que, de facto, volvió a ponerse en manos del partido en el Gobierno al requerir tan solo la mayoría absoluta en el Congreso en segunda votación. Se volvía así a la televisión -y la radio- gubernamental. Y así lo han denunciado ininterrumpidamente los Consejos de Informativos de la RTVE durante todo este tiempo con numerosos ejemplos de manipulación, censura y tratamiento inadecuado o carente de rigor profesional.
En estos seis años, la audiencia de los informativos de la televisión pública española cayó al 10%, los casos acreditados de censura y manipulación informativa han sido constantes y han llegado al Parlamento Europeo de la mano de los trabajadores de la casa integrados en el Consejo de Informativos. La Eurocámara llegó a pedir explicaciones al anterior Gobierno.
La elección del máximo responsable de la RTVE por concurso público, aprobada hace ahora un año (Ley 5/2017), viene a corregir esta situación anómala y devuelve la independencia a la corporación audiovisual pública. Esta fórmula ahonda en la citada reforma impulsada en 2006.
No puede haber marcha atrás en este marco normativo. Los medios de comunicación públicos son uno de los pilares de una sociedad democrática. Pero para ello, han de cumplir los principios básicos de independencia editorial y financiera, autonomía de sus órganos de gobierno, pluralidad, diversidad e imparcialidad en la programación, han de contar con un mandato de servicio público definido y, finalmente, rendir cuentas a la ciudadanía a la que se dirigen y a los órganos reguladores independientes.
Estas características deben aplicarse a todos los ámbitos en los que un medio de comunicación esté financiado a través de los impuestos de los ciudadanos. Por eso, en noviembre de 2015 el Consejo Audiovisual de Andalucía aprobó unas recomendaciones sobre garantías de independencia, imparcialidad y pluralismo del servicio local de comunicación audiovisual de titularidad pública. En ellas, se recoge, por ejemplo, la necesidad de asumir un modelo eficiente de gestión, promover un modelo sostenible que garantice su financiación pública, dimensionada a la realidad a la que prestan servicio. La dotación presupuestaria es fundamental.
Una de las recomendaciones cruciales que establecen estas recomendaciones es el establecimiento de criterios claros para la composición y elección de los órganos de gobierno y sus competencias: junta general, consejo de administración, gerencia, dirección o cualquier otro formato. Para elegirlos, se establece la necesidad de recurrir a mayorías cualificadas, a observar los principios de independencia, integridad, experiencia y profesionalidad en la elección y nombramiento de los miembros de los órganos de gobierno.
Estas medidas que proponemos sirven igual para una modesta radiotelevisión de capital de provincia o para un mastodóntico ente compuesto por casi 6.300 trabajadores y con 974 millones de euros de presupuesto, como es RTVE.
Si el concurso público para elegir al nuevo presidente o presidenta de RTVE acaba y acaba bien, los políticos habrán hecho su trabajo y, como mencionaba antes, habrán estado a la altura de lo que la sociedad española demanda de ellos. Sin embargo, creo que los ciudadanos, los espectadores, debemos reconocer el esfuerzo y el compromiso insobornable de los trabajadores de la radiotelevisión pública. Su defensa a ultranza y en situaciones muy difíciles de unos medios públicos de calidad al servicio de la ciudadanía en el plano informativo, pero también de entretenimiento y como ventana de cultura y formación que ha de ser una radio televisión pública, ha sido la que ha espoleado al Congreso a acelerar esta renovación.
Quienes finalmente sean designados para dirigir la RTVE en las próximas semanas serán los encargados de devolver a la ciudadanía uno de los servicios públicos esenciales para el buen funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho.
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