Los olivareros pelean por la PAC: un informe garantiza la supervivencia de 300.000 has de montaña
Hasta agosto, el Ministerio de Agricultura no tiene que dar cuenta a Bruselas del reparto interno de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y parece que las organizaciones agrarias andaluzas van a pelear hasta el último céntimo. Acaban de respaldar –UPA, COAG y ASAJA- un informe que el Consejo del Olivar de Jaén encargó a un equipo técnico en el que se integraron investigadores de la Universidad de Jaén. Ese informe señala la situación límite que vive el olivar de montaña y su baja producción, a la vez que señala una fórmula para garantizar su supervivencia.
El estudio, que se ha remitido al Ministerio de Agricultura, concluye que en España hay 594.264,75 hectáreas de olivar que se cultivan en zonas de montaña y con una baja rentabilidad, debida tanto a los altos costes como a una baja producción. En ese olivar, el déficit anual por hectárea oscila entre los 150 y los 240 euros. La media está en 173,45 euros. Lo que se propone desde Andalucía, para el conjunto del olivar en pendiente de España, es una ayuda acoplada (la que se destina directamente a un sector) de 150 euros por hectáreas a aquellas explotaciones situadas en pendientes de más de un 20%, con una producción inferior a 3.000 kilos por hectárea. Esta ayuda se limita a las 20 primeras hectáreas.
La intención es paliar los efectos de “algo que el reparto interno de la PAC no contempló: las dificultades que determinado olivar tiene y sus consecuencias desde el punto de vista económico y social”, ha señalado el presidente de la Diputación de Jaén y del Consejo del Olivar, Francisco Reyes. El informe incide sobre las repercusiones del olivar de montaña en el empleo. La mecanización es muy limitada por lo que la recogida puede generar hasta 15 jornales por hectárea.
En el contexto andaluz, ese olivar representa el 57,5% del total nacional, con 341.569,75 hectáreas. Un tercio de ellas, 112.335,2 están localizadas en Jaén, la provincia de la que parte la iniciativa. Sin embargo, siguiendo el rigor del informe, las ayudas no alcanzarán al 100% del olivar de montana, sólo al que reúna las características de inclinación y baja rentabilidad. No obstante, serían casi medio millón de hectáreas (490.430) en el territorio nacional, y 288.135,81 en Andalucía. En Andalucía, la superficie agrícola dedicada al cultivo de olivar es un millón y medio de hectáreas, por lo que esta medida afecta a casi el 20% del espacio destinado a la producción de aceituna.
UPA cree que la propuesta “es viable”
La estimación económica de esa ayuda acoplada es de 73,6 millones de eurosen total, de los que 43,2 corresponderían a los productores andaluces de este sector. El secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, ha insistido en que la propuesta “es viable”. La cantidad que demandan supone apenas un aumento del 1% de los fondos reservados a ayudas acopladas. En ese apartado existe margen porque la conferencia sectorial de agricultura que decidió el reparto de las ayudas dejó abierta la posibilidad de llegar al 15% en este apartado y “y sólo se ha cogido el 12%. Tenemos margen más que de sobra. Con un 1%, nos vale”, ha sentenciado Rodríguez.
ASAJA ha respaldado la propuesta pero ha insistido en los escollos que puede encontrar, porque el Ministerio ya ha advertido que el olivar no es un cultivo en riesgo en desaparición, a pesar de las peculiaridades de la producción en pendiente y sus consecuencias sociales. El gerente de la organización en Jaén, Luis Carlos Valero, ha dicho que si las ayudas no pueden tener procedencia comunitaria “tendremos que buscar por otro lado porque la viabilidad de este tipo de olivar está cuestionada por la falta viabilidad económica, por la caída de precios y por la caída de nivel de producción”.
También el secretario de COAG, Juan Luis Ávila, ha subrayado que se trata de “una propuesta sensata, compatible con las ayudas de Bruselas” y que su autorización “puede llevar dinero a los agricultores que están en una situación crítica”. Este informe prueba, según las organizaciones agrarias, que no es necesario esperar a 2016 para valorar la situación crítica del olivar de montaña y adoptar medidas que impidan su abandono, dada la repercusión social que tiene en el medio rural andaluz y español por la capacidad para generar empleo.
