IU plantea expropiar las tierras que lleven más de dos años sin explotarse
IU le ha dado forma ya a su propuesta para crear un banco de tierras en Andalucía, mediante un decreto destinado a garantizar la función social de la tierra. Entre otras cosas, plantea la expropiación de aquellas fincas que lleven sin trabajarse dos años, como mínimo, siendo susceptibles de explotación agraria, ganadera o forestal, y también de aquellas en las que de modo manifiesto no se aprovechen correctamente los medios o recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por las administraciones. El borrador del decreto será debatido este domingo en unas jornadas que la federación celebra en Antequera (Málaga) sobre el banco de tierras y en la que también participarán las organizaciones como Ecologistas en Acción, SAT o COAG.
En lo que se refiere a las expropiaciones, propone que el proceso se inicie a propuesta de los municipios afectados u organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca en la que se asiente la finca y tras informe técnico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. De hecho, junto a las razones citadas, también será motivo de expropiación las fincas en las que se constate de modo objetivo que su modo de explotación generara daños al medioambiente circundante o al resto de explotaciones limítrofes o que pudiera afectar de modo grave a la salud de los habitantes de la comarca.
Por otro lado, en aquellas comarcas en las que por causa de interés social manifiesto y en aras de dar una respuesta urgente a problemas de “desempleo generalizado”, la Junta de Andalucía podrá iniciar expropiaciones para incorporarlas al Patrimonio Agrario Andaluz. Eso sí, la declaración de emergencia social se acordará mediante decreto del Consejo de Gobierno, tras haber oído a los municipios afectados, así como a las organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca en la que se asiente la expropiación.
IU calcula que Andalucía hay unas 22.000 hectáreas de tierras públicas, de las cuales alrededor de 10.000 pueden ser utilizadas con fines agrícolas. En este sentido, la formación propone hacer un estudio sobre las actividades idóneas a desarrollar en el resto de hectáreas. En el borrador se recoge que la Junta de Andalucía ejercerá el derecho de tanteo y de retracto en aquellas fincas mayores de 250 hectáreas en secano y 30 en regadío, que situadas en Andalucía sean objeto de subasta judicial, y que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural generará un inventario.
Otro de los aspectos que se incluye es el incremento del patrimonio agrícola, aportando anualmente el 0,40% de su presupuesto para el rescate de fincas susceptibles de ser destinadas al cumplimiento de los objetivos de esta ley, creándose el fondo antilatifundista.
En lo que se refiere a la concesión de fincas, las personas o cooperativas beneficiarias que opten por la cesión de tierras procedentes del Patrimonio Agrario Andaluz, presentarán un proyecto económico y social que en todo caso conllevará tanto la renuncia a la utilización de semillas tratadas genéticamente como a la realización de cultivos destinados a la producción de biocombustibles, comprometiéndose los beneficiarios a que en el plazo de cinco años al menos el 60% de la explotación obtendrá la certificación de agricultura ecológica.
Igualmente, recoge que los contratos de cesión de tierras incluidas en el inventario del Patrimonio Agrario Andaluz tendrán una duración mínima de 25 años renovables. Cuando sean cedidas a cooperativas de trabajo asociado sin ánimo de lucro, no conllevará el pago de tasas por el usufructo de la misma. Los beneficiarios sólo estarán obligados a abonar los impuestos derivados de su condición de cooperativas además de las tasas, impuestos o exacciones con los que este gravada la finca.
La concesión de tierras incluidas en el inventario del Patrimonio Agrario Andaluz, según esta propuesta, conllevará la obligación de realizar contribuciones sociales y solidarias siguientes. En concreto, un 5% del beneficio total obtenido en la explotación, en cálculo anual, destinado al fondo antilatifundista; y un 1% a la solidaridad internacional y al apoyo de otros proyectos cooperativos de la comarca.
Tanto en los tribunales que se establezcan para la concesión de las fincas, como para la evaluación de posibles incumplimientos de las condiciones de concesión fijadas, se dará participación al Consejo de Cooperativas, a los municipios afectados y a las organizaciones agrarias, ambientales, sociales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca en la que se asiente la finca.
También se recogen posibles sanciones de hasta 6.000 euros por el incumplimiento de la función social de la concesión, la no presentación de la contabilidad a la Cámara de Cuentas para su fiscalización o el cultivo de especies no enmarcadas dentro del proyecto aprobado, entre otras cuestiones.
Finalmente, el borrador recoge que la Junta de Andalucía impulsará la creación de un banco de semillas y de un parque de maquinaria agrícola al que podrán acceder las personas beneficiarias de tierras procedentes del Patrimonio Agrario Andaluz, quienes también podrán contar con líneas de crédito ofertadas por la institución de crédito público.
