La gerencia de La Almoraima amenaza con llevar a los tribunales el asunto
El consenso parece reinar por fin entre la mayoría de organizaciones sociales y ecologistas implicadas, los ayuntamientos del entorno y la Junta de Andalucía: La Almoraima (Cádiz), de titularidad pública y gestión privada, necesita un plan de desarrollo sostenible que genere empleo y respete el privilegiado entorno natural de esta finca de más de 14.000 hectáreas inmersa en el Parque Natural de los Alcornocales.
A la tramitación de la inclusión del 100% de la Almoraima en el espacio protegido, hay que unir ahora la propuesta de la Junta Rectora del Parque Natural para que la Junta de Andalucía la declare monte público.
El órgano participativo, que vela por el cumplimiento de las normas que afectan al espacio protegido y promueve cualquier mejora de su gestión, ha elevado este miércoles a la Junta de Andalucía dicha proposición, que ha salido adelante con 21 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
En la Junta Rectora se ha presentado también el proceso de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), con la propuesta de la Junta de Andalucía para ampliar de los límites del parque natural en unas 6.000 hectáreas, incluyendo la totalidad de La Almoraima y otras fincas como La Alcaidesa, Majarambú, Botafuegos, Pinar del Rey o la Dehesa del Guadalquitón.
La gerente amenaza con la demanda
Durante los días anteriores, la gerencia de la finca ha tratado de frenar la propuesta del monte público con amenazas y escenificaciones ‘cinematográficas’, como el paseo en helicóptero de la actriz Salma Hayek y su multimillonario marido, François-Henri Pinault, para valorar la posible compra de una finca a la que el Gobierno de la nación ha puesto precio: 300 millones de euros.
Isabel Ugalde, gerente de la Almoraima SA, no sólo considera ilegal la propuesta de declaración de monte público, sino que ha amenazado con “demandar a la Junta de Andalucía por vía administrativa y penal” y asegura que ella “llamaría prevaricación a dictar una norma a sabiendas de que no lo puedes hacer”. Ni en declaraciones a este diario ni durante el turno de intervenciones de la sesión de la Junta Rectora del parque, Ugalde supo señalar cuál es exactamente esa ilegalidad, limitándose a afirmar que es una finca privada.
Quienes sí ven la viabilidad del proceso son los activistas de Ecologistas en Acción, los promotores de la propuesta en la Junta Rectora de Los Alcornocales. Según Juan Clavero, miembro del grupo ecologista presente en la sesión, es necesario convertir la finca en monte público “para imposibilitar ciertas actividades urbanísticas y especuladoras y blindarlo de por vida. Es una medida vinculante, ya que la mera inclusión de la Almoraima en el parque natural protege la finca, aunque no impide que se puedan ceder usos a empresas”.
Clavero destaca que la afectación al dominio público de un monte ha de cumplir al menos con alguno de los seis requisitos establecidos en la Ley Forestal y que la Almoraima va más allá y “los cumple todos”.
Por su parte, María Jesús Serrano, consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ha reconocido este miércoles que “cualquier administración lucharía con todos los medios a su alcance” por “uno de los más bellos parajes naturales del Sur de Europa”, ha apostado por aprovechar su potencial con el apoyo del sector privado.
Antes de la reunión de la Junta Rectora, Fernando López Gil, delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, se ha manifestado en términos similares al afirmar que la incorporación del 10% de la Almoraima que quedaba hasta ahora fuera del parque “es una oportunidad de actividad y desarrollo para la provincia”. Según López Gil, la posibilidad de convertir la Almoraima en monte público se está estudiando ya, porque, sin renunciar a la titularidad pública, es “una medida que no permitiría su venta pero sí que tuviera una actividad mercantil y empresarial”.
“Estamos protegiendo el espacio público”
Juan Casanova, alcalde de Castellar de la Frontera, municipio gaditano ocupado en un 80% por la Almoraima, muestra su entusiasmo con la posible catalogación como monte público de la finca. “Estamos protegiendo el espacio público sin que eso impida las inversiones. Es la solución intermedia, incluso mejor que la de parque natural, que puede restringir ciertos usos”, sostiene Casanova.
El alcalde de la localidad gaditana apuesta por un desarrollo económico sostenible y respetuoso con el medio ambiente, “donde se diversifique la actividad económica. Que no haya sólo turismo de élite, sino industria de transformación de productos agrarios, industria del corcho, energías renovables y turismo rural”.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de la organización ecologista WWF, que ha afirmado en las últimas semanas que “la Almoraima es la Capilla Sixtina del bosque mediterráneo”, también considera positivo que se inicien los trámites para declararla monte público, ya que “creemos que la finca tiene que seguir siendo pública y no puede salir a la venta. Nos parece un paso adelante importante por parte de la Junta”.
Del Olmo subraya que la iniciativa coincide con las propuestas de WWF, que lleva años trabajando con el alcornocal y el uso del corcho. Según el ecologista, “hay que aprovechar los montes. No se pueden abandonar, hay que darles un uso sostenible y equilibrado, manteniendo la biodiversidad y generando empleo. Es necesario un modelo sostenible, lo que no queremos es que se especule y se generen campos de golf”.
En definitiva, los que, ni de un modo ni de otro, terminarán quedándose con la Almoraima son Salma Hayek y su adinerado marido, pues, como ha terminado reconociendo al eldiario.es/andalucia la propia gerente de la Almoraima, esta finca no es lo que buscan: “Quieren terreno virgen, donde no se vea la mano del hombre”.
