Dos de cada cinco entidades locales andaluzas no rinden sus cuentas
A fecha actual, dos de cada cinco entidades locales andaluzas no han presentado ante el Tribunal de Cuentas las cifras del año 2013. Sólo el 60,88% ha cumplido con su obligación en forma. Ninguna comunidad autónoma presenta una tasa de incumplimiento tan alta. Castilla-La Mancha, con un 80,78% de cumplimiento, es la segunda comunidad más incumplidora, según los datos que el propio Tribunal de Cuentas publica en la web rendiciondecuentas.es. La media de todo el Estado es del 86,90%.
Las entidades locales andaluzas (la mayoría ayuntamientos, pero también comarcas, mancomunidades o diputaciones provinciales) deben rendir sus cuentas tanto a la Cámara de Cuentas de Andalucía como al Tribunal de Cuentas. En este último caso, deben hacerlo antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente. Sin embargo, los datos del órgano fiscalizador muestran que el pasado ejercicio sólo cumplieron con su obligación en tiempo el 12,85% de los municipios andaluces. Poco más que uno de cada diez. El resto, hasta la tasa del 60,88% de cumplimiento a día de hoy, lo hicieron fuera de plazo. Los datos de rendición de cuentas ante el órgano autonómico son prácticamente idénticos porque las cuentas suelen pasar por la Cámara de Sevilla antes de ser enviadas a Madrid.
Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas achacan parte de los incumplimientos a que en ocasiones la información remitida es incompleta, lo que retrasa el procedimiento. Sin embargo, las cifras mejoran poco si se analiza el grado de cumplimiento para las cuentas de ejercicios anteriores. Los incumplimientos están tan asumidos que más de una cuarta parte de los municipios andaluces sigue sin presentar las cuentas de los ejercicios 2011 y 2012, lo que debía haber ocurrido antes del 15 de octubre de 2012 y de 2013, respectivamente. También en estos años Andalucía es, de lejos, la comunidad cuyos municipios son más incumplidores.
Todas las diputaciones provinciales de Andalucía están al día de su obligación de presentar sus cuentas. No ocurre lo mismo con los municipios. Más de un centenar de pueblos andaluces no ha presentado información al Tribunal de Cuentas desde, al menos, 2011, según la la web rendiciondecuentas.es, que actualiza sus datos cada semana. Entre ellos, municipios como Vélez-Málaga, Barbate, El Puerto de Santa María, Vélez Rubio o Los Palacios y Villafranca. Écija, Osuna, Benalmádena, Alcaudete, Bailén y Jerez de la Frontera no han presentado las cuentas de 2012 y 2013. Lora del Río, Alhaurín el Grande, Mijas, Marbella, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lucena, Conil de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Huércal-Overa o Vera son algunos de los municipios que no han presentado la información contable de 2013. Entre las capitales de provincia, Huelva tiene pendiente de rendir las cuentas de 2011.
Sin consecuencias jurídicas por el incumplimiento de la obligación
Dice la propia web del Tribunal de Cuentas que la rendición de cuentas es el “acto administrativo mediante el que los responsables de la gestión de los fondos públicos o cuentadantes informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos puestos a su disposición”. El Tribunal de Cuentas revisa los datos remitidos por los ayuntamientos, y periódicamente, a petición de las Cortes o cuando existe un mandato legal, elabora un informe de fiscalización sobre la legalidad y la eficiencia en la ejecución presupuestaria de un determinado ente público. El artículo 201 de la Ley de Haciendas Locales establece taxativamente “la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”. Una vez rendidas las cuentas, el tribunal examina y valora la gestión económica del organismo local, al que debe “proponer” las correcciones de las anomalías. Sin embargo, esto no ocurre para casi la mitad de los ayuntamientos de Andalucía.
El Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas andaluza firmaron un convenio de colaboración el pasado 21 de abril con el objetivo de agilizar el acceso a la plataforma telemática del organismo estatal. Se trata, según se explica, de compartir la herramienta informática utilizada para la rendición de las cuentas de las entidades locales andaluzas y adoptar “procedimientos homogéneos de control y relación”. El convenio debería ser de aplicación a partir de junio. Sin embargo, no existen mecanismos jurídicos para obligar a las entidades a presentar sus cuentas, más allá de la imposición de multas coercitivas por incumplir el deber de colaboración. Fuentes del Tribunal de Cuentas admiten que las multas son “más un tirón de orejas que otra cosa” y que en los últimos años no se ha impuesto ninguna.
El deber de colaboración está recogido en el artículo 30 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no ha sido modificado desde su aprobación, en 1988. Faculta al organismo para imponer multas cuando la entidad fiscalizada no responda a los requerimientos. La cuantía de las multas va “de 10.000 a 150.000 pesetas”: de 60 a 900 euros. El Pleno del Tribunal aprobó en 2011 una moción para el “perfeccionamiento del deber de colaboración”, e incluía una propuesta para endurecer las sanciones por entender que el precepto no tenía “eficacia disuasoria”.
