El Gobierno andaluz aparca otro acuerdo firmado por PP y Vox sobre la educación concertada tras el carpetazo al veto parental

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este lunes un nuevo decreto de escolarización, que modifica tímidamente el sistema con el que se planifica la oferta de plazas públicas y concertadas en los colegios de una comunidad con 1,6 millones de alumnos. La norma, a la que ha tenido acceso esta redacción, mantiene intacta la distribución de alumnado por demarcaciones o distritos escolares, que determinan la escuela de cada niño primando la cercanía a su domicilio familiar.

Esta decisión supone un incumplimiento del punto 14 del acuerdo firmado por PP y Vox, que garantizó el voto del partido de extrema derecha a la investidura del presidente Juan Manuel Moreno. “Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”, reza ese punto del documento, que contiene las rúbricas del secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, y de su homólogo en Vox, Javier Ortega Smith. La Consejería de Educación del Gobierno andaluz está pilotada por Ciudadanos, y su titular Javier Imbroda, ha enterrado en 12 días dos propuestas ideológicas de la línea dura de Vox comprometidas en los acuerdos de legislatura.

El consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo (PP), asegura que este decreto “va en el camino de lo que pretendemos en el futuro”. “En un año y poco no se puede cambiar la inercia de 37 años del PSOE, pero el paso de hoy marca el camino”, subraya. Pero el consejero Imbroda (Ciudadanos) ha subrayado que sólo se han hecho “ajustes mínimos”. El partido naranja no ha firmado ese compromiso con el PP ni con Vox porque no comparte ese modelo, porque eliminar las zonas educativas en Andalucía tendría efectos “perniciosos”. “No contemplamos la eliminación de los distritos escolares”, confirman fuentes de Educación. En Madrid, la implantación del distrito único ha duplicado los desplazamientos en coche de familias de una zona escolar a otra. En Andalucía, serán las delegaciones provinciales las que hagan ajustes en sus demarcaciones, que serán mínimas en las grandes ciudades, donde se concentra el mayor desequilibrio entre oferta y demanda en centros concertados. En Sevilla, por ejemplo, sólo un distrito carece de oferta concertada: el Polígono Sur, la zona más deprimida de la ciudad.

Los partidos de izquierda en la oposición -PSOE y Adelante Andalucía- han reaccionado a esta modificación parcial del decreto como si fuera un giro copernicano en la política educativa de la Junta: denuncian la privatización progresiva de la escuela y el fomento de guetos. En el texto de la norma aprobada este lunes no se percibe ese panorama. Imbroda asegura que no pretenden abrir colegios concertados en zonas educativas o localidades donde ahora no existen -el 82% de municipios andaluces- y que “no existe un plan oculto para privatizar la educación en Andalucía”. Con todo, la opción de ampliar los conciertos educativos en función de la “demanda social” está blindada en la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), la legislación del Gobierno de Mariano Rajoy que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé derogar. Imbroda ha terminado que esa opción está sobre la mesa “si las familias lo piden”.

El llamado pin parental o veto de las familias a contenidos curriculares en el colegios de sus hijos fue descartado definitivamente hace dos semanas, tras un tenso debate en el Parlamento, en el que Imbroda terminó pidiendo al grupo ultraderechista que “no se lo tome como una derrota política”. Ahora, la Consejería de Educación descarta “eliminar las zonas educativas” de Andalucía, un acuerdo que firmaron PP y Vox, con el que Ciudadanos no se siente comprometido. El veto parental sí forma parte de un pacto suscrito por PP, Cs y Vox -el que garantizó los Presupuestos Autonómicos de 2020-, pero la implantación del distrito único escolar es ajeno al partido naranja.

En este caso, además, no se trata sólo de un portazo a las exigencias de Vox, también es un paso atrás para el PP, puesto que la eliminación de zonas educativas ya forma parte de su política en otras regiones gobernadas por los populares, como la Comunidad de Madrid. Esta fórmula permite que una familia pueda matricular a su hijo en cualquier escuela de una ciudad o municipio, por muy lejos que esté, sin que la oferta limite la demanda.

El resultado es una progresiva ampliación de la red privada concertada en detrimento de la pública, como demuestra la comparación de datos entre Andalucía y Madrid. Actualmente, un 77% de plazas de enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años) en Andalucía son públicas, frente al 23% de plazas concertadas, según datos de la Consejería de Educación. La oferta pública está aquí nueve puntos por encima de la media nacional (68%) y 22 puntos por encima de Madrid, la comunidad que ha experimentado un mayor trasvase de alumnos a la educación privada concertada.

Al renunciar al distrito único, la Junta renuncia a dar un giro de 180 grados al modelo de escolarización que ha primado en Andalucía durante 37 años de gobiernos del PSOE. Pero la nueva norma sí introduce un cambio puntual que favorecerá un aumento -muy relativo- de las matriculaciones en la privada concertada en detrimento de la pública. En el proceso de escolarización del próximo curso, que empieza en 15 días, la Consejería de Educación asignará un colegio concertado -el más próximo a su domicilio- a las familias en cuya zona de escolarización no haya uno. Un alumno que viva en un distrito escolar donde no haya escuelas concertadas recibirá, a partir de ahora, la misma puntuación por domicilio familiar (14 puntos) que el niño que viva enfrente.

Este ajuste abre algunos interrogantes, porque el embudo de la escolarización en los colegios católicos concertados de Andalucía se concentra sobre todo en los barrios acomodados de las grandes ciudades -Sevilla y Málaga-, donde el problema no es que falten este tipo de escuelas -las hay en todas las zonas educativas- sino que el exceso de demanda en algunos centros deja fuera a bastantes alumnos. No deja de ser un problema estadísticamente minoritario, porque el 93% de los niños de 3 años entran en el colegio que sus padres han elegido como primera opción (el 97% si se incluye también la segunda opción), según datos de la consejería. Por tanto, esta modificación puntual del decreto no responde a necesidades globales de planificación, sino a una demanda histórica de un estrato social acomodado muy vinculado a los votantes del centro derecha.

En el 82% de los municipios de Andalucía no hay escuelas privadas concertadas. En los pueblos más pequeños existe el distrito único, no hay zonas de influencia, y en muchos casos tampoco hay oferta concertada, porque no resulta rentable para las empresas del sector. ¿La Junta de Andalucía prevé concertar colegios que ahora son públicos en esos municipios para dar respuesta a la demanda de las familias? Imbroda asegura que no, pero Bendodo deja abierta la puerta a ampliar “la libertad del derecho a elegir centro escolar”, una consigna política que en la comunidad educativa se traduce como una apuesta por ampliar la red privada concertada.

El nuevo baremo de escolarización sigue puntuando más tener hermanos ya matriculados en un colegio, o a sus padres trabajando en el mismo; la cercanía al domicilio familiar y laboral; la renta per capita y el pertenecer a una familia numerosa o monoparental. Educación ampliará la puntuación a las rentas más bajas y, como novedad, se va a ponderar el patrimonio a la hora de calcular ese nivel de renta de las familias para evitar llegar al sorteo (que se usa en última instancia cuando la demanda supera la oferta). También es novedad que las familias sumen un punto en la matriculación de su hijo si éste ha estado previamente matriculado en una escuela de Infantil (0 a 3 años).

La consejería también prevé meter dentro de la planificación escolar el nexo entre los institutos concertados (que terminan en 4º de ESO) y los institutos públicos. Serán los titulares de los centros privados concertados los que pedirán a Educación a qué centros públicos quieren adscribirse, y sus alumnos no tendrán que esperar a septiembre para conocer dónde continuarán sus estudios.