El exlíder de Vox en Andalucía estrena como denunciante la Oficina Antifraude del Parlamento mientras está imputado por fraude

El juez Francisco Serrano, candidato y líder de Vox en Andalucía hasta que su partido le invitó a marcharse, acudió este miércoles a la recién creada Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción del Parlamento, para tramitar una denuncia como representante legal de unos clientes. Serrano ejerce como abogado desde que abandonó la política, y también está siendo investigado por un supuesto delito de fraude de ayudas públicas y estafa.

El ex diputado autonómico ha preferido no dar detalles sobre sus representados ni sobre la administración contra la que iría dirigida su denuncia, “por respeto a la confidencialidad de mi cliente”. “De momento sólo hemos intercambiado información con la Oficina, tenemos documentación y queríamos compartirla para estudiar el caso”, ha explicado a este periódico.

La oficina Antifraude tiene dependencias en el Parlamento andaluz y personal en activo, pero todavía está pendiente de que la Mesa apruebe su reglamento interno para empezar a funcionar. Hasta el mes que viene no estará plenamente operativa, según fuentes de este órgano. Su director, el juez Ricardo Vicente Puyol, fue nombrado por la Cámara el pasado octubre. Aunque aún no puede iniciar ninguna investigación, ha recibido ya una docena de denuncias que afectan a varias administraciones públicas. Una de ellas es la que ha presentado este miércoles el juez, algo que ha cogido “por sorpresa” al director de la oficina.

Serrano entró en el despacho de Puyol acompañado de otros dos abogados. La documentación que llevó consigo, como el resto de denuncias recibidas por la Oficina, deberá esperar a que la Mesa de la Cámara apruebe el reglamento definitivo de la oficina, que acaba de recibir las sugerencias de un informe del gabinete jurídico con más de 60 páginas. Una vez esté en funcionamiento, la oficina Antifraude podrá incoar resoluciones e iniciar investigaciones de oficio y a instancias de cualquier persona denunciante contra una administración o de su personal. De momento está recopilando la documentación que les llega.

El propio Serrano está siendo investigado por un presunto “fraude de subvenciones o alternativamente de estafa” con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla investiga las ayudas públicas que recibió la empresa Biowood Niebla, de la que era socio el ex líder de Vox en Andalucía junto a otros dos imputados en la causa: Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

Candidato y líder defenestrado

Francisco Serrano fue candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 2018, y diputado autonómico hasta septiembre de 2020, cuando se vio obligado a dimitir, abandonar el grupo parlamentario y el partido de Santiago Abascal. Unos meses antes de renunciar a su escaño había roto con su grupo y adquirido la condición de no adscrito. Su condición de ex diputado le permite acceder al Parlamento sin necesidad de que la institución o los grupos políticos le inviten. Él mismo ha acudido este miércoles para presentar la documentación que acompañará a la denuncia ante la Oficina contra el Fraude. “Aunque todavía no pueda tramitarla”, dice, “en breve estará operativa y queremos que se gestione cuanto antes”, ha explicado a este periódico.

La dirección nacional y andaluza de Vox empujó al juez de Sevilla a abandonar su grupo parlamentario después de varios desencuentros notorios con él: sus críticas a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de 'la manada' -la violación múltiple de cinco jóvenes a una chica en los sanfermines de Pamplona, en 2016-, que le supusieron la pérdida de su condición de portavoz y presidente del grupo [fue sustituido por el diputado Alejandro Hernández] y la amenaza de “medidas correctoras” por parte de su formación política. El negacionismo de Serrano respecto a la violencia machista y la igualdad de género rebasó incluso los límites de la dirección de Vox, que terminó ejerciendo presión interna para que su candidato estrella en Andalucía dimitiera.

Pero, sobre todo, el punto de inflexión entre el juez y al formación de extrema derecha fue la apertura de diligencias de un juzgado por un presunto fraude de ayudas públicas. El ex líder de Vox en Andalucía desvió supuestamente las subvenciones recibidas del Ministerio de Industria, Turismo y Energía -en el marco del programa Reindus-, que estaban destinadas a una empresa de combustible de serrín (pellets), pero acabaron en gastos de ocio y compareventa de acciones. La Agencia Tributaria reclama a Serrano el reintegro a la Hacienda pública de un millón de euros por el préstamo de 2,48 millones que el ministerio le concedió en 2016 y que nunca reembolsó.

La investigación atribuye a Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas. La apertura de diligencias contra el juez estalló como una bomba dentro de Vox: el propio Serrano, desde su condición de diputado, había abanderado las críticas de su formación contra anteriores gobiernos del PSOE y contra los sindicatos por “las paguitas”, como llamaba peyorativamente a las subvenciones.

Según la Fiscalía, merced a una convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, y el dinero se ingresó en una cuenta bancaria de Serrano. Posteriormente, parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado en diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, “entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención”. El ex líder del partido de ultraderecha compareció ante el juez el pasado mes de mayo y declaró su “confianza” en la Justicia y su deseo de que se aclarasen los hechos.

La Oficina Antifraude en ciernes

El Parlamento andaluz aprobó el pasado junio la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y Protección de la persona denunciante, con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del resto de la Cámara. La norma contempla la creación de una oficina adscrita al Parlamento, integrada por funcionarios y dirigida por una persona “de prestigio” nombrada por “mayoría cualificada”. En octubre fue elegido para ese puesto, a propuesta del partido naranja, el juez Ricardo Puyol, ex vocal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hasta 2014. En estos meses, Puyol ha tenido mucho trabajo interno, preparando la puesta en funcionamiento de la oficina, y presentando el nuevo órgano de extracción parlamentaria a otras administraciones de todas las provincias andaluzas (diputaciones, alcaldías...).

La Oficina contra el Fraude fue una promesa de campaña y un empeño personal del líder regional de Ciudadanos, el vicepresidente Juan Marín. El objetivo es abrir investigaciones por fraude o corrupción, bien de oficio o a través denuncias externas, en cualquier institución pública andaluza: la Junta de Andalucía y sus agencias, ayuntamientos, universidades y cualquier otra persona, sociedad o empresa beneficiaria de subvenciones, como el propio Serrano. La norma habla de situaciones de “engaño intencionado para obtener beneficios mediante el uso ilegal o irregular de fondos o patrimonio público” y “abuso de poder, aprovechamiento irregular del uso o la información derivadas de las funciones atribuidas”.