Andalucía aprueba una ley antifraude y marca distancias con el 'caso Kitchen'

La ley contra el fraude y la corrupción en Andalucía y la protección de la persona denunciante ha sido aprobada en sede parlamentaria. Los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox ponen en marcha una iniciativa que ha contado con la abstención de PSOE, Adelante Andalucía y los diputados no adscritos.

Con este proyecto el Ejecutivo andaluz propone hacer frente a la corrupción, “una de las mayores preocupaciones” de la ciudadanía, aseguran. La ley llega además en un momento clave para los intereses del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. La reciente imputación de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por el ‘caso Kitchen’ es otro ejemplo de cómo los populares todavía siguen arrastrando la pesada carga de sus casos de corrupción. Con esta medida “nuclear” para la legislatura, el Gobierno andaluz juega su baza de asimilar la imagen de Andalucía con la “transparencia”. San Telmo se afana en desvincularse de las prácticas atribuidas a Génova y promueve una “lucha activa” para prevenir la utilización de fondos públicos como ocurriese en el espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

El PP andaluz quiere evitar el desprestigio que salpica a su partido aunque el diputado no adscrito José Ignacio García ha tildado la medida de ser una maniobra para “lavar la imagen de Moreno Bonilla más allá de Despeñaperros”. La figura de Javier Arenas no ha pasado desapercibida en el debate parlamentario. El que fuera secretario general del PP niega los sobresueldos que se le asignan en los papeles de Bárcenas sobre la caja B. Los populares andaluces defienden que mantenga su escaño en el Senado ya que “no está acusado ni imputado”.

Con la finalidad de investigar hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, el texto pone los cimientos para erradicar del imaginario social que la corrupción goza de impunidad. La ley es también otro golpe de efecto del Gobierno autonómico para señalar la herencia recibida de la anterior legislatura socialista. El objetivo es “reventar las sombras donde se escondían casos como el de los ERE, el de la FAFFE o el Formación. Ya no habrá más puticlubs con dinero público”, ha apuntado el portavoz popular, Antonio Nieto. 

La ley, promovida por el vicepresidente Juan Marín, ha servido para que el portavoz de su formación haya presumido del rol que juegan los naranjas en su coalición de Gobierno junto al PP. “Ciudadanos ha puesto fin a la corrupción en Andalucía”, ha dicho Sergio Romero. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad, Ciudadanos, junto con el PSOE, rechazó la propuesta de Podemos para crear una Oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía. Corría el año 2016 y esta iniciativa quedó estancada pese a ser uno de los compromisos de investidura de la por entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz.

“Llega tarde”, ha recalcado la diputada no adscrita Teresa Rodríguez. Ella y sus ocho compañeros se han abstenido en la votación de una medida que sólo ha incluido una de sus diez enmiendas presentadas. Adelante Andalucía también se ha abstenido al considerar que el texto ha “empeorado” durante el trámite parlamentario. Su portavoz Ana Naranjo ha resaltado el “cinismo” del Gobierno andaluz al afrontar cuestiones relacionadas con la corrupción. Hace un par de semanas que su propuesta para depurar responsabilidades ante los conocidos contratos exprés de la Junta fue rechazada.

Vox, sin sobresaltos

La negativa a crear una comisión de investigación por estas contrataciones urgentes durante los meses más acuciantes de la pandemia contó también con el aval de Vox. Una de cal. El Ejecutivo andaluz recuperó el favor de su “socio preferente” después de que consumara su amenaza de ruptura con el Gobierno autonómico. Su rechazo a la Ley de Sostenibilidad Urbanística (LISTA) provocó la primera derrota parlamentaria del presidente Moreno en lo que va de legislatura. 

Sin embargo, en esta sesión plenaria no ha habido “espectáculo”. Sin sorpresas, Vox ha apoyado el proyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía. Su portavoz, Manuel Gavira, ya había anunciado este apoyo a una iniciativa incluida en el compromiso entre PP y Vox para la investidura de Moreno como presidente de la Junta. 

Simplificación burocrática

La formación de extrema derecha también ha respaldado, sin sustos, el decreto ley para agilizar la tramitación que reconoce la situación de aquellas personas en dependencia, con su correspondiente derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El texto lleva “la firma de Vox”. Uno de los puntos en el acuerdo presupuestario para el año 2021 de la formación con PP y Ciudadanos da prioridad a la resolución de expedientes administrativos que reconozcan a las personas en una situación de dependencia. El decreto de ley también apela a las “mejoras en la financiación y la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”. Vox no iba, esta vez, “a echar piedras a su propio tejado”.  

Este decreto ha sido convalidado gracias a los votos de PP, Ciudadanos, Vox y los diputados no adscritos. Los grupos parlamentarios de PSOE y Adelante Andalucía lo han rechazado.