La Fiscalía Superior pide al TSJA que devuelva a Alaya la investigación de los aforados en los ERE
La Fiscalía Superior de Andalucía se ha adelantado a los tiempos y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no se declare competente para investigar a los aforados andaluces implicados en el caso de los ERE (los exconsejeros Aguayo, Ávila, Vallejo y Recio) y que la causa respecto a ellos sea devuelta “sin más dilación” al juzgado instructor de Mercedes Alaya.
El argumento que utiliza el Ministerio Público es que los cuatro aforados dejarán de pertenecer “de manera inminente” a la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, ya que no han sido incluidos en las listas electorales del PSOE-A de cara a los comicios del 22 de marzo. De esa forma, con la nueva constitución de la Cámara autonómica el próximo 16 de abril, perderán su condición de aforados y su situación y futuro judicial volverá a estar en manos de Alaya, quien remitió en enero la exposición razonada respecto a los aforados autonómicos.
Como informó este periódico, el blindaje de los exconsejeros como aforados ante los ERE no hacía realmente falta, puesto que al TSJA no le daba lugar a tomar decisión alguna antes de las elecciones ni iba a cometer por sí mismo decisiones inoportunas que pudieran interferir de alguna manera en campaña o precampaña, como avisó su presidente, Lorenzo del Río. Eso sí, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal tras este dictamen de la Fiscalía será inminente, según fuentes judiciales, porque además lo expone “como un imperativo procesal”. Alaya podría tomar alguna decisión respecto a ellos en cuanto le sea devuelta esta parte del caso de la que se desprendió el pasado enero.
“Al día de hoy, resulta materialmente imposible que el Tribunal Superior de Justicia pueda designar Magistrado Instructor que dicte, en su caso, Auto de Apertura de Juicio Oral, antes de que pierdan su condición de aforados las personas citadas en la Exposición Razonada y que aún no han sido ni siquiera imputadas. De otra parte, tampoco el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y en el curso de las Diligencias Previas 174/2011 ha dictado Auto de Apertura del Juicio Oral”, explica la Fiscalía.
“Esta situación procesal exige y así lo solicita la Fiscalía Superior, que el Tribunal Superior de Justicia, declare que no es competente para la investigación y enjuiciamiento de los hechos y asi pueda continuar, sin más dilación, la instrucción de la causa en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, una vez pierdan las personas relacionadas en la Exposición Razonada su condicion de aforadas al dejar de pertenecer de manera inminente a la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía”, señala en concreto el dictamen de Fiscalía, fechado el pasado 26 de febrero y que ha trascendido este lunes.
El dictamen, suscrito por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, recuerda que tiene lugar en la actualidad un proceso electoral autonómico y da cuena incluso de la presentación de candidaturas por la Junta Electoral de Andalucía que ha verificado la proclamación de candidatos y la publicación de las listas el pasado 24 de febrero. Al comprobar que ninguno de los aforados estaba en las listas socialistas y que no mantendrían esa condición, al mismo día siguiente emitían su informe.
“Resulta un hecho notorio que ninguno de los cuatro aforados a los que se alude en la Exposición Razonada ha sido incluido en las listas electorales, siendo previsible que perderán la razón de su aforamiento en el momento en el que cesen como miembros de la citada Diputación Permanente y sea constituido el nuevo Parlamento andaluz”, dice el dictamen.
Piezas separadas
Por otro lado, el fiscal superior hace suya la reflexión que desarrollara en varias ocasiones la Delegación en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción sobre la necesidad de formación de piezas separadas de enjuiciamiento “conforme a una lectura lógica de los hechos y de su mecánica comisiva”, existiendo un elevado número de ayudas de signo variado que distingue entre las llamadas ayudas sociolaborales y las ayudas a empresas, su extensión y complejidad, el importante número de imputaciones que a veces encuentran una instrucción judicial avanzada mientras otras derivan de expedientes administrativos no abordados en sede judicial. En este sentido, la Fiscalía abunda en “la necesidad –cada día más urgente- de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados, la simplificación y activación del procedimiento y de todas sus garantías o la necesidad de su conclusión en un plazo razonable para que tenga lugar su enjuiciamiento”.
Añade al respecto que de la investigación y el examen de las conductas acotadas en la Exposición Razonada “es ciertamente escindible del resto de la instrucción judicial que se sigue en el Juzgado Provincial visto que la propia Instructora divide la exposición de hechos en dos fases perfectamentes diferenciadas: una primera de ideación y
diseño del procedimiento específico para canalizar las ayudas en general y, una segunda etapa, de ejecución administrativa y material, consistente en la suscripción de convenios particulares de colaboración y de pólizas de seguro, en las que solamente intervenían, siempre según la Exposición Razonada, el responsable de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía“.
Por último insiste en que “esta y otras consideraciones hacen posible, por tanto, una investigación separada de las personas aforadas”, “la misma conclusión a la que llega, en términos muy parecidos en Auto de 13 de noviembre de 2014 del Tribunal Supremo cuando recuerda la conveniencia de que se respete en la máxima medida posible el derecho al juez ordinario respecto de cada una de las personas a las que se imputan hechos punibles”.
