La eliminación de la fundación andaluza para la mediación sufragará la subida salarial para los funcionarios de justicia
La Fundación Pública Andaluza de Mediación y Arbitraje (Mediara) tiene los días contados. Ciudadanos advirtió hace unas semanas que había detectado que su existencia podría ser prescindible y que alguno de los departamentos de la Junta, en concreto Justicia, podría asumir las competencias en materia de mediación sin necesidad de mantener una fundación. La extinción de Mediara será el segundo ente a eliminar en el nuevo Gobierno de la Junta después de que el consejero de Educación, Javier Imbroda, firmara el decreto para prescindir de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve).
El final de Mediara permitirá, en parte, el abono de la subida salarial de los funcionarios de la Administración de Justicia, consensuada en el mandato socialista y que el actual vicepresidente, Juan Marín, puso en duda en su primera comisión parlamentaria. La Junta rectificó poco tiempo después y acordó hacer frente al acuerdo pactado por los antiguos ocupantes de San Telmo tras la salida en tromba de los sindicatos. La Junta solventó las quejas sindicales anunciando un pacto con CSIF, SPJ-USO, STAJ, CCOO y UGT para la aprobación de un crédito extraordinario de hasta 4,2 millones para este mismo año, al no haber disponibilidad en los presupuestos prorrogados de 2018.
Para cumplir con el plan, no le van a venir “nada mal” los 1,73 millones procedentes de parte de la dotación no patrimonial que fue inyectada en noviembre de 2009 a la fundación Mediara, según reconoce el viceconsejero de la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Alejandro Cardenete, en declaraciones a eldiario.es Andalucía.
El objetivo de la fundación Mediara era trasladar a la ciudadanía que tiene a su alcance una vía distinta a la tradicional, la judicial, para resolver sus conflictos, por ejemplo en la jurisdicción mercantil. A partir de ahora, sus funciones las asumirá la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, con la finalidad de seguir la “máxima” del nuevo Gobierno de “ganar en eficiencia y prescindir de lo prescindible”, asegura Cardenete.
Dotación no patrimonial sin gastar
El viceconsejero, según relata, se encontró nada más asumir el cargo que el acuerdo anual con Mediara, que suponía una inversión de unos 200.000 euros al año, vencía este 9 de febrero. Según le reconoció la directora-gerente de la fundación, Pilar Calatayud, una abogada nombrada en la reunión de Patronato del 28 de junio de 2013, la función de implementar la mediación por la que nació en noviembre de 2009 “se había cumplido” con la instalación de Puntos de Información de Mediación (PIMed) en una docena de sedes judiciales, entre otras cuestiones.
Así las cosas, se inició el proceso para su extinción. Los informes encargados por el viceconsejero señalan que, además de la dotación fundacional de 30.000 euros y el coste de 200.000 euros anuales, Mediara contaba desde el inicio de su creación con una dotación no patrimonial de unos 2,4 millones de euros, de los cuales 1,73 millones no se han gastado y pasarán a servir para otras cuestiones, principalmente para la mencionada subida salarial de los funcionarios de justicia.
Antes de todo ello, el Consejo de Gobierno dará “en las próximas semanas” la orden para la extinción de la fundación y se nombrará a un “liquidador” que se encargará de ajustar todas las cuestiones. El único funcionario que trabajaba en Mediara pasará a ocupar su correspondiente puesto en la administración andaluza y Calatayud cesará con la disolución de la fundación, que dejará igualmente de alquilar la sede de Mediara, en el Edificio Viapol.
Paralelamente, la Junta ha pedido una auditoría particular para Mediara ya que, antes de todo eso, se tienen que aprobar las cuentas del año 2018, siempre antes del 30 de junio de 2019. Hay que tener en cuenta que la fundación ha contado durante estos casi diez años de existencia con el apoyo de 80 entidades, colegios profesionales y asociaciones de mediación con los que existen convenios de colaboración.
Una reorganización pendiente, según el PSOE
Consultado por la eliminación de una fundación que había mantenido toda la década los gobiernos socialistas, fuentes del PSOE andaluz indican a este periódico que tenían “previsto reorganizar dicha fundación, pero no ha dado tiempo”. “Ahora lo que hay que garantizar es que desde la Consejería se asuma lo que es y significa la mediación y el arbitraje, y se lleven las actuaciones correspondientes a cabo”.
Las mismas fuentes apuntan que la exconsejera del ramo y diputada Rosa Aguilar va a registrar una pregunta para el nuevo consejero sobre “la garantía de ejercicio de funciones, o sea, que el trabajo se lleve a cabo y se comprometa la Consejería económicamente y políticamente”. “Vamos a estar vigilantes para que el presupuesto contemple la mediación y que el trabajo se lleve a cabo”, apuntan las fuentes socialistas.
El pasado 26 de enero, la primera reunión del Consejo de Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, aprobó la puesta en marcha de una auditoría centrada en empresas públicas y agencias instrumentales. La actuación con Mediara no estaba dentro de este plan, pero la renovación o no del convenio este pasado febrero ha acelerado los trámites para su definitiva extinción, que se ejecutará durante la próxima primavera.
