El dudoso encaje legal del “Genoma del funcionario” de la Junta de Andalucía: “Una agencia de protección de datos lo echaría atrás”

La idea de que la administración, ayudada por sistemas de inteligencia artificial, recabe información y comentarios de sus funcionarios en foros de Internet y redes sociales no convence a los expertos consultados por eldiario.es/Andalucía. El proyecto, denominado “Genoma del funcionario” y explicado por Ana María Vielba (Secretaria General para la Administración Pública) en un vídeo difundido por el Instituto Andaluz de Administración Pública, pretende utilizar “todo aquello que [el funcionario] tenga puesto en sus perfiles públicos” para incorporarlo a “un perfil de cada uno de los funcionarios”.

La intención es “retener el talento de los funcionarios y captar nuevo talento”, según fuentes del Gobierno autonómico. La administración autonómica se esforzó ayer por transmitir que el proyecto expresado por Vielba es aún una idea y que no consta en ningún documento. Fuentes del Gobierno conocedoras del proyecto insistieron también en un matiz que no se menciona en el vídeo: se requeriría siempre el consentimiento de cada funcionario, que durante el concurso público daría su autorización para que se conozcan sus intereses, con el fin de trazar su perfil. En el vídeo, la secretaria general parece sugerir que ya se ha analizado la legalidad de este proyecto. “Por ahí va ir todo lo que nos da la ley como base legal”, señala, aunque fuentes oficiales resaltaron ayer que la idea no tiene carácter oficial, y rehusaron aclarar cuál sería su base jurídica. 

Sin embargo, aun contando con el consentimiento, el encaje legal parece imposible, según los expertos consultados. “Lo veo bastante difícil, sobre todo si el rastreo de redes se liga al desarrollo profesional de los funcionarios. Lo veo tan verde que probablemente una agencia de protección de datos lo echaría atrás”, opina Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y director de privacidad de la Asociación OdiseIA-Observatorio del impacto de la inteligencia artificial.

El tratamiento de datos personales, más aún con fines de perfilado, requiere una “base de legitimación”, según el Reglamento de Protección de Datos. Puede ser una ley, si existe un interés público, o el consentimiento. “El problema es que en la administración y el ámbito del trabajo el consentimiento no vale, porque hay una asimetría entre las partes”, explica Cotino: “Sin consentimiento, ni hablamos”.

Además, el consentimiento como base de legitimación para el tratamiento de datos personales debe formularse sin condicionantes, porque podría estar viciado si se vincula al acceso a un trabajo, la promoción profesional o un contrato. “Se puede generalizar la idea de que si no consientes [a la recopilación de comentarios] no vas a ascender o va a condicionar tu carrera”, resalta el experto, que solo ve posible un proyecto en el que se tracen perfiles por comentarios en redes sociales si tuviera un fin genérico de investigación, anonimizando los datos y con pleno control de una autoridad de protección de datos. Es decir, nada que ver con el proyecto anunciado.

Otro experto académico, que prefiere mantener el anonimato, cree que la idea es “claramente antijurídica”. A diferencia de una empresa privada que pueda hacer uso de comentarios de candidatos en foros públicos en los que se pierde la privacidad, una administración pública se rige por el principio de legalidad administrativa. “Esto sería una injerencia desproporcionada en el derecho a la intimidad de los empleados. No está justificado el interés público que le llevaría a recabar datos expuestos por empleados públicos en Internet”. Y zanja: “Una oferta más eficiente de empleo público no justifica tratar los comentarios que se vierten en redes sociales”. 

En mayo de 2019, el Tribunal Constitucional ya declaró la inconstitucionalidad de la modificación de la ley electoral (aprobada por unanimidad en el Congreso) que permitía a los partidos políticos recabar opiniones personales de los electores en Internet sin su consentimiento y someterlas luego a tratamientos informáticos.

El proyecto suscitó este jueves el rechazo unánime de los sindicatos, que alertaron del riesgo que entraña para el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. También de que la administración conozca de forma sistematizada las opiniones privadas vertidas en foros diversos. Fuentes sindicales hablan de “espionaje”, “Gran Hermano” y “fisgoneo”.