El Gobierno andaluz prevé concertar por primera vez la atención a discapacitados intelectuales y mayores sin apoyo familiar

Mientras el Servicio Andaluz de Salud sigue ultimando un concierto millonario con la sanidad privada para tratar de resolver el aumento de pacientes de salud mental, otro concierto para la prestación de servicios sociales públicos se avecina, en este caso por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Después de que entrara en concurso de acreedores la fundación de Sevilla que se encarga de la atención de unas 450 personas dependientes con enfermedad mental, discapacidad intelectual o mayores con deterioro cognitivo, la Junta va a aprovechar para darle una vuelta al sistema de prestación de apoyos y prepara un concierto social para hacerlo homogéneo en las ocho provincias, dejando definitivamente la gestión en manos de empresas privadas aunque con financiación pública.

Estamos hablando de la atención a personas (unas 3.200 en Andalucía) como aquellos gemelos dependientes de un pueblo de Sevilla cuya abuela demandó a través de un juzgado que una fundación tutelar asumiera el cargo de guarda al haber cumplido la mayoría de edad y ella no poder hacerse cargo de ellos. Son personas que no tienen apoyo familiar o, aun teniéndolo, se considera que ese entorno es perjudicial o incapaz. En aquel caso, los juzgados asignaron la curatela (una nueva figura de representación máxima para personas dependientes) a la Fundación Hispalense de Apoyos, que ya lamentaba las dificultades para la atención de este colectivo de personas. A aquellos gemelos se les reconoció el derecho de acceso al servicio de atención residencial en el centro de otra fundación, como informó este periódico.

Pero el sistema va a cambiar durante el próximo año. Hasta ahora la asistencia a estas personas, carentes de familias y de otros apoyos estables que han visto limitada su capacidad por decisión judicial, se venía prestando principalmente a través de ocho fundaciones de apoyo (una por provincia). Esas entidades cuentan en su patronato con la Consejería, el ayuntamiento de la capital, la Diputación, la fundación pública de salud mental Faisem y normalmente asociaciones de los tres sectores (enfermedad mental, discapacidad intelectual y personas mayores). También existen fundaciones directamente privadas, a veces vinculadas a esas entidades, que no cuentan con administración alguna en su patronato, y que también se encargan de esas personas.

Las primeras, que atienden a unas 2.600 personas del total, se vienen sufragando con una “financiación mínima” a través de subvenciones nominativas de la administración y de retribuciones judiciales (aportaciones de los usuarios aprobadas por el juez en cada uno de los procedimientos civiles establecidos al efecto), con dificultades incluso para la rendición de cuentas que cada año tiene que presentar ante sus patronos.

Lo ocurrido con la Fundación Hispalense de Apoyos ha sido detonante para que la Junta apostara por una reforma del sistema, no sin antes haber tenido que asumir de urgencia la asistencia a las personas de Sevilla y provincia afectadas por la definitiva “insolvencia económica” de esa fundación. “Estamos trabajando junto a las fundaciones en un nuevo modelo de apoyos”, reconoce a elDiario.es Andaucía el director general de Personas con Discapacidad de la Junta, Pedro Calbó, quien recuerda que en el caso de Sevilla se puso a disposición de los juzgados dos entidades tutelares “para garantizar el apoyo a estas personas” (TAU y Padre Miguel García Blanco, de la Orden de San Juan de Dios).

Un modelo extendido en Madrid

Se tratará en concreto de un concierto social en el que el servicio quedará totalmente externalizado, como ha pasado con la gestión de los centros de menores infractores. Un modelo de gestión sobre todo para servicios sociales y sanitarios, muy extendido en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde la administración saca la convocatoria, pone las condiciones de las entidades aspirantes, adjudica y pone un precio al servicio.

Habitualmente se formalizará por cuatro años, tal y como es la pretensión de la Junta (“para una mayor estabilidad”, dice Calbó), con una única licitación que contemplará ocho lotes (uno por provincia). La Consejería se viene reuniendo en las últimas semanas con las fundaciones para “consensuar” las nuevas reglas del juego, que aún se están definiendo, explica Calbó. Uno de los objetivos del nuevo planteamiento es “homogeneizar” el servicio en toda Andalucía a partir del “diálogo” con las entidades de apoyo que hasta ahora venían prestando el servicio, insiste el representante de la Junta.

La duda principal es si la Junta separará a las entidades por población que atiende (personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o deterioro cognitivo por edad) o seguir siendo generalistas, optando por una entidad que atiende todos los grupos. Una abogada conocedora del sistema comenta a este periódico que en principio la Junta pretendía “meter a todos en el mismo saco, independientemente de las necesidades y edades de ellos”. Es decir, “jóvenes, ancianos y mediana edad, todos bajo una misma entidad, una locura”. Una opción a la que una entidad con recorrido en Sevilla se había opuesto, si bien auguran que se estipulará un precio por persona atendida, no un concierto millonario. Según confirma Calbó, es “un debate profundo en el sector” que “aún está pendiente de resolver”.

Lo que está más claro es que la primera consecuencia de este cambio de modelo es que la Junta de Andalucía tendrá que salir del patronato de las fundaciones de apoyo, ya que no podrá ser a la vez financiadora y financiada, sin que aún esté claro qué pasará con el resto de patronos (ayuntamientos y diputaciones). El temor que tienen las actuales fundaciones es que al final se salgan también y desaparezcan, comentan fuentes del sector. La Consejería, además, en la convocatoria pública tendrá en su mano las condiciones y características de las entidades aspirantes: experiencia en el sector, solvencia económica, profesionales, capacidad de intervención, etc. “El nuevo modelo, al definir cómo se debe prestar el servicio, supone una mayor implicación por parte de la Junta”, apunta el director general.

“Sinergias” con el sector

La mayor preocupación que se tiene entre las fundaciones de apoyo es si podrán presentarse grandes empresas o cualquier empresa que se precie, como ocurre en otras comunidades autónomas. “En Madrid y en otros lugares de España este tipo de conciertos se utiliza de forma generalizada para financiar miniresidencias, centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral para personas con enfermedades mentales. La experiencia en otras comunidades es que los conciertos terminan ganándolos grandes empresas, de ahí el miedo”, comentan estas fuentes, que apuntan que grandes empresas del sector sociosanitario están al tanto del proceso e incluso han acudido a esas reuniones.

Pese a que todavía existen “otros elementos pendientes de reflexionar”, asegura Calbó, la Junta pretende implementar el nuevo modelo antes de que acaba el año 2024. “Queremos hacerlo lo antes posible, pero priorizando el acuerdo y las sinergias con el sector”, comenta el director general, quien insiste en que se está abordando “un proceso participativo” en el que también se está contando con las aportaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial, asegura Calbó.

El representante de la Junta afirma que, en la licitación pública por concurrencia competitiva, los criterios de baremación estarán bien definidos, así como el personal que se haga cargo de estas personas dependientes pero donde la Junta tratará de primera “la calidad del servicio”. En la licitación se preverá el crecimiento en el número de usuarios que se atisba para próximos años, algo que se tendrá en cuenta en los pliegos. “Aún se está dibujando el marco”, insiste Calbó, quedando la Junta tras la adjudicación como “vigilante en el cumplimiento” en la prestación de un servicio sobre el que tendrá “más grado de control” y “mayor garantía”, algo que, en todo caso, siembra las dudas en el sector de las fundaciones tutelares.