La Junta asumirá la atención de personas tuteladas en Sevilla tras la quiebra de la fundación de apoyos

La junta de patronos de la Fundación Hispalense de Apoyos, que ejerce la tutela de unas 400 personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual o personas mayores con deterioro cognitivo en Sevilla, acordó el pasado jueves su entrada en concurso de acreedores por quiebra económica. El vacío asistencial en la que se quedarán esas personas (por razón de enfermedad o trastorno mental grave, discapacidad intelectual, edad avanzada o cualquier otra causa que les impide un adecuado ejercicio de sus derechos) será asumido por la Junta de Andalucía, cuya Delegación Provincial de Inclusión Social tiene designada a una persona como miembro del patronato.

Estamos hablando de personas como aquellos gemelos dependientes cuya abuela demandó a través de un juzgado que una fundación tutelar asumiera el cargo de guarda al haber cumplido la mayoría de edad. Los juzgados asignaron la curatela (una nueva figura de representación máxima para personas dependientes) a la Fundación Hispalense de Apoyos, que en aquel caso concreto ya lamentaba las dificultades para la atención de este colectivo de personas. A aquellos gemelos se les reconoció el derecho de acceso al servicio de atención residencial en el centro de otra fundación, como informó este periódico.

Fuentes del entorno de la fundación explican que no se ha podio encontrar otra solución a la complicada situación económica por la que venía atravesando la fundación, cuya falta de viabilidad ha desembocado finalmente en una inminente insolvencia. La extrema vulnerabilidad de las personas a las que atiende la fundación ha hecho que desde la Junta de Andalucía se hayan puesto a trabajar con antelación en el “futurible” pero más que probable caso de que la fundación deje de poder hacerse cargo de ellas, según comenta a elDiario.es Andalucía el director general de personas con discapacidad, Pedro Calbó.

Discapacidad intelectual, salud mental, personas mayores

El responsable autonómico, en todo caso, advierte de que la Junta está a la espera de que la fundación presente “formalmente” el concurso de acreedores y que, posteriormente, la autoridad judicial encargue a la administración la atención de las personas usuarias de la fundación al tener las competencias para ello. “Lo primordial es que no se queden en ningún momento desamparados”, incide Calbó.

Serán varios juzgados, de Sevilla y de su provincia, ya que todos son casos distintos y el proceso para cada uno de ellos será diferente. Cabe recordar que la Ley 8/21 de 2 de junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, suprime la declaración de incapacidad y se centra en la provisión de los apoyos necesarios que este tipo de personas pueda precisar (con tres perfiles: discapacidad intelectual, salud mental, personas mayores) y que viven, según qué caso, en residencias, en viviendas tuteladas o en su propio domicilio.

El director general, que indica que “se está determinando” en este tiempo cómo se atenderá a estas personas y qué personal se encargará de ello cuando los juzgados resuelvan, avanza que la Junta de Andalucía está trabajando en un nuevo modelo de atención a nivel autonómico en este sentido y que se establecerá tras un proceso de diálogo con las fundaciones y entidades provinciales que se encargan de la cuestión y cuyo funcionamiento es similar, con la Junta como patrona de las fundaciones provinciales.

Homogeneizar la atención

Durante años se trabajó en este sentido por medio de subvenciones, si bien con las fundaciones de tutelas (ahora “de apoyos”) se trató de suplir las carencias de ese sistema de ayudas por convocatoria pública. La idea de la Junta es, sin querer comunicar detalles del modelo, a expensas de comentarlo a nivel provincial, es homogeneizar esta atención en toda Andalucía, mejorar la financiación y establecer y regular cómo prestar estos apoyos a estas personas, avanza escuetamente el representante andaluz, a tenor de la “mala planificación” en los últimos años, según denuncian desde el entorno de la fundación hispalense.

La Fundación Hispalense de Apoyos se encarga de personas carentes de familias y de otros apoyos estables que han visto limitada su capacidad por decisión judicial bien en razón de enfermedad o trastorno mental grave, discapacidad intelectual, edad avanzada o cualquier otra causa, proceso o enfermedad que les impida su auto gobierno o un adecuado ejercicio de sus derechos. “Un referente que les ayuda en la gestión de sus necesidades y si es necesario, en el cuidado y administración de sus bienes, en el marco de la cooperación solidaria y coordinación con cuantos agentes públicos o privados estén comprometidos en fines similares”, dice en su web. Conforme al artículo 7 de los Estatutos de la Fundación Hispalense de Apoyos, sus fines de interés general son la prestación de apoyos, la protección, salvaguarda y defensa de los derechos de toda clase y patrimonios, de las personas adultas que no puedan hacerlo por sí mismas o se encuentren dificultadas o limitadas para ello, ya sea por razón de enfermedad o trastorno mental, discapacidad intelectual o discapacidades derivadas de la edad y de cualquier enfermedad o proceso que produzca limitación o discapacidad en la persona para el adecuado ejercicio de sus derechos y les sean encomendados por decisión judicial.