El Gobierno andaluz teme que una denuncia tumbe los confinamientos de sus municipios tras el auto judicial de Madrid

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha tumbado el confinamiento perimetral de la capital abre un precedente judicial que puede tirar, como fichas de dominó, las restricciones de movilidad aprobadas en otras comunidades autónomas. La decisión de los jueces madrileños no afecta directamente a Andalucía, donde ya hay confinados tres municipios -Casariche (Sevilla), Linares (Jaén) y Almodóvar del Río (Córdoba)- y otros 15 bajo estrecha vigilancia, pero ninguna con más de 100.000 habitantes.

Sin embargo, las restricciones de movilidad ciudadana aquí tienen la misma base jurídica que en Madrid, donde acaban de ser desactivadas por la justicia. Fuentes del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla reconocen su preocupación al respecto y admiten que “la denuncia de un solo vecino podría tumbar los confinamientos” ordenados en esta región. La Consejería de Salud volverá a “monitorizar” este fin de semana los municipios y zonas costeras donde tienen localizadas las segundas residencias de los madrileños, en previsión de un puente en el que muchas visitas pueden llegar de la capital. A la Junta le preocupa, aunque cree que esta vez, al contrario que en verano, la llegada de madrileños a Andalucía será “residual”, porque la mayoría se quedará en Castilla y León y alrededores“.

Andalucía, junto a otras comunidades gobernadas por el PP, votó en contra del acuerdo del Comité Interterritorial de Salud que fijó los criterios comunes para confinar una población con elevada tasa de contagio: 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un nivel de positividad en pruebas PCR superior al 10% y una ocupación de las UCI del 35%. La Junta votó en contra pero, al contrario que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, descartó recurrir la orden ministerial en los tribunales, al considerar que “no les afectaba”, porque ninguna de las 12 ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes presentaba los criterios de confinamiento consensuados en el Comité de Salud.

Por la misma razón, la Junta defiende que el auto judicial de Madrid no es extrapolable a Andalucía, ya que Casariche, Linares y Almodóvar del Río son municipios mucho menos poblados. Reconocen que la base jurídica de estos confinamientos es la misma que se ha aplicado en Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, pero subrayan que aquí nadie ha recurrido las restricciones de movilidad. “La clave es el diálogo. En Madrid ha salido mal porque el Ministerio de Sanidad ha usado la imposición, y jurídicamente eso no se sostenía”, explican fuentes próximas al presidente andaluz.

El protocolo que la Junta ha seguido para ordenar las entradas y salidas de los municipios más afectados por la Covid-19 es el siguiente: el lunes el comité de expertos científicos de la Junta presentaba su propuesta (basándose en los mismos criterios aprobados por Sanidad), el martes la aprobaba el Consejo de Gobierno y acto seguido se informaba a la Delegación del Gobierno central en Andalucía, al alcalde del municipio que iba a ser confinado y a la junta local de seguridad, y finalmente era publicado en un BOJA extraordinario. Desde Presidencia apuntan que también se informa a un juez y que es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que ha ratificado “a posteriori”, en sendos autos, los confinamientos de Casariche, Almodóvar del Río y Linares.

Con todo, el Ejecutivo andaluz teme que la grieta jurídica que se ha abierto en Madrid, a consecuencia del pulso entre el Gobierno central y el de Díaz Ayuso, termine dinamitando la estrategia de contención del virus en esta comunidad. Los jueces del TSJM entienden que “las medidas limitativas de derechos fundamentales” que establece la orden de Sanidad “constituyen una injerencia de los poderes públicos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”. “La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”, añaden.

Los de Moreno avalan la estrategia de la presidenta madrileña y creen que “la vía para hacerlo bien era aprobar de urgencia una ley nacional de Salud que se adapte a las circunstancias excepcionales de la pandemia”, en alusión a la fórmula legislativa ad hoc que diseñó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ante la crisis del évola. “El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo dejación de funciones. Este auto deja en evidencia el ridículo institucional ante el mundo. ¿No había un informe de la Abogacía del Estado? Hay un carajal en la gestión de la crisis sanitaria en España, cada uno hace lo que le da la gana, y el Gobierno no quiere coger el mando del Enterprise”, explican fuentes próximas al presidente andaluz.

El PSOE, principal partido de la oposición, ha recriminado este jueves al presidente andaluz que él y el resto de barones territoriales del PP presionaran para acelerar la desescalada, poner fin al estado de alarma y recuperar el mando único. En ese momento, los populares dejaron de apoyar las prórrogas del estado de alarma, y Moreno y otros presidentes autonómicos argumentaron que bastaban determinadas leyes orgánicas de sanidad para que las comunidades gestionaran la pandemia con margen para restringir la movilidad ciudadana, entre ellas se citaba la Ley Nacional de Salud, que es la que se ha aplicado para confinar Madrid, y que los jueces han tumbado. El mismo tribunal, en su auto, lanza un reproche al Ejecutivo central por no haber dispuesto ya una norma específica para afrontar la situación de pandemia en la que España lleva inmersa casi siete meses.

Durante la sesión de control en el Parlamento, las intervenciones de Susana Díaz, líder del PSOE, y de Inmaculada Nieto, portavoz de Adelante Andalucía, han puesto el foco en las críticas a la Junta por la gestión de la pandemia. Díaz recuerda a Moreno que esta región sigue por debajo de la media en número de PCR por cada 100.000 habitantes [153 frente a 217,78 de media nacional] y denuncia que sólo una pequeña parte de los 8.500 rastreadores que declara la Consejería de Salud trabajan “a tiempo completo”. “La mayoría es personal de Atención Primaria que tiene otras múltiples competencias y que hacen lo que pueden en situación de colapso”, dicen los socialistas. Nieto también ha puesto el acento en el desbordamiento de los centros de salud, citando a responsables de algunos distritos sanitarios que reconocen abiertamente haber aparcado la atención médica diaria para “centrarse en la pandemia”.

En el seno del Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos hay un malestar incómodo por cómo el pulso entre el Gobierno central y madrileño en medio de la pandemia salpica a toda la clase política, y a sus respectivos partidos en particular. “Los políticos estamos dando un espectáculo poco edificante en el escenario más complicado del siglo, en plena pandemia. Es el momento de ceder en los planteamientos propios”, dejó dicho este martes el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, en velada alusión a la situación política de Madrid.

Moreno Bonilla, muy preocupado por asentar su imagen de moderado dentro del PP, sostiene que no recibió “ninguna directriz” de Pablo Casado para oponerse a la orden ministerial de Sanidad. El barón andaluz discrepa de las tácticas de Díaz Ayuso, pero también reconoce que la capital de España es un avispero político en el que es más complejo evaluar las decisiones sanitarias, y que termina afectando al resto de regiones debido al centralismo mediático del país