Hace dos semanas que Ciudadanos es un partido de Gobierno en Andalucía, pero aún no ofrece datos oficiales, avalados por la contabilidad de la Junta, sino las mismas estimaciones que hacían desde la oposición. En los últimos dos días, el vicepresidente y líder de la formación naranja, Juan Marín, ha ofrecido dos cifras contundentes para presentar dos de sus grandes proyectos de regeneración democrática: El lunes aseguró que la “deuda” que les ha dejado el anterior Gobierno de Susana Díaz ronda los “700 u 800 millones de euros” en concepto de indemnización por sentencias judiciales contra la Junta. Este martes, tras la segunda reunión del Consejo de Gobierno, anunció la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, y advirtió de que “el dinero público de las subvenciones que está siendo investigado por la Justicia alcanza los 5.000 millones (la mitad del presupuesto de Salud en un año)”. Ninguna de estas dos cifras son datos oficiales.
Ni la Consejería de Hacienda ni la de Presidencia -ambas gestionadas por el PP- asumen estos números como propios de la Tesorería o del gabinete jurídico de la Junta, y remiten a la oficina del vicepresidente “para que lo aclare”. El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos que preside Juan Manuel Moreno Bonilla tiene aún poco rodaje y sigue dando síntomas de trabajar como si fueran dos administraciones en una: cada partido marca su agenda política desde las consejerías que gestiona y articula un discurso propio. El titular de Presidencia, Elías Bendodo, será el nuevo portavoz de la Junta, sin embargo, este martes no respondía por las cifras aportadas por el vicepresidente, que compareció a su lado.
Desde el gabinete de Marín admiten que “los datos aportados no son exactos, sino estimaciones basadas en lo que nos vamos encontrando -por ejemplo en las visitas a la empresa pública de Turismo o a la Escuela Ecuestre- y lo que se ha ido publicando en los medios”. “Son cifras que se usaban en la oposición, pero aún es pronto para manejar números oficiales”, advierten. Aún así, el vicepresidente de la Junta ha incluido esa estimación de 5.000 millones de euros en ayudas públicas investigadas por la Justicia en el vídeo oficial con el que han presentado la futura Oficina Antifraude. Preguntado al respecto, Marín no ha sabido desglosar ni los 700 millones de la “deuda” por las sentencias en contra; ni los 5.000 millones repartidos en distintas causas judiciales contra la Junta, de las que ha mencionado el fraude de los ERE; el caso Invercaria, el caso avales, las facturas falsas, el caso Marismas, el caso Faffe...
De los 700 millones que Marín computa por el pago de sentencias condenatorias, la Consejería de Hacienda sólo ha podido corroborar 385 millones, relativos a los tres grandes fallos imputados al gasto del Presupuesto andaluz de 2018: 165,6 millones de multa por haber paralizado la construcción del centro comercial Nevada, en Granada; 63 millones a favor de la eléctrica Aerogenerados del Sur; y otros 156 millones por los retrasos en la obra del Metro de Sevilla. Fuentes del anterior Gobierno socialista aclaran que estas tres sanciones millonarias están ya imputadas al gasto del último Presupuesto (2018), y por tanto “no condicionan el ejercicio 2019”. La última sentencia, relativa al Metro, fue asumida por el último Consejo de Gobierno de Díaz, el pasado diciembre, pero no se ejecutó la orden de pago a Tesorería porque ya estaba en funciones.
Hay otras sentencias firmes menores y contrarias a la Junta, “pero no suman una cifra considerable como para llegar a los 700 u 800 millones” que estima Marín. La suma más cuantiosa que pesa sobre el Gobierno andaluz es una reclamación patrimonial de Gas Natural de 358 millones de euros por la paralización del proyecto Marismas, el oleoducto próximo a Doñana. Pero por ahora es un litigio entre peritos -el gabinete jurídico de la Junta estima una indemnización mucho menor- que no ha entrado aún en fase judicial, confirman fuentes judiciales a este periódico.
Oficina Antifraude, casi desde cero
El primer Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio de San Telmo -sede de la Junta de Andalucía- ha reiniciado los trámites para crear la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Es decir, ha puesto el contador a cero para retomar un proyecto que el anterior Ejecutivo socialista impulsó hasta la redacción de un decreto. Ese borrador finalmente se quedó encallado tras un informe desfavorable del Consejo Consultivo. El vicepresidente de la Junta será ahora quien pilote la creación de la llamada oficina antifraude, “destinada a prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción”. Marín dice que usará “como base” el borrador anterior, pero que el nuevo órgano tendrá rango de ley, es decir, necesitará de una tramitación parlamentaria mínima de nueve meses, de modo que la oficina no estará operativa en los primeros cien días de Gobierno, admiten desde la Junta.
El Consejo de Gobierno también ha acordado otro de los asuntos prioritarios del acuerdo PP-Ciudadanso, a saber: solicitar al Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), la extinta agencia de la Consejería de Empleo. La Faffe está siendo investigada ahora en los tribunales por un asunto ocurrido hace diez años: el supuesto uso de dinero público de una tarjeta de crédito vinculada a uno de sus directivos en prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba. El Parlamento, a instancias del PP y Cs, ya constituyó una comisión de investigación sobre la Faffe al final de la pasada legislatura, pero expiró al poco de echar a andar porque la ex presidenta Susana Díaz adelantó las elecciones. “Dicha fundación”, dice Marín, “ha incurrido en presuntas irregularidades que han sido puestas de manifiesto por la Cámara de Cuentas, así como por la Fiscalía Superior de Andalucía”.
El último punto del paquete de regeneración democrática, aprobado en el primer Consejo de Gobierno, es la creación de una auditoría de los principales entes instrumentales de la Junta. Un cometido que tiene que llevar a cabo la Cámara de Cuentas y que el presidente Moreno calculó que estaría lista en 45 días. Sin embargo, este órgano de control y fiscalización del Gobierno se rige por una ley propia que establece que es el Parlamento -la comisión de Hacienda- quien debe remitirle la solicitud de auditoría, especificando qué examinar y con qué profundidad. Esa solicitud aún no se ha cursado porque las comisiones parlamentarias aún no se han constituido.