El Gobierno andaluz prevé aumentar el gasto en conciertos con clínicas privadas para reducir la lista de espera en sanidad
A los dos meses de formarse el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía, el gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla ha lanzado dos anuncios de impacto directos al corazón de “la joya de la corona” del anterior Ejecutivo socialista: la sanidad pública. Son dos anuncios interconectados y presentados en forma de causa-efecto. El primero es la acusación más grave vertida hasta ahora contra el anterior Gobierno de Susana Díaz en el capítulo de “herencia recibida”: los socialistas, según un informe elaborado por la actual Consejería de Salud, “maquillaban las listas de espera de pacientes”, dejando fuera a más de 500.000 andaluces que aguardan una operación o consulta especializada. En algunos casos, la demora “hizo peligrar sus vidas”, sin descartar, “por pura estadística”, que algunos murieran en la espera de ser atendidos, subraya el titular de Salud, Jesús Aguirre. Con otro recuento “más integral” y sumando a ese medio millón de personas, el nuevo Gobierno andaluz cifra en 843.538 los pacientes que esperan por una intervención quirúrgica o para la consulta a un especialista.
El segundo anuncio, como consecuencia del anterior, es que el nuevo Gobierno va a impulsar un plan de choque para reducir esa lista de espera en tiempo récord -tres meses para los casos con más demora-, y para hacerlo los recursos de personal e infraestructura del Servicio Andaluz de Salud son insuficientes. “El sistema colapsaría”, dice Aguirre, citando a sus técnicos. La población diana del plan de choque es de 30.348 pacientes, y para alcanzar su compromiso, el Gobierno de PP y Cs baraja aumentar el gasto para conciertos con clínicas privadas, a las que se derivará a un 30% de los pacientes en lista de espera. El 60% del presupuesto previsto en el plan de choque -15,5 de los 25,5 millones de euros- irá destinado a ampliar esos conciertos.
La sanidad fue uno de los campos de batalla del PP contra Susana Díaz en la pasada legislatura. Los populares reconocieron enseguida la herida abierta de aquella Administración, cuando más de 55.000 personas salieron a manifestarse en las calles de Granada en contra de la gestión que hacía la Junta de la sanidad pública. Luego se repitieron protestas en Sevilla, Málaga y Huelva, y Díaz descabezó toda la cúpula de la anterior Consejería de Salud para aplacar las críticas. El PSOE se dio cuenta ahí lo alejado que estaba de la pulsión ciudadana, indignada con la Junta tras años de crisis y recortes. En 2018 el Gobierno socialista aumentó un 5,3% el gasto sanitario, que es el más voluminoso del Presupuesto andaluz: un 31,7% del total, en torno a 9.735,4 millones de euros.
El nuevo Ejecutivo de PP y Cs ha anunciado este martes un plan de choque para reducir en tres meses las listas de espera en la sanidad pública que, según sus datos, duplican las cifras que hasta ahora ofrecía el anterior Ejecutivo socialista: Hay 843.538 andaluces esperando para una intervención quirúrgica o para la consulta del especialista. El 60% de estos pacientes -506.408 personas- “no estaban contabilizadas en las estadísticas oficiales” de la anterior Consejería de Salud, “ni fueron remitidas al Ministerio de Sanidad”, afirma el nuevo titular de la cartera.
Aguirre ha comparecido tras el Consejo de Gobierno con un detallado informe técnico sobre las listas de espera en los hospitales y centro sanitarios de toda Andalucía. Se ha servido de un powert point lleno de tablas, números y comparativas para denunciar que el Gobierno de Susana Díaz “mintió a los andaluces” y “maquilló las listas de espera”. “Había 500.000 andaluces que no existían para el Ejecutivo anterior”, ha subrayado, tras explicar que los números que ofrecía su predecesora, la ex consejera de Salud, Marina Álvarez, “no son homologales” a sus cifras, porque los socialistas no computaban a muchos pacientes que aguardaban por una consulta o intervención quirúrgica. “Ellos hacían las cuentas de forma sesgada y torticera, nosotros hemos contabilizado a todos. Un paciente es un paciente”, subraya Aguirre.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha tildado de “escándalo el maquillaje de las listas de espera”, pero ha sido mucho más duro al denunciar que el Gobierno del PSOE “ha jugado con las vidas de los andaluces”. “¿Cuántos de esos 843.000 han fallecido esperando a que les llamen por teléfono? No lo sé con seguridad, pero sólo por estadística, imagínese. No significa que la demora en la espera sea la causa [de la muerte del paciente], pero también ayuda”, ha añadido el titular de Salud.
Estando en la oposición, el PP ya sostenía esta denuncia, incluso amagó con llevarla a los tribunales. Ahora, con los datos oficiales en la mano, el Gobierno de Moreno Bonilla no descarta llevar a juicio a sus antecesores en el cargo. “Vamos a llegar hasta el final. Vamos a seguir investigando y si detectamos una irregularidad mayor, lo denunciaremos”, advierte Bendodo.
Desfase de números
El desfase entre los números anteriores y los actuales se debe a una decisión política: el Gobierno anterior contabilizaba como pacientes en lista de espera a los que aguardaban una operación quirúrgica o una consulta hospitalaria, sujetas ambas al decreto andaluz de garantía de tiempos máximos de espera, y sólo a quienes dependían de los hospitales del SAS (más el San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla). El nuevo Ejecutivo ha ampliado la población diana y pretende contabilizar “a todos los pacientes en espera” que sean “demandantes de asistencia sanitaria de cualquier tipo”. Esto incluye los procedimientos no garantizados por el citado decreto, pero también los pacientes que dependen de los hospitales concertados de Cádiz y los que son derivados a centros privados concertados para operarse, cuando la demora para un hospital público rebasa el máximo legal (en ese momento dejaban de computar en la lista de espera, aunque aún no les hubieran operado en un centro concertado).
La Junta ahora contabiliza a más pacientes, pero también cuestiona la gestión de las listas de espera en el SAS que hacía el Gobierno del PSOE. “Había una sospecha de maquillaje que ya está confirmada”, dice Aguirre. El consejero de Salud acusa a los socialistas de idear fórmulas para camuflar los datos reales, como retrasar el envío de documentación al Ministerio -en vez de cada seis meses, demorándose hasta 13 meses- o incumpliendo el decreto que fija los tiempos máximos de espera a un paciente en 180, 120 o 90 días, en función de la complejidad de la operación. ¿Cómo? “El tapón”, según el consejero, estaba en los médicos de atención primaria, que “metían en un cajón” la consulta al especialista recetada a un paciente, y el tiempo de espera no empezaba a contar hasta que le daban la cita.
El plan de choque de la Junta contará con un presupuesto de 25,5 millones de euros hasta diciembre, y con ese dinero se pretende “abrir quirófanos disponibles mañana, tarde y noche”, incluido fines de semana, “si es posible”; y “con el 100% de la plantilla sanitaria, con los quirófanos a tope”; se va a “alargar hasta cinco horas más el horario de los médicos, de forma voluntaria, y recibiendo un plus salarial; se van a desarrollar equipos volantes de médicos, que se desplazarán a los quirófanos que tengan salas de operaciones vacías. ”Si podemos operar diez o doce cataratas en una tarde de sábado, lo haremos“, avisa Aguirre.
El plan A consiste en “rentabilizar y exprimir los recursos de la sanidad pública”, pero el propio consejero admite que los técnicos que elaboraron el informe del plan de choque ya le han advertido de que el SAS no tiene capacidad para reducir, por sí solo, las listas de espera en tiempo récord. “El sistema colapsaría”, dice el consejero. De ahí el plan B: el 60,7% de los 25,5 millones del plan de choque, es decir, 15,5 millones irían destinados a ampliar conciertos con hospitales privados para que se realicen allí las operaciones pendientes del 30% de los pacientes en lista de espera. El gasto para la Junta de derivar a estas personas a centros concertados es más elevado -5.582,6 euros de coste medio, frente a los 1.480,2 euros en la sanidad pública-, en parte por la ocupación de capas durante los días del postoperatorio.
El Gobierno de PP y Cs se plantea semiprivatizar la atención sanitaria para reducir las listas de espera, pero una vez se cerciore de que el SAS no puede cumplir los objetivos marcados en un plazo de tres meses. “Si vemos que no tenemos la capacidad de absorción absoluta en nuestra sanidad pública, iremos a los conciertos en beneficio de nuestros pacientes”, asegura Aguirre. El consejero recuerda que el anterior Gobierno socialista ya mantenía conciertos con centros hospitalarios privados, y derivaba a pacientes que llevaban demasiado tiempo en lista de espera. “Ahora se seguirá en la misma línea”, concluye.
El PSOE de Andalucía ha tratado de desmentir el anuncio del nuevo Ejecutivo, acusándole también de “mentir” sobre los datos de listas de espera del SAS “porque está preparando el terreno para aumentar los conciertos y las privatizaciones”. “Las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera del SAS, aportadas por el Gobierno socialista, son datos oficiales contrastados, expedidos según los criterios y parámetros dictados para todas las comunidades autónomas por el propio ministerio”, advierten.
