La Junta de PP y Cs se encomienda al ladrillo y deroga 23 normas urbanísticas para “relanzar” la construcción en Andalucía

El Gobierno de Andalucía está diseñando la estrategia para tratar de reactivar la economía de la región cuando la crisis sanitaria del coronavirus de un respiro. El 13% del PIB regional y el 14% del empleo de la comunidad pende del turismo, motor del sistema productivo andaluz, ahora totalmente paralizado. Con el turismo “tocado de muerte” esta temporada, la Junta ha volcado todas sus esperanzas en el sector de la construcción, esperando que la recuperación de la obra pública y la promoción de nuevos proyectos urbanísticos absorba a los miles de trabajadores que se han quedado sin empleo en la hostelería y los hoteles de la costa.

El Consejo de Gobierno de este lunes ha aprobado el borrador del decreto ley de clasificación hotelera, que prevé activar 1.100 millones de euros de inversión directa. El consejero de Turismo, Juan Marín, asegura que “grandes cadenas hoteleras habían pedido esta norma”. Pero el vuelco copernicano en la acción del Ejecutivo de PP y Ciudadanos está en el anteproyecto de la futura ley de agilización e impulso de proyectos en materia urbanística, que la Junta ha dado en llamar “nueva ley andaluza del suelo”. Es una norma cuyo objetivo es “atraer inversión” y reactivar los planes urbanísticos en cientos de municipios (495) donde llevan años tramitándose -nueve años de media-, frenando el desarrollo de viviendas y otros proyectos de crecimiento. La norma “deroga 25 leyes y decretos”, en palabras del portavoz Elías Bendodo. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha precisado que la futura ley derogará tres leyes y tres decretos, pero también elimina parte del articulado de otras 16 órdenes autonómicas. “Hay 235 textos normativos que conforman ese laberinto legislativo que ha complicado el desarrollo de Andalucía”, dice Carazo.

La futura ley andaluza del suelo, que inicia ahora su larga tramitación, viene a sumar y simplificar dos grandes normas autonómicas: la de urbanismo (LOUA) y la que regula la ordenación del territorio (LOTA). La primera tiene 18 años de vigencia, ha sido modificada ocho veces, y el PP siempre la ha considerado un escollo para el crecimiento económico de Andalucía. Ahora la Junta propone una norma que reduce a la mitad los plazos para tramitar proyectos, “pero sin menoscabar la participación de los agentes sociales”. También simplifica la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se reduce en un 30% su articulado, y “se incorpora la perspectiva de protección medioambiental y directrices para proteger el litoral”. “Vamos a reforzar la disciplina urbanística”, advierte Carazo.

Respecto a la nueva regulación de establecimientos hoteleros, recogida en el proyecto de decreto ley que ha aprobado el Consejo de Gobierno, el objetivo es ordenar este tipo de establecimientos con unas nuevas categorías que se ajusten a su condiciones y prestación de servicios. La Junta renueva los parámetros de clasificación, de forma que la obtención de las estrellas será en función de una clasificación por puntos. El nuevo sistema ofrece un conjunto de requisitos y servicios a los que se otorga una puntuación concreta.

La principal novedad es la creación de la clasificación de los establecimientos hoteleros de “Gran Lujo”, calificativo al que podrán optar hoteles y hoteles-apartamentos de cinco estrellas si alcanzan la puntuación requerida. El Gran Lujo no estaba incorporado en las normas actuales, lo que daba lugar a la pérdida de importantes inversiones empresariales ante el vacío legal existente en la comunidad autónoma. Se prevé un plazo de cinco años para la adaptación de los establecimientos hoteleros a la nueva regulación.