El negocio de la sanidad privada se abre paso en Andalucía en mitad de la bronca PP-PSOE

Las listas de espera en la sanidad andaluza han desatado la primera gran bronca política entre el actual Gobierno de PP y Ciudadanos y el anterior Ejecutivo del PSOE. En medio de esta guerra de cifras, se abre paso de forma indisimulada el negocio de la sanidad privada en una de las comunidades autónomas que menos conciertos suscribe con clínicas privadas: 419 millones de euros de un presupuesto anual de 9.735,4 millones de euros, el más voluminoso de las cuentas públicas andaluzas. El porcentaje de gasto en conciertos ronda el 4% en Andalucía, que está entre las cuatro regiones que menos servicios externalizados tiene, según datos del Ministerio de Salud. El resto -47 hospitales, 1.500 centros de salud y más de 100.000 profesionales- es de titularidad pública.

Cataluña está a la cabeza en cuanto a privatización sanitaria -25 de cada 100 euros de gasto va para conciertos-, seguida de Madrid y Baleares, que destinan el 11,7% a clínicas privadas, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. El Sistema Andaluz de Salud (SAS) deriva pacientes a clínicas privadas, sobre todo, para pruebas de diagnóstico, pero también para hospitalización, sobre todo en la provincia de Cádiz, donde el déficit sanitario público lo cubren las empresas Pascual. El anterior Ejecutivo mantenía conciertos en Cádiz, en Córdoba (San Juan de Dios), en Almería y Málaga. La nueva Consejería de Salud apuesta por implementar esta fórmula. Este periódico ha pedido reiteradamente, sin éxito, los datos actualizados de concertación al actual gabinete.

La polémica se concentra ahora en el embudo de las listas de espera, un tema muy sensible para miles de familias. En torno al 4% de los pacientes andaluces que el año pasado superaron el tiempo de espera máximo legalmente establecido fueron derivados de la sanidad pública a una clínica privada concertada para ser operado. Es algo que ya hacía el Gobierno de Susana Díaz, muy criticado entonces desde Podemos e IU. Las dos formaciones de izquierda -ahora asociadas en la coalición Adelante Andalucía- acusan a la ex presidenta de haber dado la “coartada perfecta a la derecha para seguir privatizando el sistema sanitario andaluz”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla presentó el martes un informe con un nuevo recuento de las listas de espera en el SAS, sumando medio millón de pacientes que el PSOE no contabilizaba en las estadísticas oficiales. En total son 843.538 andaluces los que aguardan para una operación quirúrgica o una consulta al especialista. Con ese informe en la mano, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunció un plan de choque para aliviar las listas de espera, dirigido a 30.348 pacientes prioritarios. El plan estará dotado de 25,5 millones de euros, de los cuales 15,5 millones (el 60% del presupuesto previsto) irán destinados a ampliar conciertos con las clínicas privadas para derivar allí al 30% de los pacientes seleccionados. El gasto de una operación quirúrgica en un centro concertado es más elevado -5.582,6 euros de coste medio- que en un hospital público -1.480,2 euros de media-, en parte por la ocupación de capas durante los días del postoperatorio.

Aguirre ha adelantado que en el SAS no hay camas ni sala de operaciones suficientes para desatascar las listas de espera en el plazo previsto, ni abriendo los quirófanos “mañana, tarde y noche” y “hasta en fines de semana, si es necesario”. “Si vemos que no tenemos la capacidad de absorción absoluta en nuestra sanidad pública, iremos a los conciertos en beneficio de nuestros pacientes”, avisó el martes. El PSOE le acusó de usar este “pretexto para privatizar las listas de espera en el SAS”, y el consejero admitió que ese escenario es más que plausible. “Hemos pedido un crédito extraordinario de unos 25 millones para optimizar los recursos, poner los quirófanos y los medios diagnósticos al 100%, al personal, desde equipos volantes hasta turnos por la tarde, y si no podemos tendremos que intentar externalizar también las listas de espera”, ha afirmado este miércoles durante una entrevista en Espejo Público.

Entre el PP y el PSOE andaluz se ha desatado una guerra cruenta en torno a las listas de espera. Los populares, ahora con datos oficiales, han acusado al anterior Ejecutivo de “maquillar” las listas, de “mentir” y de dejar fuera a más de 500.000 andaluces, “poniendo en riesgo vidas”. El titular de Salud afirmó que, “por pura estadística”, algunos de los pacientes han podido fallecer esperando “a que les llamen por teléfono” para darle operación o consulta con el especialista. El titular de Presidencia, Elías Bendodo, sugirió que acudiría a los tribunales si detectaban “más irregularidades”. Y con este grado de intensidad, los socialistas se han lanzado este miércoles en tromba a responder al PP. El portavoz del PSOE en materia de Salud, Jesús María Ruiz, ha replicado que tampoco descartan ir a los tribunales si el Gobierno actual “sigue mintiendo gravemente”.

El sistema para contabilizar los pacientes en listas de espera está regulado por una normativa estatal, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, y es homologable en todas las comunidades. El nuevo Ejecutivo andaluz ha incluido nuevas categorías de paciente que hasta ahora no contabilizaban en este sistema, como los que esperan en centros concertados, los que aguardan para procedimientos no reglados en el decreto andaluz de tiempos máximos de espera, o los que son derivados a clínicas privadas cuando excede ese plazo legal y no han sido atendidos. “Han inventado un sistema nuevo para dar la sensación de que hay más pacientes en listas de espera, y tener la excusa de derivarles a la sanidad privada”, dice el diputado socialista. Preguntado si considera que esos 500.000 pacientes en espera deben computar para el Gobierno, aunque no estuviera hasta ahora regulado según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Ruiz ha eludido responder: “Esos pacientes tienen patologías banales”, ha dicho, “han manipulado los datos en contra del Sistema Nacional de Salud para inflar las listas de espera en Andalucía, que están mejor que en otras comunidades”, añade.

El nuevo cómputo de la Junta no permite comparar las listas de espera en esta comunidad con las de otras regiones, según los socialistas. Los grupos de izquierda denuncian ahora que el Gobierno de PP y Cs quieren privatizar la sanidad andaluza y aplicar “la dieta Cospedal” [de Castilla La Mancha] o “el método Aguirre” [de Madrid]. La sanidad fue uno de los campos de batalla del PP contra Susana Díaz en la pasada legislatura. Los populares reconocieron enseguida la herida abierta de aquella Administración, cuando más de 55.000 personas salieron a manifestarse en las calles de Granada en contra de la gestión que hacía la Junta de la sanidad pública. Luego se repitieron protestas en Sevilla, Málaga y Huelva, y Díaz descabezó toda la cúpula de la anterior Consejería de Salud para aplacar las críticas. El PSOE se dio cuenta ahí lo alejado que estaba de la pulsión ciudadana, indignada con la Junta tras años de crisis y recortes. En 2018 el Gobierno socialista aumentó un 5,3% el gasto sanitario, que es el más voluminoso del Presupuesto andaluz: un 31,7% del total, en torno a 9.735,4 millones de euros.