Griñán quiere defenderse de los ERE en el Congreso
La intensa semana judicial con 22 detenciones y siete personas en la cárcel por el caso de los ERE y la ofensiva política del PP, acabó ayer por eclipsar el primer aniversario de ese resultado electoral que, contra todo pronóstico, hace un año le dejó al PSOE continuar al frente del Gobierno andaluz. Tras la celebración de la Ejecutiva regional, el presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, se mostró dispuesto a aceptar el reto que el domingo le marcó en la agenda el PP: comparecer en el Congreso de los Diputados.
Su gesto iba acompañado de otro lance a los populares: una comisión de investigación conjunta sobre el caso de los ERE y Bárcenas. Esta es la primera vez que Griñán nombra al ex tesorero del PP. Pese a los constantes ataques de la bancada popular en sede parlamentaria con los ERE, se ha resistido a hacer uso del escándalo que sacude los cimientos de Génova en las sesiones de control al Gobierno.
La propuesta no obtuvo respuesta. El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, sólo vio “miedo” en las palabras del presidente andaluz, al que vio “acorralado” por la corrupción y con el temor a que “tiren de la manta” algunos imputados.“Cada día es más evidente que es imposible organizar una trama de saqueo de dinero público sin la complicidad por acción u omisión, del presidente de la Junta. Del que está ahora o del que estuvo”, apostilló, en alusión a Chaves, del que también se ha pedido su comparecencia en la Cámara baja.
El gesto de Griñán, en cambio, no sólo fue apoyado por la dirección regional del partido (acudieron buena parte de sus miembros a la rueda de prensa donde hizo su anuncio). Fue bien recibido por los socios de Gobierno. Desde IU, su coordinador regional, Diego Valderas, consideró que su disposición a comparecer “donde haga falta”, es algo que “le honra como demócrata”. “¿Hará lo mismo Rajoy? ¿Pedirá Zoido que dé la cara?”, se preguntó.
La comparecencia de Griñán en la Cámara baja parece complicada. De entrada, según fuentes socialistas, no es posible que un presidente de una comunidad autónoma pueda dar cuentas de su gestión, y la única vía posible sería que lo hiciera por su etapa como ex ministro de Trabajo. Para ello, habría que remontarse a 20 años atrás, pero el caso de los ERE salpica sobre todo a su posterior etapa como consejero de Economía. De todas formas, puede haber un resquicio: el artículo 109 de la Constitución española. Regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales e indica que tanto el Congreso como el Senado, y sus comisiones, podrán recabar, “la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas”.
Tal vez otra fórmula pudiera estar en la figura de la comisión de investigación. De las pocas ocasiones en las que se han dado comparecencias similares fueron las del ex presidente José María Aznar y el ex ministro de Defensa Federico Trillo, en las comisiones del 11-M y por el accidente del Yak 42, respectivamente, pero se referían a sus labores al frente del Gobierno central. De hecho, Griñán ya pudo apuntar en esa dirección al invitar al PP a participar en esa comisión de investigación “conjunta” sobre los ERE y Bárcenas. Según el artículo 52 del Reglamento del Congreso: a propuesta del pleno del Congreso, el Gobierno, dos grupos parlamentarios, la Mesa o una quinta parte del hemiciclo, pueden acordar la celebración de una comisión de investigación “sobre cualquier asunto de interés público”.
El Grupo parlamentario popular ya ha descartado pedir su comparecencia, aunque señalan que Griñán lo puede pedir voluntariamente, y aún así estudian qué fórmulas puede haber para canalizarlo porque “el caso de corrupción más grave de la historia de España” no puede quedar fuera del debate parlamentario.
Por si esta vía prospera o no, Griñán ya tiene otra propuesta en la recámara. En el pleno del Parlamento andaluz de la semana próxima intervendrá y se expondrá de nuevo ante la oposición. Lo hará justo seis meses de aquella comparecencia en la comisión de investigación que acabaría en octubre sin un dictamen aprobado por la Cámara autonómica, porque los tres partidos no lograron ponerse de acuerdo con sus conclusiones. Y el PP atacó por ese flanco. Vio el “reconocimiento” de la esa comisión fue una “auténtica burla al Estatuto y los andaluces”.
Las nuevas explicaciones se unirán a las 389 respuestas por escrito y las 77 de forma oral, en comisión y en pleno, que se han dado por parte del Ejecutivo andaluz.
Griñán aseguró dar este paso porque tiene la “conciencia tranquila” respecto a su actuación durante su etapa como consejero de Economía (no ve ningún “argumento judicial” para una hipotética imputación de la juez Alaya), y de la Junta, y en su estrategia de defensa están todas las actuaciones emprendidas desde que estallara el escándalo. Desde la investigación interna a la colaboración con la justicia, como su personación en el caso o pidiendo imputaciones. Una actitud que resumió en “colaborar con la Justicia”, que se “recupere lo defraudado”, “se condene a los responsables” y “limpiar” el nombre de la “inmensa mayoría de los políticos”. “Se llegará a un esclarecimiento total y sin medias verdades ni trampas”, subrayó.
