Ciudadanos acepta entrar en el gobierno de Cartaya (Huelva) junto a un edil imputado, vulnerando su Código Ético
Ciudadanos ha aceptado formar parte del gobierno municipal de la localidad onubense de Cartaya tras un pacto alcanzado con el PP y el partido Independientes de Cartaya (ICA), uno de cuyos ediles, Juan Polo, está siendo investigado por varios delitos al haber edificado en un terreno presuntamente no urbanizable de su propiedad. Polo será a partir de ahora primer teniente de alcalde en un equipo liderado por Manuel Barroso, del PP, y en el que también estará el único edil de Cs, Israel Medina.
El caso no llamaría la atención si no fuera porque una de las premisas del Código Ético del partido de Rivera es no pactar con cargos electos imputados, y Polo lo está.
De hecho, tiene que responder por un presunto delito contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, que habría cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero. Según el auto, al que ha tenido acceso esta redacción, Polo está siendo investigado por edificar dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable desde que el juzgado ordenó una serie de diligencias, como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.
Aunque en un principio el acuerdo firmado por los tres partidos iba encaminado a que Polo repitiera en la alcaldía -ya fue alcalde de Cartaya anteriormente, pero nunca en mayoría absoluta-, Ciudadanos no quiso apoyar que el edil independiente se hiciera de nuevo con el bastón de mando alegando precisamente su imputación, y finalmente salió elegido el presidente del PP local, Manuel Barroso.
Todo se precipitó en horas, ya que el 14 de junio Polo se acostó alcalde, pero a primera hora de la mañana del sábado 15, horas antes del Pleno de investidura, Ciudadanos decidió modificar su voto, haciendo alcalde al candidato del PP, que sólo tiene 3 de los 17 concejales de Cartaya.
Pero según el decreto municipal que se acaba de publicar con el organigrama del Gobierno municipal, Barroso ha decidido colocar como primer teniente de alcalde a Polo (ICAR). El equipo de Gobierno estará además formado por Israel Medina Pereles (Ciudadanos); Eva Olimpia Moya (ICAR); Rocío Cárdenas (ICAR) y José María Brito Carro (PP).
En su toma de posesión, Barroso presumió de que con su mandato comienza una “nueva etapa” en la que apostará por “una gestión pública honesta, desde el trabajo incansable, el diálogo permanente y la cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos, que son los pilares de nuestro cometido en el Ayuntamiento”.
En aquella sesión, además de Barroso, se postularon otros dos candidatos a la alcaldía: David Domingo Fernández (IU), y Aleix Antonio Landero (PSOE), partido que ganó las elecciones en Cartaya, aunque por mayoría simple, igual que pasó en esta localidad onubense en las elecciones municipales de 2015. El dirigente del PP obtuvo el respaldo de los cinco concejales de ICAR, los tres del PP, y el único concejal de Ciudadanos, Israel Medina, que compartirá Gobierno con un imputado.
“Sólo se me imputa un delito”
A pesar de que el auto judicial cita claramente que está imputado por tres delitos, Polo ha emitido un comunicado en el que niega la mayor, para indicar que “sólo sigue en curso el presunto delito de prevaricación por omisión derivada de un procedimiento administrativo sancionador que, según el denunciante, se debería haber iniciado y no se hizo”.
“Tal procedimiento nunca se llegó a iniciar por asesoramiento técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento pues existía un proceso de regularización en curso que afectaba a casi un millar de edificaciones en el campo”, explica.
En el comunicado da cuenta de los procesos ya archivados, y destaca que “la última resolución del juzgado notificada con fecha 17 de junio de 2019 ha sido recurrida por un error manifiesto de la misma así como por la vulneración de diversos preceptos de la Ley reguladora de Procedimiento Penal, porque se le siguen imputando ”presuntos delitos que ya fueron archivados por las resoluciones anteriormente citadas“.
Cita por último, que “toda esta causa judicial fue abierta tras la denuncia presentada por un conocido militante y exconcejal del PSOE”, llevando el asunto judicial a una hipotética motivación política, además de decir que muchas personas se pueden ver perjudicadas si es condenado, porque “todo esto podría desembocar en el derribo del millar de edificaciones en el campo de cartayeros y cartayeras que se verían afectadas”.
