Una prórroga para el aval, el enésimo retraso de Fertiberia para dejar a Huelva sin balsas radiactivas después de 17 años

El pasado 14 de septiembre Fertiberia pedía a la Audiencia Nacional “un breve margen adicional” para cerrar las negociaciones que está llevando a cabo para la presentación íntegra del aval de 65,9 millones de euros exigidos como garantía para ejecutar el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos situadas en la marisma de Huelva. Una restauración que lleva esperando casi dos décadas.

La responsable de los vertidos en esas balsas es la empresa líder en el sector de fertilizantes español, con una producción anual de seis millones de toneladas. En 1968, cuando arranca su relación con Huelva, se denominaba Fertilizantes Españoles S.A, perteneciente al grupo Ercros.

Desde 2015 el aval debería haberse presentado, pero cinco años antes los residuos tóxicos dejaron de ser vertidos a las marismas de Huelva, sin que desde 2010 se haya retirado ni un metro cuadrado de sus 120 millones de toneladas de fosfoyesos en 1.200 hectáreas. Son 1.200 campos de fútbol llenos de residuos a metros de barriadas onubenses como Pérez Cubillas.

La petición de Fertiberia de que se prolongue el plazo para presentar el aval es una dilación más en el tiempo de una situación que sigue manteniendo en el mapa de Huelva una superficie de residuos que casi iguala a la propia extensión de la capital onubense, y que nadie parece, desde la política, querer presionar para que desaparezca.

En 2014 se creó la Mesa de Participación de los Fosfoyesos, auspiciada por el Ayuntamiento de Huelva y con Junta de Andalucía y Gobierno central reunidos, junto a instituciones, agentes sociales y económicos y colectivos ecologistas, además de la empresa responsable de los vertidos. Hasta cuatro años después no se aprobó su reglamento. Seis años después no se sabe qué utilidad tiene o ha tenido.

Pero no es el único órgano que ha querido poner orden en este tema y ha fracasado. Recién nacida la década de los 90 se alcanzaron los llamados 'Acuerdos del 91', englobados en el Plan General de Ordenación Urbana que se iba a aplicar, como mucho, en 1999. Todas las administraciones se comprometían a reubicar el polo químico y recuperar el suelo industrial para la ciudad. Nunca lo hizo.

El origen

En la década de los 60, con un país que todavía intentaba reponerse de la ruina, la dictadura “repartió” distintos elementos económicos por el territorio nacional. Igual que los altos hornos llegaron a Bilbao o a la SEAT a Barcelona, a Huelva le “tocó” recibir a las industrias de su polo químico que, aunque entonces estaba a las afueras de la ciudad, hoy día el crecimiento urbanístico ha ido acercando a los onubenses a sus chimeneas.

Entre esas empresas estaba la química Fertiberia, que necesitaba un lugar para llevar los residuos procedentes de su actividad industrial. Para ello, se le concedieron en 1967 y 1968 sendos permisos a la fábrica de Fertiberia para ocupar 720 hectáreas en la margen derecha del río Tinto con vertidos, a escasos metros de viviendas de Pérez Cubillas. Las 720 hectáreas de entonces se convirtieron en las 1.200 que finalmente usó, hasta que se le terminó la concesión en 2003. Aquella concesión se llevó por delante incluso un muelle centenario construido por Eiffel para facilitar el tránsito de camiones hacia las industrias químicas.

Nada más obtener la concesión inició su actividad de producción de fertilizantes fosfatados con materia prima extraída del Sáhara Occidental. No le era difícil trabajar con la base en un territorio ocupado por el Estado español. Hoy día, las balsas onubenses son el mayor caso de contaminación industrial de todo el continente europeo.

La sentencia

Fertiberia dejó de verter fosfoyesos a la marisma del Tinto el 31 de diciembre de 2010, pero no fue por voluntad propia ni por querer terminar con el foco de hasta 20 metros de altura de residuos en algunas zonas, aunque su concesión solo le permitía tres metros. A ello la obligó un auto de la Audiencia Nacional que, además, acordaba la ejecución de la sentencia de 27 de junio de 2007, en la que se decretaba caducada la concesión a Fertiberia y se le obligaba a detener el vertido.

Si el auto definitivo tardó tres años en llegar, tampoco la empresa se dio prisa en cumplir la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 27 de noviembre de 2003 que le conminaba a dejar de verter residuos. 

La sentencia se recurrió en casación, pero el 14 de diciembre de 2009 la Audiencia resolvió ejecutarla, acordando la prohibición de apertura de nuevas balsas, el cese definitivo de los vertidos a 31 de diciembre de 2010, el inicio “inmediato” por Fertiberia de la regeneración ambiental de los terrenos, y la constitución de un aval que garantizase la actuación.

La compañía ya dejaba entrever entonces que no estaba por la labor de cumplir la sentencia, y citaba que dependiendo de unas “negociaciones” podría ofrecer o no una solución definitiva.

Las cifras

Los grupos ecologistas y Mesa de la Ría, la única agrupación política que siempre se ha mostrado en contra de las balsas, sostienen que la empresa tiene capital suficiente como para asumir el aval y proceder a la retirada de las balsas. Fertiberia adquirió en 2005 el 66 % del capital social de Fertial, la División Química y de Fertilizantes de Grupo Villar Mir, compuesta por Fertiberia en España y Fertial en Argelia, y se consolidó como el primer productor de la Unión Europea y de todo el arco mediterráneo del sector de fertilizantes, con una capacidad de producción entonces de 8.625.000 toneladas anuales.

Su capacidad de producción se situaba con la fusión en cerca de los cinco millones de toneladas, entre productos intermedios y finales, lo que representaba, aproximadamente, el 75 % del sector de fertilizantes español. Con todo ello, y el dinero que ha ganado en Huelva en más de medio siglo de actividad, entienden que tiene más que suficiente para cubrir los costes.

Sin embargo, Fertiberia dice que está intentando reunir el dinero “por trozos”. Ha constituido avales por valor de 36,1 millones de euros con su “pool” de bancos financiadores (entre los que se encuentran Santander, Sabadell, Bankia, CaixaBank y Bankinter) y mantiene negociaciones con cinco entidades financieras de referencia nacional e internacional que pudieran sumarse, entre ellas la primera institución financiera de Huelva, Caja Rural del Sur.

Además, ha diseñado una estrategia para obtener un seguro de caución que cubra el importe restante (un máximo de 29,8 millones de euros) con la mediación de las oficinas de Londres y Nueva York de Willis Towers Watson (líder en servicios de intermediación de seguros globales a nivel mundial).

Con todo, 17 años después de que en 2003 fuese requerida a dejar de verter y retirar las balsas, todavía “negocia” cómo hacerlo.

El tiempo para la retirada

Los 17 años que han pasado sin retirar las balsas pueden ser 57. Al menos ese es el plazo que Fertiberia lanzó en su día, ya que sostiene que serían diez años de trabajos, a los que habría que sumar treinta más de seguimiento y control. 

Además, contra la exigencia, no expresada contundentemente nunca por el Ayuntamiento, de que los residuos se retiren, está la intención de la empresa de enterrarlos. Su argumento es que llevarlos en camiones a un lugar como el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva colapsaría el tráfico de las carreteras onubenses de sur a norte.

En 2015, el proyecto de retirada se declaró idóneo por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y se sometió a exposición pública. El pasado 29 de septiembre, la empresa recibió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto es que el Gobierno le permitirá enterrar los residuos en las marismas. Sin embargo, en el propio Ejecutivo hay discrepancias, ya que el Grupo de Unidas Podemos se ha mostrado en contra de la DIA positiva por entender que con ello se podrán enterrar “más de 100 millones de toneladas de residuos peligrosos” en las marismas del río Tinto.

La empresa sostiene que tiene proveedores de primer nivel internacional, como Ardaman Associates (firma de EEUU que ha clausurado con éxito más de 60 balsas en todo el mundo) y las firmas españolas Eptisa e Inerco para sacar adelante el proyecto.

¿Cuántas hectáreas son?

La empresa se agarra también a que las 1.200 hectáreas de vertidos no son suyas en su totalidad. El responsable de la dirección técnica del proyecto y del proceso administrativo-judicial en relación al mismo en Fertiberia, Juan Ramón Miró, participaba en una sesión informativa organizada por AIQBE, la asociación que une a todas las empresas químicas de Huelva, donde sostenía que el plan incluye trabajos intensivos sobre una superficie de 450 hectáreas, y entendía que no sólo de residuos de las fábricas onubenses se nutren las balsas, ya que también habría material como cesio-137, depositado en la zona tras el accidente de Acerinox en Cádiz. 

Sostiene que el volumen de fosfoyesos apilados es de 80 millones de toneladas y no de 120, o hasta 150 como apuntan desde algunos colectivos. No aclaró cuántas corresponderían a la propia empresa o cuántas se vertieron desde que en 2003 el Gobierno avisó de que tenía que dejar de hacerlo hasta que en 2010 paró los vertidos.

Niveles de radiación

Fertiberia sostiene que, hasta 2015, realiza las labores de drenaje y desecación, y, hasta el inicio del proyecto lo que están haciendo es gestionar el agua de lluvia. La empresa asegura que “el riesgo radiológico de la balsa es nulo para la población de Huelva, por tanto, no hay afección para la salud”, aunque también habla de “niveles de radiactividad muy bajos que quedarán anulados con la ejecución del plan”.

En 2017, Equo realizó un informe en colaboración con la Unidad Asociada CSIC-UHU ‘Contaminación atmosférica’, desarrollando un mapa radiológico similar al que ya en julio de 2014 elaboró el mismo departamento. Con dos medidores GEIGER midieron en 32 puntos en dos tipos de unidades (µSv/h) como en (MR/h). Los 12 primeros puntos se tomaron en diversas zonas de los depósitos de fosfoyesos y el resto en diversos puntos de la ciudad, con algunas mediciones en las zonas más sensibles como Marismas del Polvorín u hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena.

Las mediciones se llevaron a cabo a partir de las 10.00 horas, con viento en dirección no privilegiada desde los fosfoyesos y a la altura de la cintura del medidor, a aproximadamente 70 centímetros sobre el suelo. A partir de las 13.00 horas el viento sí incidía en la ciudad, aunque la mayor parte de las mediciones se realizaron antes.

Se establece el fondo de radiación natural en Huelva en unos 0.080 microsievert/hora, pero hay puntos en los que este valor se supera en niveles sensiblemente superiores, en las propias balsas de fosfoyesos y también en su entorno cercano. Así, en los puntos medidos en el interior de las balsas (cuatro) los niveles se situaron hasta cuatro veces por encima del fondo natural, en 0.360; niveles que llegaron a alcanzar los 0.945 microsievert/hora en el caso de las mediciones llevadas a cabo tres años antes.

El Consejo de Seguridad Nuclear establece que un microsievert es 1/10 de la dosis que recibiría una persona en un viaje en un avión de reacción entre España y el Reino Unido o un 1/5 de la dosis media anual recibida por cada persona a causa de la lluvia radiactiva.

En 2017, el hospital Juan Ramón Jiménez realizó un estudio que detectó concentraciones significativas del elemento radiactivo Celsio 137 en las uñas de 37 trabajadores que trabajaban en zonas cercanas a las balsas. Era el 40 % de los analizados. A nivel nacional, no se detectó nada similar en las personas analizadas.