El ex interventor general de la Junta dice que las ayudas del caso ERE no suponían “ni menoscabo de fondos públicos ni delito”

El ex interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010 Manuel Gómez ha considerado “llamativo” que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en su informe del caso de los ERE por el que ni siquiera le ha preguntado el fiscal anticorrupción, no hallaran el informe especial sobre la fiscalización de las modificaciones presupuestarias aprobadas por la Consejería de Economía y Hacienda porque dichas modificaciones no tenían informe de la Intervención “de ningún tipo”.

Gómez, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión y 30 años de inhabilitación, ha asegurado que había “muchas deficiencias” en los expedientes de las ayudas pero éstas no suponían “ni menoscabo de fondos públicos ni delito”. A él se le reprocha no haber emitido un informe de actuación por tales deficiencias pero, según ha resaltado, esa cuestión no se recoge en el auto de procedimiento abreviado ni en el escrito de acusación y por “esta omisión” me piden prisión, añadiendo que hasta una docena de técnicos de la Intervención en el ámbito del Control Financiero Permanente no advirtieron tener “en sus narices” un supuesto de menoscabo de fondos.

“No lo valoramos como delito ni como menoscabo, lo que nos obligaría a tomar otras actuaciones”, explicando que de haber realizado un informe de actuación lo hubiese dirigido al consejero titular del departamento al que está adscrita IFA/IDEA, en este caso Innovación, informa Europa Press.

La Orden del 95

Según Gómez, en el análisis de los expedientes administrativos de los convenios se detectaron “muchas deficiencias” y ha compartido una de las conclusiones recogidas en estos informes y es que “no se estaban gestionando bien las subvenciones”. “No voy a defender los expedientes de las ayudas porque son indefendibles”, ha manifestado.

Estas deficiencias en las ayudas, detectadas por el interventor delegado de la Consejería de Empleo, estaban analizadas por el tamiz de la Ley de Subvenciones, aunque para el ex interventor general estas ayudas “no son subvenciones”. “Y si lo fueran, se analizarían sobre la Orden Ministerial de 1995, que creo aplicable plenamente porque está regulando lo mismo, y el análisis --de las ayudas-- sería matizadamente diferente”, ha precisado. El sistema de ayudas sociolaborales usado por el Gobierno central ya se había colado días atrás en el juicio de los ERE

En este sentido, Gómez ha recordado que para la concesión de estas ayudas por el Estado --bajo la Orden del 95-- se exigía únicamente la solicitud y una memoria justificativa, expresando que no comparte que en las ayudas dadas por la Junta se haya “prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

El uso de las transferencias

En cuanto a las transferencias de financiación con las que se pagaron, a través de IFA-IDEA, las ayudas sociolaborales que se juzgan en la Audiencia, su uso era admitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía pese a la “falta de coincidencia” entre el presupuesto del instituto-agencia y el de la Junta de Andalucía. “No era un gasto para IDEA ni se contabilizaba como tal. ”Eso que llama fraude el informe de la IGAE es un abuso conceptual porque equilibra ese desfase presupuestario“, ha dicho sobre unas transferencias de financiación que ”no había que justificar“ porque se trata de ”una dotación de fondo al ente instrumental sin un fin específico“.

También ha comentado que muchas de las cuestiones planteadas por el fiscal anticorrupción durante más de dos horas “le correspondía a la Consejería de Empleo”. “Podría decirle que yo no sé nada, le respondo porque me lo sé, pero por mis manos no pasaba nada de esto”, ha dicho en un momento dado. “No me parece serio que la Cámara de Cuentas no dijera nada en diez años y unos auditores de ocasión digan que lo digan”, ha dicho en referencia al estudio de ayudas aleatorias y el uso de las transferencias una vez estalló el caso.

Informes no vinculantes

Gómez ha explicado que sí se elaboraban informes no vinculantes para las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno y por los diferentes departamentos de la Junta, no así para las modificaciones presupuestarias aprobadas por Economía y Hacienda. “Es llamativo que la IGAE diga que los expedientes de Intervención al consejero de Hacienda no los encontraba, porque no existían. Eso pone de manifiesto muchas cosas. Tiene toda la lógica que no lo encuentre por no existe”, ha remarcado.

El ex interventor se ha ratificado “en líneas generales” en sus tres declaraciones durante la instrucción del caso, una de ellas voluntaria ante el Tribunal Supremo, aunque “la plasmación es desigual” y podría “matizar” algunas cosas. Ha dicho que su departamento, aunque pertenecía a la Consejería de Hacienda, tenía “independencia funcional” y no participaba directamente en la elaboración de los presupuestos andaluces.

Respecto a los informes de las diversas intervenciones delegadas en las provincias y en los centros directivos ha dicho que se les hacía llegar a la entidad auditada, a la persona titular de la consejería implicada y a la de Economía y Hacienda. El hecho de que llegara a la consejera o consejero de Economía “no fue objeto de controversia” pero ha observado que “no tiene mucho sentido” que así fuera aunque no propuso un cambio en ese sentido, ha reconocido.

En cuanto a las discrepancias de la Intervención Delegada de Empleo respecto al expediente de ayudas a Hijos de Andrés Molina de 2000, ha dicho que iba a “ser franco” y que no le pareció “un tema relevante” en aquel momento. “Fue una discrepancia como tantas otras. Si fuera una ayuda excepcional debía llevar una memoria justificativa, pero tengo mis dudas de que fuera una subvención”.

En ese sentido ha explicado que se veía si era viable desde el punto de vista procedimental y jurídico“ y que se resolvió que ”habíamos dejado acotado el camino pero siendo viable“. ”Hay veces que lo que se pretende hacer no es viable, pero este no era el caso“, sin ver ”ninguna cuestión que impida gestionar esa clase de ayudas por ese procedimiento“.