El Gobierno andaluz de PP y Cs achaca al PSOE la pérdida de 6.570 millones de inversión medioambiental privada

Un “tapón”, un “colapso administrativo” por la “dejadez” del PSOE en la Junta de Andalucía y por la “excesiva burocracia” en la tramitación de expedientes de calidad ambiental. Según un informe del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, se han detectado 4.367 expedientes de Medio Ambiente sin resolver durante la etapa socialista, de entre cuatro y diez años de antigüedad, que, según han denunciado, han supuesto que la comunidad autónoma haya perdido hasta 6.570 millones de inversión privada, que habrían creado 92.000 empleos.

“Hay muchas peticiones respecto a energías limpias, como las eólicas, a las que no se ha dado salida. Durante años no se ha dicho ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Había una inseguridad jurídica tremenda a la inversión y una parálisis total”, ha denunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha cifrado en 2.800 millones el dinero asociado a proyectos de energías renovables.

“Parálisis e inseguridad jurídica” en Andalucía por una “falsa protección medioambiental de palabra”, ha remarcado Crespo. “Esto es fruto de una mala gestión tremenda, que ha paralizado Andalucía y no ha protegido la cuestión medioambiental. Creemos en una comunidad autónoma con posibilidades de desarrollo sostenible y durante todo este tiempo no han trabajado por ello”, ha denunciado.

La consejera ha explicado que, para el cálculo de la inversión y el empleo afectado por la “parálisis” de expedientes, la Junta ha estudiado el volumen de negocio de cada proyecto que, sumados “a la baja”, alcanza la cifra de 6.570 millones de euros “que se han perdido o aún no se han podido rentabilizar”. “Algunos se han ido fuera de nuestra comunidad autónoma”, ha señalado, añadiendo que, con los parámetros establecidos para los proyectos de inversión de infraestructuras, resultan 14 empleos por cada millón de euros y cinco empleos asociados a la autorización estacional, que genera una cifra de empleos “perdidos” de 92.000.

El “colapso administrativo” denunciado por el nuevo Gobierno andaluz obedece, según ha argumentado Crespo y el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, a la “falta de responsabilidad” de los socialistas en la “gestión del dinero público” de la Junta. “A los empresarios interesados no se les contestaba ni sí ni no y los temas acababan muriendo porque no se les atendía”, ha comentado Bendodo, quien asegura que el objetivo de la Junta es ahora “recuperar” esas inversiones “perdidas” y que “se queden en Andalucía los promotores que aún no se hayan ido”.

El consejero ha subrayado que los anteriores gestores de la Junta no entendían que “los empleos los crean los empresarios, no los partidos ni las administraciones, que tienen la obligación de poner el canal y los medios para facilitar la actividad empresarial”.

Modificación legal

La tramitación de los expedientes pendientes, según el informe presentado este martes, ha llegado en ocasiones a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos. Esa “parálisis” también se traduce en la pérdida de unos 92.000 empleos potenciales, que representan “más del 11% de la población desempleada en Andalucía”, según la cifra aportada por Crespo. La consejera considera que, sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo para los andaluces.

La Junta, en ese sentido, ha acordado modificar la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y, así, aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ello seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, no obstante, mantendrán siempre todos los requisitos de protección al medio ambiente, según ha anunciado la Junta.

Del total de expedientes sin resolver, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental. En este último ámbito se encuentra, entre otros trámites, la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años. O la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.

Regulación del silencio administrativo positivo

También con la idea de agilización de trámites, el Consejo de Gobierno ha acordado este martes también la redacción y tramitación de una nueva Ley de Urbanismo para Andalucía que, según ha explicado Bendodo, reforzará la autonomía de los ayuntamientos y permitirá la simplificación y unificación de los diferentes textos normativos existentes en materia urbanística.

La Junta defiende que ha constatado la necesidad de redactar un nuevo marco normativo que derogue la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, tras 16 años de vigencia, “ya no responde a los problemas actuales del urbanismo en la comunidad autónoma”.

El texto original de la LOUA, a juicio del Consejo de Gobierno, “ha perdido coherencia en la actualidad debido las sucesivas modificaciones introducidas –hasta 11– y la aprobación de otros textos normativos”. En 2016, el anterior Ejecutivo ya apostó por la redacción de una nueva ley, cuya tramitación alcanzó un anteproyecto que, pese a contener aciertos, “no ataja ni resuelve la problemática en algunos aspectos como la agilización de trámites”.

La nueva Ley de Urbanismo para Andalucía “incorporará las medidas positivas del anteproyecto, pero introducirá nuevas líneas estratégicas que permitirán eliminar la maraña urbanística existente”. La nueva norma, que se ajustará a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, y al principio de seguridad jurídica a través de un marco “claro y sencillo”, tendrá entre sus prioridades garantizar la reducción de los plazos de tramitación actuales.

Además, se adecuará el actual modelo de clasificación del suelo a la legislación estatal, distinguiendo entre el estado actual del terreno, lo que marca su régimen jurídico, y las actuaciones de transformación. Igualmente se propiciará un modelo de planeamiento general menos rígido que el actual y que tenga en cuenta el tamaño y dinámica de los municipios, con especial atención a los de menor población.

También se reforzarán las competencias urbanísticas de los municipios en la aprobación de los instrumentos de planeamiento. En esa línea de respetar el principio de autonomía local, la ley pretende regular, de una manera efectiva, el silencio administrativo positivo, ha anunciado la Junta.