En lucha por la cobertura de vacantes: personal laboral de la Junta de Andalucía denuncia “el deterioro de lo público”
Desde que arrancó el curso en septiembre, Andalucía ha sido escenario de numerosas movilizaciones celebradas por todo el territorio bajo una misma consigna: exigir la cobertura de vacantes y sustituciones en los centros de la Administración General de la Junta. Una situación que llevan años denunciando “de forma reiterada” sindicatos en representación de los trabajadores, que sufren una “sobrecarga” derivada de la falta de personal laboral en ámbitos de toda índole (desde museos a centros de mayores), con especial incidencia en educación.
La última manifestación por esta lucha ha tenido lugar la mañana de este martes en la capital andaluza, como “un paso más” dentro de la campaña reivindicativa que Ustea ASP lleva desarrollando desde hace tiempo. Así pues, personal laboral de las ocho provincias se han congregado frente a la sede de la Dirección General de Función Pública en Sevilla para que la Administración “deje de darle la espalda” a un problema “insoportable” que afecta “irremediablemente a la calidad de los servicios y la atención al usuario”, como condenan desde el sindicato organizador.
“Llevamos perdiendo efectivos una década, pero la falta de coberturas y la sustituciones en los últimos años ha agravado el problema mucho más”, cuenta a elDiario.es Andalucía Isabel Cano, responsable de la rama de Administración y Servicios Públicos de Ustea. Tanto que “algunos centros están al borde del colapso por la falta de personal, con plantillas sobrecargadas de trabajo y expuestas a problemas de salud de prolongarse esta situación de precariedad”, lamenta la sindicalista.
Las personas “no son papeles”
Al respecto, fuentes de la Consejería de Justicia, Administración y Función Pública consultadas por este periódico señalan como principal limitación a la cobertura de vacantes las tasas de reposición establecidas por el Gobierno nacional en las sucesivas leyes de presupuestos. Aun así, desde el citado departamento garantizan que se está tratando de “agilizar el máximo posible, siempre cumpliendo los plazos legales”, y se confía en que en 2023 se puedan “atender todas las necesidades que surjan”, toda vez que el Ejecutivo central ha introducido una disposición de la Ley de Presupuestos que otorga mayor flexibilidad a las comunidades.
Por el momento, Ustea ASP calcula más de 1.300 puestos de personal laboral sin cubrir en todas las delegaciones (igualdad, medioambiente, cultura, educación). Cifra que estiman se va a ver incrementada por las jubilaciones en curso y por una plantilla cada vez más envejecida. “La media de edad de los trabajadores de la Administración es de 54 años, con la mayor probabilidad de bajas y malestar laboral que ello supone”, apunta Paco Sotillo, responsable de Educación de ASP.
Para este sindicalista, el Gobierno de Moreno ha demostrado una “falta de voluntad por cubrir las vacantes”, apostando en su lugar por la “subcontratación” de estos “servicios esenciales” para el correcto funcionamiento de centros como escuelas infantiles, colegios o institutos .“Los niños necesitan el personal necesario en los centros para ser atendidos, no son papeles que se puedan dejar de un día para otro”, defiende Sotillo en referencia al déficit de personal de administración y servicios (PAS) que atraviesan centros educativos de titularidad pública en toda la comunidad. Y que a
Asignatura pendiente en los centros educativos
Solo en este campo, CCOO Andalucía sostiene que el presente curso ha arrancado con el 10% de puestos de personal laboral sin cubrir en los centros educativos públicos, esto es, 1.257 plazas de un total de 11.422 en toda la región. Este lastre que arrastra toda la comunidad desde hace años ha desembocado en una “situación insostenible” para muchos de los centros educativos, según advierten a este periódico los propios trabajadores representados en diferentes entidades sindicales.
Por ello el comité de empresa de la Delegación de Educación en Sevilla - representado por diversos sindicatos como son Csif, Ustea, CCOO y UGT – celebró hace unas semanas otra jornada de protesta similar, concentrándose también a las puertas de la sede de Función Pública, a fin de lanzar un mensaje al unísono: que se cubran las vacantes de PAS.
Desde Ustea aseguran que el déficit de personal laboral es una constante en buena parte de los centros públicos de educación infantil y primaria, escuelas infantiles, conservatorios, residencias escolares y equipos de EOE (Equipos de Orientación Educativa) en todas las provincias andaluzas. Algunos de ellos, como el I.E.S Averroes en Córdoba, o el I.E.S Triana y el I.E.S San Isidoro, en Sevilla, se han sumado a una oleada de movilizaciones que se está llevando a cabo por toda la comunidad desde que arrancara el curso.
Nuevas campañas de denuncia
Concentraciones que cuentan con el respaldo de las asociaciones de madres y padres, conscientes de las repercusiones que entraña semejante déficit en la educación de sus hijos, y que, aseguran desde los sindicatos, van a continuar dándose por toda Andalucía hasta que se cubran las vacantes. En algunos casos, ya se han producido avances, como en el San Isidoro, donde se ha incorporado un segundo ordenanza después de que a finales de octubre el instituto más antiguo de la capital andaluza, al que le corresponden 5 ordenanzas según consta en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), celebrara una concentración a las puertas del centro para denunciar que solo había un conserje para hacer frente al turno de mañana y de tarde.
Con todo, las deficiencias que acumula este instituto - como otros tantos de la comunidad - ha llevado al AMPA del San Isidoro a promover una campaña de difusión en redes sociales. Como cuenta Marta Lorente, presidenta del AMPA del instituto sevillano, se trata de una iniciativa que han puesto en marcha los padres y madres para poner el foco en las carencias del centro.
Se refiere a la falta de personal de limpieza y a la “situación precaria” de las instalaciones, que lleva años con un ala cerrada por problemas de infraestructura. Se trata, en definitiva, de poner en evidencia el “descuido que se ejerce a la educación pública”, en palabras de uno de los padres del AMPA, Rafael, sabedor de que “la falta de medios que observamos en el IES es generalizado en los centros públicos de enseñanza de Andalucía”.
También en Bollullos de la Mitación se llevó a cabo una “jornada de lucha” la semana pasada con la colaboración del Sindicato de Estudiantes. El número de alumnos en este centro de la provincia de Sevilla se ha duplicado en una década. De ahí la reivindicación histórica de que se lleve a cabo una ampliación en el edificio. Esta conquista que se logró hace diez años, pero aún no se ha materializado. Por eso, la semana pasada se sumaron en una movilización estudiantes, familias y profesorado instando a la “ampliación de forma inmediata y la contratación de un segundo conserje”.
Desequilibrios en las necesidades
“Hablamos de puestos de trabajo que son tareas esenciales para el funcionamiento de los centros”, recuerdan desde el sindicato, en referencia al papel que desempeñan en el ámbito educativo profesionales con perfiles tan variados como ordenanzas, personal de limpieza, monitores o personal técnico de integración social. Una figura de enorme importancia para el alumnado de educación especial que en la actualidad presenta un mayor número de trabajadores pertenecientes a empresas privadas que a personal propio de la Junta, según los datos de Ustea.
El problema en cuestión, como informa a este periódico Yolanda Bocanegra Luna, responsable de organización de Ustea ASP Sevilla, es que las bajas y jubilaciones que se están produciendo los últimos meses no se llegan a cubrir con nuevo personal, aunque tales puestos laborales estén contemplados en las respectivas RPT de cada centro. Es decir, una Relación de Puestos de Trabajo que, por otra parte, “llevan años sin actualizarse”, mientras que la Junta opta por la “privatización”, según indican los representantes de estos profesionales.
De ahí que se hayan generado desajustes entre las necesidades reales de los centros y el personal que se dota desde la Consejería de Justicia, Administración y Función Pública - a la que pertenecen - previo requerimiento de la Consejería de Educación, ámbito en el que desarrollan su actividad profesional. Todo ello se traduce en una “sobrecarga de trabajo” para el resto de compañeros y, en último término, en una merma de la “calidad de la enseñanza pública”, tal y como lamentan los sindicatos.
Problema generalizado en la Administración
Además del ámbito educativo, el resto de las delegaciones de la Administración General de la Junta de Andalucía padece un malestar similar. Desde Cádiz, se han desplazado trabajadores como Juan Antonio Fajardo o Antonio Fuentes, que pertenece a igualdad y recrimina la falta de cobertura de vacantes como estrategia para “desmantelar” y “deteriorar” los servicios públicos. A esta afirmación su compañero añade: “la idea es privatizarlo todo”.
Precisamente, la “estrategia de la privatización de los servicios” como sustitutivo de la cobertura de personal laboral propio es una de las principales denuncias de Ustea. A juicio de este sindicato, la privatización que se está llevando a cabo en diferentes centros y categorías laborales como el personal técnico de integración social (PTIS) “parchea el problema” y acarrea inestabilidad y precariedad en el trabajo. Opinión que cuenta con el respaldo de profesionales como Teresa, quien lamenta que desde la Junta se trate de solventar el problema movilizando los mismos recursos para abarcar a un mayor número de centros. Como consecuencia: “la atención a los alumnos es precaria”.
“El personal está quemado porque la situación es insostenible”, deplora al respecto Isabel. Por eso, han ocupado la calle en la que se encuentra Función Pública con pitadas y proclamas como “basta ya de precariedad, cuidemos lo público”. Con este acto, reafirman su voluntad de continuar dando nuevos pasos para exigir unos “servicios públicos de calidad” y recordarle al presidente Moreno que “Andalucía está en lucha”.
0