El Ayuntamiento de Málaga se comprometió en 2015 a rechazar centros para la “privación de libertad” de migrantes

El ayuntamiento de Málaga se opone a la instalación de centros que tengan como función retener a inmigrantes, como es el caso del Centro de Atención Temporal a Extranjeros que el Gobierno tiene previsto abrir en los próximos días. Este rechazo oficial consta en una moción institucional (es decir, aprobada con el apoyo de todos los grupos municipales) de 2015, por la que el ayuntamiento rechaza que “en un futuro” se instalen en el término municipal “cualquier tipo de edificio o instalación”, cualquiera que sea su denominación, que sirva para la “privación de libertad e internamiento” de inmigrantes.

La moción fue aprobada en el Pleno de 26 de febrero de 2015, y tiene su origen en la declarada intención del Gobierno de Mariano Rajoy de estudiar posibles ubicaciones a un Centro de Internamiento de Extranjeros. El antiguo CIE de Málaga fue cerrado en junio de 2012 después de que durante años se acumularan las quejas y denuncias sobre su funcionamiento, interpuestas por entidades sociales, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y el propio ayuntamiento.

A comienzos de 2015, el ministerio del Interior admitió que mantenía su propósito de abrir un nuevo CIE en Málaga, lo que motivó la movilización de las entidades sociales. Incluso el ayuntamiento promovió una moción para expresar el rechazo unánime de todos los grupos políticos, incluyendo el PP, que por entonces mantenía el Gobierno central y el ayuntamiento.

Pese a que en su origen está la pretensión de abrir un nuevo CIE, la moción aprobada es explícita para rechazar no sólo los CIEs, sino cualquier otro tipo de centro que prive a los inmigrantes de su libertad ambulatoria como consecuencia de su situación irregular en territorio español, cualquiera que sea la denominación que se dé al centro.

“El Ayuntamiento de Málaga manifiesta su rechazo a que, en un futuro, se instale en su término municipal cualquier tipo de edificio o instalación ya sea bajo la denominación de Centro de Internamiento de Extranjeros, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, Centros de estancia temporal o cualquier otra que se pueda utilizar- que tenga como objetivo la privación de libertad e internamiento de personas inmigrantes por el simple hecho de su situación administrativa”, dice la moción institucional. Además, se acordó trasladar el acuerdo al Ministerio del Interior.

La moción tuvo el apoyo del PP, PSOE e IU, los grupos que tenían por entonces representación en la corporación. El equipo de gobierno del ayuntamiento no respondió ayer a las cuestiones planteadas para eldiario.es/Andalucía.

Una figura sin cobertura normativa

El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) es una figura no recogida en la normativa, en la que el Gobierno incluye los centros de San Roque-Algeciras, Motril y Almería (que acaba de ampliarse), todos ellos abiertos en los últimos años. A ellos se sumará el de Málaga, ya finalizado, cuya inauguración estaba prevista para el mes de julio, según anunció el mes pasado el ministro del Interior en funciones Fernando Grande-Marlaska.

Los CATE son centros habilitados en los puertos o sus cercanías, con el supuesto objetivo declarado de ofrecer unas condiciones más amables a la primera acogida de los inmigrantes que arriban a las costas tras atravesar el Mediterráneo, y donde se debe proceder a su filiación e identificación. En la práctica, están sirviendo para sustituir a los calabozos policiales, donde los inmigrantes pueden ser retenidos mientras dura su identificación, hasta un máximo de 72 horas. El ministerio sigue sin aclarar su naturaleza y el régimen que los migrantes tienen en ellos.

Algunas ONG denuncian que en la práctica suelen pasar 72 horas retenidos, aunque terminen antes sus procesos. En el caso de Motril, se han denunciado sus condiciones de insalubridad. El Sindicato Unificado de Policía llegó a pedir su cierre por una plaga de insectos ocurrida coincidiendo con la llegada al centro los supervivientes de un naufragio en el que desaparecieron 22 migrantes.

Pese a que el Ministerio del Interior insiste oficialmente en alegar que los inmigrantes no están detenidos, sino “bajo custodia policial” mientras se les identifica, Grande-Marlaska admitió que son “una comisaría”, donde además se prestan otros servicios, como el asesoramiento legal. Interior defiende que se trata de una infraestructura de emergencia, un “espacio de acogida y atención temporal” que permitirá también evitar estampas como las del año pasado, cuando cientos de inmigrantes fueron retenidos en pabellones deportivos improvisados como comisarías.

Módulo para mujeres y niños

Eldiario.es desveló este lunes que los planos del CATE de Málaga, con capacidad para hasta 300 personas, contemplan una superficie media de 2,3 metros cuadrados por persona en los momentos en que esté lleno. Además, los planos contemplan un módulo central previsto para mujeres y niños, que hasta ahora solían ser derivadas al albergue (cuando venían solas) o a centros de acogida gestionados por ONGs.

Francisco José Guerrero, portavoz de APDHA en Málaga, señala que la única finalidad de estos centros es identificar al migrante, entregarles su orden de expulsión y facilitarles la entrevista con un abogado de oficio, sin que en su interior se preste asistencia humanitaria. Por ejemplo, en el caso de Málaga Cruz Roja prestará la primera acogida en un módulo aparte.

“No entendemos que personas que han sido rescatadas en alta mar tengan que ser detenidas. La misma existencia del CATE no tiene sentido”, lamenta Guerrero. Además, desde APDHA lamentan que la detención suele llegar al máximo de 72 horas, aunque el proceso de identificación finalice antes: “En el momento en que se identifica y se le da su carta de expulsión no tendrían que estar detenidos, sino en la calle”.