La Fiscalía de Málaga pide la extradición de Carlos Fernández por el ‘caso Malaya’
La Fiscalía de Málaga ha decidido solicitar la extradición del prófugo Carlos Fernández en el ‘caso Malaya’, al considerar que esta causa por corrupción municipal, en la que el exconcejal del PA no pudo ser juzgado, al ser declarado en rebeldía, no ha prescrito para él. A partir de ahora será el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, quien deberá pronunciarse y pedir al Gobierno, como es previsible, que se dirija a las autoridades argentinas para reclamar al ahora encarcelado y ser juzgado en la Audiencia de Málaga, como lo fueron sus compañeros del Partido Andalucista, los que aparecen en la foto que ilustra esta noticia: Pedro Pérez ‘Chotis’ y María José Lanzat, ambos condenados por cohecho (recibir sobornos) y encarcelados por ello.
Según ha podido saber Marbella Confidencial, el criterio del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, a la hora de pedir la extradición de Fernández a Argentina se rige por considerar que la pena de inhabilitación que acarrea el delito de cohecho (artículo 419 del Código Penal), por el que se acusaba a Fernández, no ha prescrito, porque lo hace a los 15 años.
Tras un minucioso análisis, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que la pena de prisión, al contrario que la de inhabilitación, sí habría prescrito a los diez años.
Cabe recordar que en el auto de procesamiento dictado el 18 de julio de 2007 por el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, Fernández estaba acusado de recibir 150.000 euros en sobornos del cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí, Juan Antonio Roca.
López Caballero, que fue el fiscal delegado de Anticorrupción encargado del ‘caso Malaya’ desde que se abrieron las diligencias previas 4796/2005 entre octubre y noviembre de 2005, se centra por tanto en la pena de inhabilitación para cargo o empleo público por la que podría ser condenado Fernández y no en la de prisión.
El artículo 419 del Código Penal contempla para el delito de cohecho una pena de inhabilitación superior a 10 años y este delito prescribe a los 15 años, por lo que para el Ministerio Público no existe la prescripción que ha alegado la defensa de Carlos Fernández tras su detención el pasado 15 de septiembre.
Anticorrupción y el 'caso Saqueo II'
Con este movimiento de López Caballero, a falta de lo que dictamine el Juzgado 5 de Marbella, serían dos las causas en las que está procesado Carlos Fernández en las que se pediría su extradición al Consejo de Ministros. En lugar de los 30 días de plazo de los que se habló en un primer momento, las fuentes jurídicas consultadas para elaborar esta información aseguran que son 40.
A lo largo de jueves se podrían conocer más detalles sobre la importante decisión que adopta el Ministerio Público sobre Fernández, que se suma a la de la fiscal Anticorrupción Belén Suárez, que ya solicitó a la Audiencia Nacional que reclamara al Gobierno la extradición de Fernández por el llamado ‘saqueo 2’. El presidente de la Sección Tercera del citado tribunal con sede en Madrid, Alfonso Guevara, lo tuvo claro y a su vez se dirigió al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy para que acceda a la petición y la curse ante Argentina.
Cabe recordar que la fiscal Suárez reclama a Fernández 7,8 millones de euros de indemnización para el Ayuntamiento de Marbella en ‘caso saqueo 2’, en concepto de responsabilidad civil, así como una petición de prisión de nueve años por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Todo ello relacionado con su etapa como concejal de Deportes del GIL (1991-1998), como gerente de la sociedad Actividades Deportivas 2000 S.l., una de las 21 sociedades que creó Jesús Gil a su llegada al Consistorio marbellí, con el fin de escapar al control de los funcionarios municipales, especialmente el interventor, dada la opacidad que aplicaban.
La causa ‘saqueo 2’ también conocida como ‘caso Tribunal de Cuentas’ en sus inicios, dimana de una macro querella ante la Audiencia Nacional, interpuesta por el entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en marzo de 2003, a raíz de los informes contables que elaboró el Tribunal de Cuentas del Estado, después de la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, durante el periodo 1991-1999.
