Diputados de 1978 tras el asesinato de Caparrós: “Nos preguntan por las calles por las responsabilidades políticas”
“Nos preguntan en las calles si ya se ha acordado quiénes tienen al menos las responsabilidades políticas”, decía el diputado comunista Tomás García el 27 de junio de 1978. Se refiere a que, en Málaga, la gente le para y le pregunta si entre todos esos diputados que investigan, que son 23, han llegado ya a alguna conclusión respecto a quién es el responsable de que alguien, probablemente un policía, le pegara un tiro traicionero a un muchacho de 18 años durante unas manifestaciones pacíficas por la autonomía andaluza.
Se puede intuir que García contestaría a sus paisanos con evasivas, porque la Comisión de Encuesta que investigó la muerte de Manuel José García Caparrós llegó a la conclusión de que no había ningún responsable político. Tomás García no sabía entonces que tampoco los juzgados encontrarían un culpable. “La investigación policial fue un desastre, la comisión parlamentaria, una tomadura de pelo, la instrucción sumarial, un monumento a la ineficacia”, escribió en Secretolivo el periodista Juan de Dios Mellado, que estuvo allí y siguió todos los procesos posteriores para escribir Morir por Andalucía. Ni las responsabilidades políticas ni las criminales o administrativas se depuraron nunca.
Aquel 27 de junio de 1978 se presentaba ante la Comisión de Encuesta el informe que había elaborado una ponencia de diputados. Aquel día, Tomás García informó a sus compañeros de comisión de que Málaga había sufrido una “profunda conmoción” y un “trauma” el 4 de diciembre y advertía de las heridas que quedarían abiertas si los diputados no cumplían con la tarea que habían asumido cuando se constituyó la comisión: arrojar luz y determinar las responsabilidades de lo que los propios políticos malagueños habían calificado como la “brutal e indiscriminada” represión policial que acabó con la vida de un muchacho.
Uno de aquellos diputados era el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Había ganado su escaño por UCD, el partido entonces en el Gobierno, y votó contra la exigencia de responsabilizar al Gobernador Civil, Enrique Riverola. De la Torre era comprensivo con Riverola, de quien recordaba su fama de aperturista. También justificó en el Congreso que la policía interviniera como lo hizo “en cumplimiento de su obligación” y “con los medios a su alcance”. Lo hizo, decía De la Torre, para “procurar mantener la paz y la tranquilidad en la ciudad, que estaba en aquellos momentos alterada en muchos de sus sectores”.
Sin embargo, De la Torre había exigido explicaciones a los policías el 4 de diciembre y había sido uno de los políticos malagueños que firmó, aqel mismo día de 1977, un manifiesto mostrando su “indignación” por que “las Fuerzas de Orden Público” hubieran reprimido “de forma brutal e indiscriminada” la manifestación “pacífica y entusiasta”. Para justificar su cambio de opinión, el actual alcalde alegó que el día en que murió García Caparrós él contaba con información “reciente, viva y directa, pero muy incompleta”.
De la Torre explicó en la comisión que cuando habló de actuación “brutal e indiscriminada” de la policía, el mismo 4 de diciembre de 1977, no sabía que las ventanas del edificio de Diputación habían recibido exactamente 32 impactos y que se habían roto algunas ventanas antes de que la policía interviniera a porrazos y, en el caso de un grupo de agentes, a tiros. Su compañero en UCD, Huelin Vallejo, había insistido en esa tesis, aventurando que cualquier gobernador civil, del partido que fuera, hubiese dado orden de intervenir si un edificio oficial estuviese siendo atacado. Sin embargo, García Caparrós recibió el tiro policial a un kilómetro del edificio de Diputación.
El Gobernador Civil que no sabía nada
La votación del informe de la ponencia deja otra duda en el aire. ¿Conspiraron algunos elementos de la policía contra el gobernador civil? Tomás García, el diputado del PCE, recuerda que el comisario jefe Francisco Durán recibió y transmitió una información “retardada, tergiversada o cambiada al llegar al Gobernador”. “El propio Gobernador nos dijo a los parlamentarios que se le había informado que se estaba asaltando la Diputación”, destaca ante la comisión de encuesta. Ante el supuesto “asalto” se ordenó la intervención. Sin embargo, el policía Antonio Morales aseguró que lo más alarmante que le había dicho al comisario jefe Durán fue que “la cosa se está poniendo fea”.
Cuando el diputado socialista Carlos Sanjuán preguntó por qué le había zarandeado la policía, el Gobernador Civil no le dio explicación alguna porque, como dice Mellado en su artículo, “no sabía nada”. Para completar el cuadro de un dirigente superado por los acontecimientos o puenteado por su policía, el diputado Tomás García revela que Riverola se enteró por un periodista de que había un fallecido. Pese a ser el máximo responsable político, Enrique Riverola nunca fue reprobado por lo que ocurrió en Málaga aquel 4 de diciembre, sino que fue rápidamente nombrado director general de Correos y Telecomunicaciones. Nada se dijo tampoco de la actuación policial.
Los 23 diputados de la comisión de encuesta concluyeron que la “situación socioeconómica” de Málaga era la causa “remota y palpable” de lo que ocurrió. Diez de los 23 votaron (incluyendo los de PSOE y PCE) contra la segunda conclusión, que declaraba que había que “tener en cuenta” que, cuando pidió que sólo se llevaran banderas andaluzas, la propia organización de la manifestación había exaltado a los ultra-derechistas, y que los organizadores habían fallado en garantizar el orden. La tercera conclusión es que no había un responsable político de lo que pasó. PSOE y PCE presentaron un voto particular, exigiendo la responsabilidad de Riverola y el presidente de la Diputación, Francisco Cabezas.
Sí hubo unanimidad en declarar la “suficiencia” de la investigación parlamentaria de los sucesos de Málaga.
