Medio centenar de organizaciones exigen a PSOE y Unidas Podemos indultar al joven condenado por 'Rodea el Congreso' al cumplir dos años en prisión

Francisco Molero cumple dos años en la cárcel este sábado 30 de mayo. El joven de la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos fue condenado en octubre de 2015 a cinco años y un día de prisión y una multa de 16.000 euros por atentado a la autoridad y lesiones a tres policías durante la movilización 'Rodea el Congreso', que tuvo lugar en Madrid el 25 de abril de 2013. Ahora, más de medio centenar de organizaciones y grupos de apoyo están haciendo una campaña para pedir nuevamente su indulto tras pasar “dos años injustamente en prisión”.

La campaña, que discurre paralela a una de crowdfuding que recauda dinero para abonar la multa y que lleva acumulados cerca de 10.000 euros, exige al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos el indulto para Molero “y su salida inmediata de prisión”, así como “la reparación de los daños causados” a él y a su familia “por los sucesivos procedimientos judiciales injustos” que han vivido, incluido el fallecimiento del padre de Molero el pasado mes de febrero. “Nada podrá reparar vivir la muerte de su padre en prisión”, dicen quienes le apoyan, pidiendo también “el reembolso de la multa de 17.370 euros, que supone un esfuerzo económico muy importante para una familia humilde”.

El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, señala a eldiario.es Andalucía que siguen defendiendo la “inocencia absoluta” de Francisco porque “seguimos pensando que es una barbaridad que un joven como él esté preso, y más aún con la que está cayendo a todos los niveles de impunidad política, que esa sí que es peligrosa para la sociedad”, lamentando que haya “un defensor de los derechos humanos en prisión” e insistiendo en su u indulto y en “que haya justicia”.

Testimonios policiales

A juicio de Reina, el proceso judicial de Molero “fue totalmente parcial, plagado de errores y de falsas acusaciones policiales”, comentando que “los testimonios policiales no son tanto de fiar como decían”, en alusion a la manipulación por parte de la Guardia Civil de la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M, como ha informado en exclusiva este medio este miércoles. “La palabra de un policía no debe tener más veracidad sobre la presunción de inocencia de un manifestante, más con el barullo que había y en una una situación que podía condunir a cualquiera”, señala Reina.

Molero ha sido recientemente condenado en otra causa, precisamente en febrero. La autodenominada “expropiación de alimentos” de 2012 en un Mercadona se saldó con condena unánime a 20 personas por robo con violencia, entre ellas el malagueño, que fue uno de los 15 que el primer día del juicio reconocieron el robo con violencia del que venían siendo acusados y aceptaron la condena, conmutable con la mencionada pena de multa, de 12 meses con cuota diaria de dos euros. Cabe recordar que Fiscalía y la acusación particular de Mercadona pedían año y medio de cárcel para cada uno de los 20 acusados.

“Fran Molero lleva 2 años en prisión por su activismo y por defender los derechos y dignidad de todos y todas, especialmente de los sectores más vulnerables de la población contra los que la crisis de 2008 más se cebó”, argumenta la red de apoyo, que considera a Molero uno de los “elegidos para dar ejemplo al resto de la población de lo que te puede ocurrir cuando luchas por defender los derechos”.

El de Molero, al menos, es el único caso que ha sido juzgado y condenado entre los detenidos en los altercados que siguieron a la protesta de aquel 25 de abril. La sentencia concluyó que él fue el autor de tres pedradas que provocaron las lesiones a tres policías pertenecientes, los tres, a la Unidad de Intervención Policial de Vigo desplazados a Madrid. Le identificaron, según consta en la sentencia, porque “vestía de oscuro” y se subía y bajaba un pañuelo palestino mientras tiraba piedras, que antes había recogido, roto y apilado. Según la resolución que le condenó, era él “sin margen de duda alguna ni de error”. Él siempre ha defendido que es inocente.

“Un preso político andaluz”

El joven aceptó en principio una abogada de oficio, que durante la instrucción no presentó ningún escrito. Su defensa durante el juicio al que fue sometido en el juzgado de lo penal número 25 de Madrid (luego confirmada por la Audiencia Provincial) fue inexistente. No se defendió durante la fase de instrucción y en el juicio no aportó ninguna prueba. Tampoco recurrió el auto judicial que transformó la instrucción por desórdenes en una instrucción por atentado a la autoridad y delito de lesiones a tres agentes.

Ya durante el juicio, la abogada fue sustituida pero su nueva defensa presentó un incidente de nulidad ante el órgano equivocado. Después, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron valorar su caso. La tramitación del indulto fue el último eslabón de una cadena de situaciones anómalas. Aunque constaba denegado en una diligencia del 17 de abril de 2017, el expediente del Ministerio de Justicia (incluyendo el informe del tribunal sentenciador) se extravió y los abogados nunca llegaron a verlo.

Según explica Reina, se están haciendo las gestiones para su indulto por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos “aunque más allá de los gobiernos que estén está la justicia entre comillas sigue siendo la que es y los tribunales siguen siendo en su mayoría son los mismos”. “Ojala que ahora se reconsidere la postura y tengan en cuenta que hay un preso político andaluz que se llama Francisco Molero y que está injustamente preso”, concluye el líder del SAT.